La fiscalía desarticula otra trama corrupta del Gobierno valenciano

Al menos 14 personas fueron detenidas ayer en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de nueve millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autónomo. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la Dirección General de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social. La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 14 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Blasco, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas “de forma impecable” y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error”.

La trama habría saqueado cerca de nueve millones de euros en 2008 y 2009

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y solo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en su declaración, respondió que es “un hombre honesto”.

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado, sobre la utilización de dos ayudas a proyectos en Nicaragua para comprar unos entresuelos.

Carrasco estaba sopesando esperar o no hasta después de los días festivos de Fallas para evitar que hubiese un vacío en la operación que tenía prevista. Finalmente, se decidió por adelantarla. La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está en una fase más preliminar, indicaron fuentes jurídicas.

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.