El expresidente de los enfermeros de Castellón distrajo 244.000 euros

Un acuerdo alcanzado entre el ministerio fiscal y las partes llevó ayer a que el juicio al expresidente del Colegio de Enfermería de Castellón, Marcial López, acabara con una sentencia firme. López ha sido condenado por la apropiación indebida de algo más de 244.000 euros, tal como él mismo reconoció pero que, en cualquier caso, no devolverá ya que el propio colegio desistió de reclamar dicha cantidad. La condena, dictada in voce, le impone una pena de 11 meses de prisión, que tampoco cumplirá al no tener antecedentes penales, y que será sustituida por una multa de seis euros diarios por el mismo tiempo de la condena, es decir, menos de 2.000 euros. La denuncia se remonta a hace 11 años, por lo que se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. Las otras cuatro personas imputadas en la misma causa fueron absueltas.

López estaba acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos por los que, en un principio, el fiscal pedía penas de entre uno y siete años de cárcel y una indemnización de más de 465.000 euros por el presunto desfalco.

Tras el acuerdo, el fiscal modificó su escrito y sostuvo que, entre 1995 y 1999, Marcial López "mediante multitud de gastos, de los que no constaba justificación documental, así como otros de los que no constaba igualmente autorización colegial, logró hacer suyos un total de 244.361 euros". "¿Reconoce usted los hechos?", le preguntó el fiscal. "Sí", contestó López. Según el mismo escrito del fiscal, el expresidente del Colegio de Enfermería, "para llevar a cabo su propósito predatorio", se valió en ocasiones de otros miembros de la junta que firmaron cheques en blanco puesto que creían que iban destinados a fines propios del colegio "y por tanto con absoluto desconocimiento del propósito predatorio del acusado".

El fiscal explicó que la cantidad no será requerida al condenado puesto que el perjudicado, el Colegio de Enfermería, se retiró de la causa hace un año a través de un escrito "en el que renunciaba al ejercicio de acciones penales y civiles sin reclamar por ningún concepto". Esta institución dijo en su día haberse apartado de la acusación por el elevado coste que, durante 11 años, ha tenido que soportar por el pago a sus letrados.