El Gobierno del PP en Baleares desactiva en el juicio su acusación contra Matas

La letrada de la Abogacía del Gobierno de Baleares María Ángeles González Amate, que ejerce la acusación particular, apenas interviene en el juicio del caso Palma Arena, que ayer volvió a analizar supuestos pagos ilegales a Antonio Alemany, el periodista que redactó los discursos de Jaume Matas cobrando a través de una empresa de publicidad interpuesta. En los cuatro días de sesiones, en los turnos de interrogatorios a imputados y testigos, la representante del Gobierno balear solo ha planteado algunas cuestiones sobre detalles menores.

El nuevo Ejecutivo del PP decidió mantener la personación en las causas penales que aluden a ex altos cargos y militantes del partido. Pero la orden fue “no tomar la iniciativa”. En la vista, la actuación en defensa de los interes generales de la autonomía parece testimonial.

En el caso se juzga al expresidente de Baleares Jaume Matas, al autor de sus discursos, el excolumnista de El Mundo Antonio Alemany, más dos ex altos cargos, una funcionaria y un empresario, y se dirime un caso de manual de supuesta corrupción política. El periodista, que hacía los discursos de Matas y luego los ensalzaba en sus artículos de El Mundo, y sus empresas ingresaron 480.000 euros del Gobierno balear en cuatro años.

Tras el cambio político de mayo de 2011, la jefatura de la Abogacía de la Comunidad dejó de estar en manos de un jurista, Pere Aguiló, y en su lugar se nombró a la que era diputada del PP y letrada del cuerpo Antonia Perelló. La abogada autonómica María Ángeles Berrocal, que intervenía activamente en las causas penales de corrupción y conocía los intríngulis de los sumarios, quedó apartada.

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la instrucción con la Abogacía de Baleares, define el rumbo de la vista. En algún momento, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach han preparado la estrategia de los interrogatorios con la abogada autonómica González Amate, aunque esta la mayoría de veces deja pasar su turno. En la causa se abordan delitos en el ámbito de la Administración Pública, supuesta malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y mercantil, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

En la sesión de ayer, Gina Garcías, ex directora general de Comunicación del Gobierno balear del PSOE, aseguró que “no existe ningún documento que acredite” la realización de unos trabajos periodísticos de Antonio Alemany por los que cobró 12.000 euros. Fue un supuesto pago extra que Matas decidió abonar a Alemany tras el contrato con la agencia de publicidad Nimbus. El redactor de los discursos de Matas, teóricamente, realizó cuatro publirreportajes deportivos, cuya publicación y facturas de inserción no se han hallado en el archivo del Gobierno. Garcías dijo que Alemany cobró “diez veces más que el precio habitual”.

Por otra parte, en la sala del juicio queda en evidencia la poca unidad del gabinete de Presidencia de Jaume Matas.