Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al “reconocimiento” de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante —es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones— el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un “reconocimiento” jurídico como “asimiladas a fuera de ordenamiento”. El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas

Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. “El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación”.

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un “error” la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que “no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto”. Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas “van a seguir siendo ilegales”.