Recortes sin consenso
La lucha contra la pobreza puede resultar un instrumento muy útil de política exterior
Los recortes anunciados por el nuevo Gobierno y la promesa de que son solo el principio de un mayor esfuerzo fiscal no son la mejor noticia para iniciar el año. Que el Ministerio de Exteriores y Cooperación sea uno de los más afectados (con más de 1.000 millones de euros), justo en un momento donde es tan relevante no mermar nuestra capacidad de acción exterior, es una decisión cuestionable. Si la política exterior española no ha sido prioritaria, esta medida no viene sino a empeorar nuestra proyección en el mundo y posición en el desenlace de esta crisis internacional. Con menos recursos habrá aún menos visibilidad y tendremos menos criterio y voz en los temas globales como la lucha contra el cambio climático y el nuevo orden internacional.
Todavía no tenemos la información suficiente para valorar el impacto de las nuevas medidas adoptadas por el nuevo ministro. Sin embargo, no resulta difícil adivinar dónde van a concentrarse la mayoría de esos recortes. La cooperación al desarrollo será sin duda la gran protagonista, desbordada de principios para unos (PSOE) y desprovista de intereses para otros (PP). La enorme carga ideológica ha impedido el consenso necesario para cumplir con el objetivo común de convertirla en una política de Estado y, ante el primer pulso de superposición de intereses económicos, ha perdido. Confrontar principios con intereses, en vez de alinearlos hacia un mismo objetivo, ha sido una gran equivocación y suficiente motivo para que el nuevo Gobierno se viera legitimado al cambio.
No obstante, la política de lucha contra la pobreza puede resultar un instrumento muy útil para la política exterior, y así ha sido capaz de verlo el Gobierno conservador de David Cameron. A pesar del relevo político, Reino Unido, donante de referencia en la ayuda oficial al desarrollo, ha dado continuidad a su política de cooperación mientras reducía su presupuesto en defensa. Otros países como Alemania, Países Bajos y Suecia prestan también especial atención a las facetas de la política exterior con mayor impacto en los países en desarrollo, a la vez que consiguen una mayor promoción de su presencia global.
España, por el contrario, carece de visión identitaria y estratégica para conseguir mejores niveles de calidad de la ayuda y para maximizar su impacto en el desarrollo. Sin posicionamientos claros en los distintos foros que configuran la comunidad internacional no puede fortalecer su presencia con perfil propio y dejar atrás el papel irrelevante que le otorgan los bandazos que los distintos cambios de Gobierno provocan. Sin una política pública de continuidad y mínimamente sostenible se hacen menos relevantes los argumentos de racionalización del gasto o cualquier otro criterio urgente que pueda aplicarse en estos tiempos de crisis. Sin consenso el retroceso es inevitable. Y lo cierto es que ni el Gobierno saliente ni el entrante han pactado líneas rojas que lo eviten. Ni tan siquiera la sociedad civil con un pacto de lucha contra la pobreza, promovido desde la Coordinadora Nacional de ONGD entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, ha podido consolidar los avances y evitar el cambio de rumbo.
Sin duda, la respuesta está en la construcción de una política pública de desarrollo internacional, integrada en la política exterior, que dote al país de presencia global y que logre un mayor impacto en el desarrollo. Para ello es necesario que el Gobierno, en vez de rebajar el perfil económico y político de nuestra acción exterior, adapte la arquitectura institucional a la realidad nacional e internacional y evite recurrir a fórmulas del pasado. La decisión del último Consejo de Ministros que modifica de nuevo la estructura del MAEC, fusionando la Secretaría de Cooperación Internacional con la de Iberoamérica, supone un nuevo bandazo en el que priman las preferencias de un Gobierno sobre las necesidades del contexto internacional.
Kattya Cascante es analista de la Fundación Alternativas.
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