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El expresidente de Emarsa ingresó 360.000 euros desde Suiza

El juez amplía las imputaciones a 28 personas y añade delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental.

"Deberá ser investigado". Eso es lo que dice el juez que instruye el caso Emarsa del ingreso de 360.000 euros, procedentes de Suiza e ingresados en la cuenta del que fue presidente de la entidad pública Emarsa, el actual vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. Esta entrada de divisas se realizó desde el país helvético a una cuenta de Crespo en Bankia, el pasado agosto.

El llamado caso Emarsa, que investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha acumulado una denuncia de Fiscalía tras un informe de Hacienda donde se reflejan una serie de irregularidades.

Hacienda no solo ha detectado este ingreso sino que ha calculado en cerca de 2,5 millones de euros el dinero defraudado a las arcas públicas en relación al IVA entre los años 2006 y 2009.

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha dictado un extenso auto en el que relata el método que presuntamente utilizaba el entramado societario para sostener el fraude. Por ello, el juez no solo amplía el llamado caso Emarsa hasta un total de 28 personas, sino que también amplía los delitos por los que deben ser investigados y que, de momento, se les imputan: cuatro delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental.

En el auto, el juez ordena que se proceda a la “averiguación exhaustiva” del patrimonio de todos los imputados, así como del patrimonio de las sociedades implicadas en el caso. Pero además, extiende esa investigación a “los familiares más allegados de los imputados (cónyuges, padre y hermanos) con el fin de averiguar si los efectos de los delitos han llegado a los mismos con el consiguiente enriquecimiento injusto a costa del patrimonio de los diferentes entes públicos perjudicados por estos hechos”. El juez destaca en el auto el patrimonio que se ha detectado inicialmente a algunos de los imputados.

En el caso de Sebastián García Martínez, el proveedor de productos informáticos de Emarsa que actuaba al mismo tiempo como jefe de informática de la sociedad pública, Hacienda ha detectado que disponía de un Porsche Cayenne, un Jaguar S Type, un Audi A5, un Mercedes B/SL y un Minicooper S Cabrio, si bien ninguno de “dichos vehículos figuran ya como titularidad del imputado”, por lo que el instructor considera que existen “indicios suficientes” de que ha desviado los beneficios presuntamente ilícitos hacia tercersa personas.