Los municipios ingresarán 918 millones más con la subida del IBI

El incremento medio para los afectados será de unos 37 euros

Los propietarios de unos 25 millones de inmuebles tendrán que pagar una media de 37 euros más en el IBI en 2012, en una medida que trata de aliviar la “grave” situación financiera de los Ayuntamientos, según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El incremento del impuesto de bienes inmuebles planteado por el Gobierno, de forma “transitoria y excepcional” durante 2012 y 2013, permitirá a los municipios, que son los que recaudan este impuesto, ingresar 918 millones anuales más por este concepto.

El cálculo de cómo afecta a cada propietario es complejo, ya que va a depender por un lado del valor catastral (en relación con la media de cada municipio) y a cuándo se ha realizado la última revisión de ese valor (lo que supone un incremento que varía del 4% al 10%). La medida afecta a 7.585 de los 8.116 municipios que hay en España.

Montoro explicó que se exime de la subida a la mitad de las viviendas de cada Ayuntamiento: las que tengan menor valor que la media, al entender que sus propietarios suelen ser los ciudadanos que disponen de menor renta y patrimonio.

Por ejemplo, una vivienda con valor de mercado de 150.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 150 euros de media. Con la subida del 10% pasaría a pagar 165 euros. Pero si la revisión catastral se hubiese producido en los últimos tres años, la subida sería menor, del 4%, por lo que pasaría a pagar seis euros más. Este es el caso de Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles. En todo caso, el 72% de los inmuebles afectados tendrá una subida del 10%.

Si el valor catastral se hubiese revisado entre 2003 y 2005, el incremento del impuesto sería del 6%, por lo que tomando el ejemplo anterior, el recibo subiría nueve euros (ver gráfico).

El Gobierno habla de precios de mercado, pero en realidad el IBI se calcula en cada municipio en función del valor catastral, y puede tener moratorias en la actualización, por lo que habrá que esperar a que se traduzca para cada Ayuntamiento concreto.

Excepciones

El Ejecutivo toma como referencia la diferencia media entre el valor catastral y el precio de mercado (que ha bajado mucho en los últimos años) por lo que exime del incremento del IBI a los municipios en los que se hayan revisado los valores catastrales entre 2006 y 2008, cuando los precios estaban más altos.

Se supone que en esos casi 1.500 municipios el valor catastral se sitúa entre el 60% y el 70% del precio de mercado. Por el contrario, donde no se revisa el valor catastral desde hace más de una década se supone que este corresponde a menos del 30% del precio de mercado.

Este impuesto grava no solo las viviendas, sino también los aparcamientos, los suelos urbanos y las fincas rústicas, pero según la información proporcionada por el Ejecutivo solo contempla exenciones a la subida en viviendas. Los cálculos suministrados hablan de 25 millones de inmuebles afectados por la subida, cuando el parque de viviendas en 2010, según los datos del Ministerio de Fomento, asciende a casi 26 millones.

La complicación que supone la subida del IBI fue destacada ayer por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich Rosellse, quien se mostró sorprendido por la decisión debido a la “complejidad” que tiene la gestión del IBI, dadas las diferencias existentes en la gestión de ese impuesto en los distintos municipios.

El argumento del Gobierno es que trata de incrementar los recursos financieros de las corporaciones locales para que “no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria”, viéndose obligados a endeudarse más para mantener sus servicios.

Pero complejos o simples, los ingresos extra son bienvenidos aunque supongan “un sacrificio para muchas familias”, como admitió el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. “Este tipo de iniciativas desvelan la preocupación del equipo económico de [Mariano] Rajoy por la delicada situación económica que atraviesan muchas Administraciones Públicas y, particularmente, los entes locales”, dijo Zoido.

Por otro lado, el recorte de 1.614 millones de euros decidido por el Gobierno para el Ministerio de Fomento para el año 2012 supone que no está disponible algo más de un 25% del presupuesto prorrogado. El portavoz socialista Rafael Simancas criticó que ese “tijeretazo” provocará “la paralización de importantes obras públicas en marcha, la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo y un serio retroceso para la competitividad de la economía española”. “Estos 1614 millones constituyen, por ejemplo, la práctica totalidad de la inversión prevista para la construcción de carreteras en 2012”.

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