3.500 espías ‘se mudan’ a La Moncloa

La adscripción del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a La Moncloa era una antigua aspiración de los responsables del espionaje español. No tenía sentido, alegaban, mantener en Defensa un servicio que hace tiempo que dejó de ser militar y que trabaja para ministerios distintos como Interior, Asuntos Exteriores o Economía. Además, el CNI colgaba orgánicamente —a efectos de presupuestos y personal— de Defensa; pero funcionalmente —para el cumplimiento de sus misiones— dependía del presidente del Gobierno. Por último, los objetivos del CNI los aprueba la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que preside la vicepresidenta; y su director despacha regularmente con el Rey. Mudarse a La Moncloa garantiza una mayor proximidad a quien manda y, por tanto, mayor influencia.

Todos los Gobiernos de la democracia se habían resistido, sin embargo, a dar este paso. Desde la creación del Cesid —antecesor del CNI— en 1977, los espías han estado siempre en Defensa; aunque su ley reguladora, de 2002, facultó al presidente a cambiar su adscripción por decreto, lo que Rajoy ha hecho ahora. Si nadie lo hizo antes es porque los ministros de Defensa se negaban —Pedro Morenés se ha quedado sin el CNI antes de tomar posesión— y por temor a que cualquier escándalo de los servicios secretos salpicara a la cúspide del poder político. Defensa serviría así de eficaz cortafuegos.

Desde ayer, los 3.500 espías y los 228 millones de euros del presupuesto del CNI (incluida una partida de 17,8 millones de fondos reservados) están en las manos de Soraya Sáenz de Santamaría. Una enorme concentración de poder. Y de riesgo.