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Marbella urge el pago inmediato

La regidora Ángeles Muñoz (PP) empleará las indemnizaciones para pagar la deuda del GIL

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La regidora Ángeles Muñoz (PP).

Marbella ha recibido con buena cara las indemnizaciones fijadas por el tribunal del caso Minutas, aunque sus gobernantes, acostumbrados a la lentitud de la justicia, dejan las celebraciones a un lado y se centran en reclamar que el dinero llegue pronto.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), pidió ayer que las indemnizaciones se ejecuten lo antes posible para poder reducir la deuda heredada de los 15 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y que gira en torno a los 410 millones. “Cuando empezamos a gobernar en Marbella, en 2007, nos propusimos recuperar todo el patrimonio perdido”, explicó Muñoz. “Ahora, tenemos que hacer frente a la deuda multimillonaria que nos dejaron”.

La regidora se ha comprometido a emplear todos los bienes y el dinero que los servicios jurídicos recuperen en los múltiples frentes judiciales abiertos en restar deuda. Una de las losas más pesadas la constituyen los 300 millones que adeudan a la Seguridad Social y a Hacienda, y cuyos intereses se llevan más de un millón de euros al mes, según fuentes municipales.

“Nuestro objetivo es que se vayan cerrando las causas judiciales abiertas para poder hablar de futuro y no seguir recordando constantemente el pasado”, aseguró Muñoz.

La sentencia del caso Minutas condena al exregidor gilista Julián Muñoz a indemnizar al Ayuntamiento marbellí con más de tres millones de euros, mientras que el abogado José María del Nido debe resarcirles con 2,78 millones.

El equipo de gobierno marbellí calcula que la ciudad podría recibir unos 100 millones de euros por las sentencias judiciales hasta ahora firmes en favor del Consistorio. Los abogados municipales mantienen bloqueadas más de 40 propiedades inmobiliarias, entre las que hay grandes fincas, viviendas, locales comerciales o garajes, y han recuperado un millón de euros en efectivo. Por procedimientos del Tribunal de Cuentas hay embargadas propiedades que buscan garantizar el cobro de más de 11 millones.