Una sesión de investidura para las malas noticias

Mariano Rajoy sube este lunes a la tribuna del Congreso de los Diputados para ser investido el sexto presidente del Gobierno de la actual etapa democrática. Lo hace tras un mes de consultas en su despacho, en su casa o en foros europeos. El futuro presidente se ha reunido en este tiempo varias veces con Zapatero para conocer la situación real que encontrará al tomar posesión de su cargo; con destacados banqueros para conocer sus soluciones a los problemas mayúsculos del sector financiero; con su propio equipo de ministrables para analizar las medidas más urgentes que hay que adoptar en los primeros días de Gobierno; con dirigentes internacionales para decidir los movimientos estratégicos en el escenario europeo, con sindicatos y con empresarios para avanzar en la reforma laboral que considera prioritaria.

Con esos antecedentes, Rajoy llega al Congreso obsesionado con la crisis, que tiene múltiples variables, todas ellas negativas: la amenaza de estancamiento de la economía (el último trimestre del año se quedó varada en el 0,8% y las previsiones no son mejores), el aumento del paro (22%, según la última EPA), el déficit público descontrolado (el PP desconfía de las previsiones del Gobierno socialista de situarlo en el 6% a final de año y teme que se dispare hasta el 7%, lo que obligará a mayores recortes de gasto público en 2012), los ingresos fiscales desplomados y las deudas de las administraciones disparadas.

Por eso, Rajoy salió del encuentro protocolario con el Rey Juan Carlos del pasado jueves pidiendo a los ciudadanos comprensión ante las medidas “no gratas” que va a tomar en sus primeros días de Gobierno.

Con estos mimbres, se anuncia una sesión de investidura de malas noticias: nuevos recortes para cumplir con los objetivos del déficit, reformas legales para aumentar la competitividad a cambio de que los trabajadores cobren menos y los despedidos tengan aún menos indemnización, congelación de inversiones previstas, obras paradas o aplazadas, reducción de la partida para abonar prestaciones por desempleo… Lo que sigue es una guía lógica del programa de Gobierno que esbozará Mariano Rajoy, tras un mes de silencio casi absoluto, en función de sus escasas palabras y las promesas que llevó a la campaña electoral del 20-N.

GASTO PÚBLICO

Rajoy anunciará la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla la reforma constitucional express que aprobó el Congreso hace tres meses para garantizar que las administraciones españolas no superarán nunca el déficit del 0,4% a partir de 2020. El futuro presidente quiere dar la sensación de firmeza ante Europa y se comprometerá a cumplir con el déficit del 4,4% comprometido para 2012. Así rechazará la idea del líder de la oposición de amortiguar la reducción del déficit en un plazo más largo -"las dietas de adelgazamiento excesivas producen anorexia", señaló Rubalcaba- para disponer de dinero con el que aplicar planes de inversión que sirvan de estímulo a la economía. Sin ese aplazamiento, Rajoy está obligado a un duro programa de recorte del gasto público que pasará, según han avanzado ya, por aplazar algunas obras públicas que consumen miles de millones de euros.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

El PP confía en reducir la factura de prestaciones por desempleo, no tanto porque se reduzca el número de parados como por el hecho de que cientos de miles de parados habrán agotado en 2012 el subsidio que les correspondía. En febrero, Rajoy debe decidir si prorroga otros seis meses el plan Prepara, una ayuda de 400 euros para parados en formación que han terminado su prestación por desempleo. Este plan supone un coste de 240 millones de euros al semestre.

REFORMA LABORAL

La simplificación de contratos y una nueva normativa sobre negociación colectiva son dos temas prioritarios para Mariano Rajoy. Con estas reformas pretende abaratar los costes laborales para los empresarios y permitir negociaciones colectivas que supongan salarios inferiores a los que rigen actualmente al imponer la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales o provinciales.

EL BANCO MALO

Los bancos españoles tienen entre sus activos, suelo o viviendas por un supuesto valor de 176.000 millones de euros que, debido a la crisis y al parón en el sector inmobiliario, se han convertido en lo que se denomina “activos tóxicos”. El PP incluyó en su programa electoral un anuncio poco claro sobre lo posibilidad de crear un banco malo al que irían todos esos activos tóxicos: "Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras". Esa propuesta generó inquietud en el PSOE, que acusó a Rajoy de querer pagar con dinero público, el crack inmobiliario que daña a los bancos.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

El Ministerio de Fomento tuvo que paralizar la adjudicación de obras en dos tramos del AVE a Galicia (200 millones de euros) por expresa petición del PP en las reuniones para el traspaso de poderes. Este aplazamiento puede sumarse a otros de obras previstas en breve (800 millones de euros para nuevos tramos de la misma infraestructura ferroviaria).

FUNCIONARIOS Y PENSIONES

Rajoy tendrá que decidir en sus primeros días de presidente qué hacer con las pensiones –prometió subirlas durante la campaña, donde descalificó con especial dureza al PSOE por congelarlas en 2011- y con los sueldos de los funcionarios, rebajados desde 2010, y congelados con el recorte en 2011. Mientras que algunas autonomías han aprobado nuevas mermas salariales para los funcionarios, parece que Mariano Rajoy se contentará con mantener la congelación de 2011.

OTRAS DECISIONES ESTRATÉGICAS

Mariano Rajoy presentará en las próximas horas una estructura de Gobierno que garantice la austeridad, para lo que adelgazará la administración central con menos ministerios (se prevé que suprima el de Cultura, para englobarlo en el de Presidencia, o fusione los de Interior y Justicia…).

Sobre los nombramientos (cientos en los próximos días), algunos de los nuevos gestores de la administración que presida Rajoy tendrán ante sí decisiones especialmente delicadas y urgentes. El nuevo fiscal general del Estado deberá decidir sobre si se pide o no la imputación de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey; si mantiene la oposición a los procesos abiertos al juez Baltasar Garzón; si apoyan las imputaciones al que ya será ex ministro José Blanco; si continúa la línea seguida hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel que afecta a dos decenas de cargos y ex altos cargos del PP.

El nuevo ministro del Interior tendrá que gestionar la presión de la izquierda abertzale y de los presos de ETA por flexibilizar la política penitenciaria. El nuevo responsable de Cultura deberá resolver el reglamento sobre las descargas ilegales en Internet. En Sanidad deberán tramitar, o no, la reforma de la Ley del Aborto que defendió Rajoy.

Deberes complejos y controvertidos sobre los que el futuro presidente del Gobierno apenas dará pistas en su discurso de este lunes. La economía, es lo primero…y lo único.