Familiares de víctimas reclaman al nuevo Congreso que condene el franquismo

Medio centenar de personas, miembros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, se han concentrado hoy frente al Congreso para reclamar a los nuevos diputados que hagan en el hemiciclo una condena de los crímenes cometidos por Franco. “Han pasado 36 años desde que se murió, y yo creo que ya es hora”, ha remachado Julián Rebollo, portavoz. “Ni el Parlamento ni ningún Gobierno ha condenado nunca la sublevación franquista ni la dictadura”.

La plataforma ha entregado a todos los grupos parlamentarios y al nuevo presidente del Congreso, Jesús Posada, un documento con sus reivindicaciones para la legislatura, entre ellas, que se cree “una comisión de la verdad para dar justicia y reparación a las víctimas del franquismo”, que se anulen todas las condenas emanadas de Consejos de Guerra, que el Gobierno asuma las tareas de localización y exhumación de los fusilados enterrados en cunetas y que se instaure un Día oficial de la memoria histórica.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e IU-ICV pidieron el pasado julio al presidente del Congreso, entonces, el socialista José Bono, que aprovecharan un pleno extraordinario para condenar el franquismo coincidiendo con el 75 aniversario del alzamiento militar que supuso el inicio de la Guerra Civil. Los colectivos de víctimas han reclamado insistentemente un “acto de reparación” a los que sufrieron la represión. Se quejan de que no han recibido “el mismo trato” que las víctimas de otras violencias.

Actos en defensa de Garzón

El documento entregado hoy a los grupos incluye una defensa del juez Baltasar Garzón, imputado por abrir una investigación contra los crímenes del franquismo. “Su procesamiento es una prueba de que el franquismo subsiste todavía en algunas instituciones”, asegura Rebollo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha enviado un escrito al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por el que solicita autorización para tomar imágenes y retransmitir a través de su página web el juicio contra Garzón, previsto para el próximo 24 de enero.

Es la segunda vez que lo solicitan en menos de un año. Todavía no han obtenido respuesta. El colectivo alega “el derecho a la información, la transparencia, el interés general y en concreto, el de los familiares de los 113.000 hombres y mujeres que fueron ilegalmente detenidos, torturados, asesinados y cuyos cadáveres se encuentran todavía ocultos en fosas comunes”.