Mandos de la Armada intentaron tapar un escándalo de acoso sexual

Durante casi un mes, los máximos responsables de la Armada intentaron evitarlo, pero, al final, les ha estallado entre las manos: un escándalo de abuso de poder y acoso sexual en el propio cuartel general de la Marina de Guerra española.

El acusado es un teniente de complemento, I. E. M., que ocupa un puesto clave: secretario del director de Asuntos Económicos. Las víctimas: hasta media decena de infantes de Marina y marineros que fueron objeto de chantaje y amenazas para que accedieran a sus requerimientos sexuales. Los salpicados: altos mandos militares, empezando por el asesor jurídico del jefe de la Armada, el general auditor Ángel Montero, quien movido por el propósito de actuar con “prudencia y discreción”, según sus palabras, cometió quizá la imprudencia de reunirse durante horas con el principal implicado sin reclamar que se investigaran unos hechos presuntamente delictivos.

La historia se inicia a principios de septiembre, cuando el teniente I. E. M. destituye a B., uno de los infantes de Marina a sus órdenes, alegando una supuesta desobediencia. B. redacta un parte, de cinco folios, en el que da cuenta de lo sucedido meses antes en un viaje oficial a Ferrol, donde el teniente le presionó para que accediera a sus pretensiones sexuales. Como prueba, B. acompañó el escrito de numerosos mensajes de móvil.

Entre el 8 y el 18 de septiembre, el general Montero recibe en su despacho, casi cada día, al teniente I. E. M. En algunas reuniones participa también el segundo jefe de la Armada, almirante Fernando García Sánchez, así como otros altos mandos.

Según ha declarado el teniente ante el juez, el general Montero le dijo “que no estuviera preocupado porque [el escrito del soldado] estaba sin firmar y por ahora no se podía considerar un parte” de denuncia. También le aseguró que, si “el declarante [el teniente] accedía a cambiar de destino, [el general] se comprometía a que el soldado no firmara ese parte militar [de denuncia de acoso sexual]”.

“El general dijo que no me preocupase porque el parte estaba sin firmar”

El teniente agrega que le preguntó al general “si sería conveniente que contratara un abogado y éste le dijo que era una cuestión primero particular entre personas, segundo no militar y tercero, que no hacía falta porque él entendía y el Ajema [el máximo jefe de la Armada] también que el tema se resolvería internamente”. Incluso, siempre según el teniente, el general le convenció para que no elevara un parte contra el soldado por la supuesta desobediencia y, a cambio, él “intentaría que este no presentara parte [por acoso sexual], porque los hechos que le imputaba el soldado eran muy graves y le pondrían en una situación disciplinaria difícil”.

“Él y el jefe de la Armada creían que el tema se resolvería internamente”

El general Montero sostiene que jamás se comprometió a que el soldado no firmara el parte y mucho menos la denuncia judicial. Eso sí, advirtió al coronel de Infantería de Marina del que dependía B. que llevar a los tribunales una denuncia por delito sexual supone un vía crucis, incluso para el denunciante.

En todo caso, agrega el general, al tratarse de un delito que afecta a la intimidad de las personas, aunque perseguible de oficio, correspondía en exclusiva al soldado decidir si daba ese paso. Admite que la Armada podía haber abierto una investigación reservada para aclarar lo sucedido, pero sostiene que, dadas las características del caso, la vía penal era la apropiada.

En ese momento, el teniente contaba a su favor con el testimonio de otro infante de Marina, P., que también había acudido a Ferrol y negaba la versión de su compañero. Pero el 22 de septiembre pasado, según el teniente, el general le dijo que P. había cambiado de opinión e iba a ratificar lo dicho por B.

El 28 de septiembre, el general llamó de nuevo al teniente, a través de su teléfono oficial, para anunciarle que “al día siguiente, a las 9 horas, tanto el soldado B. como el soldado P. iban a interponer dos denuncias directamente ante el fiscal militar y le recomendaba, ahora sí, que buscara un abogado”. ¿Por qué le avisó? Según Montero, por lealtad, ya que hasta entonces le había recomendado lo contrario.

La investigación judicial ha destapado que no solo B. y P. sino varios soldados y marineros más fueron víctimas de las coacciones y abusos del teniente. Y que este empleó para usos privados personal y medios de la Armada, como coches oficiales. “Si entonces supiera lo que sé ahora, no habría aconsejado lo mismo”, admite el general Montero.