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La juez de los ERE señala a Griñán

Alaya investiga ayudas a 21 empresas concedidas por la Consejería de Empleo

Pide datos sobre la gestión del hoy presidente andaluz como consejero de Economía

Intenta reabrir de forma indirecta el llamado 'caso Matsa', que salpica a Manuel Chaves

Imputa a otro ex alto cargo

La juez de los ERE, Mercedes Alaya.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, denuncia “la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década” en la Junta y busca determinar la responsabilidad del presidente José Antonio Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía. La Junta de Andalucía ha negado en un comunicado que la investigación apunte a Griñán y ha afirmado que la juez se limita a "solicitar información requerida por la representación del PP".

Alaya, a solo cinco días de las elecciones y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, pide ahora a la agencia IDEA las autorizaciones concedidas por la Consejería de Economía para las “operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones” concedidas a 21 empresas y tramitadas por la Junta de Andalucía. La juez matiza que “por ahora” se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinará las ayudas concedidas desde las consejerías de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovación y Empresa.

Sobre este asunto, la Junta ha explicado que la supuesta obligación de una autorización por parte de la Consejería de Economía "no existe". La prescripción legal que se menciona no afecta a los cambios investigados, no afecta a la concesión de subvenciones, sino a las operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA.

En el auto notificado hoy a las partes llama la atención una petición concreta: “Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa” y las subvenciones que recibió de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabriría en cierto modo el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Asimismo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla, y a Antonio Fernández Garzón "como beneficiarios de una póliza suscrita con La Estrella para dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de Calderinox", en las que "el tomador es CCOO" y a pesar de que "ninguno de los dos había trabajado nunca para dicha empresa".

Además, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relación de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan Único del Gobierno central para la crisis de la Faja Pirítica andaluza. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representación del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podría incorporarlo a la causa antes, ya que en la época de la reconversión minera el PP ostentaba “el Gobierno de la Nación”.

Mientras, tras subrayar la juez cómo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista José Enrique Rosendo recibió 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o bien algún otro grupo empresarial “habían recibido de otras Consejerías otras subvenciones distintas de las de Empleo”. Ante las sospechas derivadas de la investigación, Alaya la extiende a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, “para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos”.