El lastre del dispendio

La crisis económica ha dejado al descubierto no solo la imposibilidad de sostener algunas infraestructuras autonómicas y municipales realizadas durante los años de euforia, sino también su rigurosa inutilidad. Obras como los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, el Estadio Olímpico de Sevilla o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, además de buena parte de los canales de televisión autonómicos, entre otras muchas, se han convertido en un lastre para los presupuestos de las diversas Administraciones de las que dependen. Los volúmenes de inversión han sido tan elevados que en circunstancias normales desaconsejarían un brusco abandono, a la espera de que se reactive la economía y algo pueda ser recuperado. Pero su más que dudosa utilidad hace inviable hipotecar al simple mantenimiento unos recursos cada vez más escasos.

Buen número de las infraestructuras sobre las que hoy planea la sombra del abandono y la ruina no eran viables desde su concepción y, sin embargo, se aprobaron, financiaron y ejecutaron con el apoyo de Gobiernos autónomos y municipales. Detrás de esta cadena de errores se encuentra uno de los equívocos que mejor resume la ligereza desde la que actuaron las Administraciones, y también los agentes económicos privados, durante los años previos a la crisis, y cuyas consecuencias se pagarán durante mucho tiempo. El espíritu emprendedor se confundió con el voluntarismo, con el agravante de que no fue desinteresado. Detrás de cada proyecto faraónico hubo beneficios en proporción, cuyos destinatarios fueron bolsillos privados.

La proliferación de infraestructuras de dudosa o nula utilidad deja constancia del aberrante modelo económico por el que se optó en España, quizá sin plena conciencia de estar haciéndolo. Más que inversiones capaces de modernizar la economía, estas infraestructuras que hoy parecen ballenas varadas fueron una extensión apenas disimulada de la cultura del ladrillo. Materializaron además una concepción del sistema autonómico y municipal que proliferó al amparo de la euforia que cebó la burbuja inmobiliaria: cada región, incluso cada provincia, debía disponer de todos los servicios por razones de prestigio, no en función de su utilidad. El caso más ilustrativo es el de los aeropuertos o las televisiones autonómicas, pero lo mismo podría decirse de polideportivos, centros de ocio e infraestructuras de naturaleza parecida, diseminados de punta a punta del país.