La fiscalía pide a la juez de los ERE que exija fianza a todos los intrusos

La Fiscalía Anticorrupción persigue que el dinero percibido ilegalmente por los intrusos (personas prejubiladas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) regrese a las arcas públicas. Para asegurarse de que estos fondos (unos 10 millones de euros, según cifró la Junta) son devueltos al Gobierno andaluz, el ministerio público ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscalía pide a la magistrada “la inmediata adopción de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas”.

Hasta ahora, en la causa solo hay una veintena de imputados, pero la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las pólizas. Probablemente, el número de intrusos crecerá. La procelosa investigación aún tiene por delante un largo recorrido, ya que la Guardia Civil examina ahora con lupa cada listado de prejubilados de las empresas subvencionadas.

La fiscalía reclama a la Consejería de Empleo que para determinar el importe exacto defraudado, le informe sobre si algún intruso ha devuelto el dinero. Hasta ahora, hay solo dos ejemplos: el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, que ha consignado ante notario los 110.000 euros que percibió ilegalmente, y Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén).

Además, Anticorrupción quiere saber si a la Junta le constan reclamaciones judiciales por los compromisos de pago, para determinar si además del delito de fraude de subvenciones, los intrusos podrían haber cometido estafa. Por último, el ministerio público solicita a Empleo las órdenes que emitió a las aseguradoras paralizando el pago de las prejubilaciones una vez que saltó el escándalo.

Póliza a Ruiz-Mateos

La fiscalía aclara que la petición de fianzas o embargos preventivos afecta también la familia Ruiz-Mateos a través de una deuda relacionada con su empresa Dhul, para lo que Empleo generó una póliza de 2,4 millones cuyo asegurado fue Álvaro Ruiz-Mateos. En este caso y otros dos, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero firmó dos pólizas para sus amigos Alejandro Millán y Rafael Ruiz para pagar deudas y solucionar conflictos laborales en las empresas FCC Medio Ambiente y Cespa. Tanto Millán como Ruiz están imputados por tráfico de influencias, malversación y prevaricación en su condición de extraneus al no ser funcionarios.

Al margen de los intrusos, la fiscalía ha puesto el acento en los numerosos empresarios que recibieron ayudas directas “que no reúnen ninguno de los requisitos exigibles” para las subvenciones que otorgó Empleo desde 2001 gracias al fondo para empresas en crisis. Anticorrupción avisa de que los empresarios, pero también Ayuntamientos, asociaciones y fundaciones que recibieron subvenciones, serán investigadas.