Un empresario admite que pagó a la trama de sobornos de Roca

El empresario burgalés Ismael Pérez Peña, hasta ahora un personaje secundario del caso Malaya, ha dado un verdadero vuelco al juicio sobre la gran trama de corrupción en Marbella (Málaga). Pérez Peña, empresario del sector del automóvil, admitió al inicio de la vista oral que pagó un total de 180.100 euros en septiembre de 2005 a la llamada caja única de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del saqueo marbellí a cambio de que se le adjudicara el servicio de retirada de vehículos de la vía pública previa subida de las tarifas de la grúa municipal.

El empresario también confesó que en enero de ese año entregó gratis a la entonces alcaldesa Marisol Yagüe cuatro vehículos: un Toyota RAV4, un Kia Sorento, un BMW 120 y un Lexus RX 300.

Han tenido que pasar 98 sesiones del juicio —que se inició el 27 de septiembre de 2010— para que alguno de los 95 procesados, admita haber cometido alguno de los delitos que le imputa el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. Sin embargo, Pérez Peña no ha hecho su confesión gratis. La declaración de culpabilidad es el fruto de un acuerdo de conformidad con la fiscalía por la que, a cambio de admitir su culpa, obtiene una sustanciosa rebaja en la condena. El empresario se enfrentaba a una petición fiscal de 11 años de prisión y multas que totalizaban 608.400 euros por delitos de cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y malversación de caudales.

Tras el pacto con el fiscal, Pérez Peña acepta que ha cometido los delitos, pero el fiscal solicita que se apliquen las penas en su grado más bajo y solo deberá pagar 222.500 euros. Los dos años y tres meses de cárcel que se le reclaman ahora son sustituibles por multas. El empresario, de 67 años, estuvo tres meses y medio en prisión preventiva tras su detención en la Operación Malaya en marzo de 2006.

Pérez Peña eludirá la prisión, pero su testimonio inculpatorio afecta a gran cantidad de procesados en la trama, empezando por el propio Roca, y da aún más fuerza a una de las pruebas principales: la contabilidad privada de Roca, en la que se consignó el pago de 180.100 euros del empresario. Se trata del primer empresario que admite haber pagado sobornos a la trama supuestamente encabezada por Roca.

Aunque la cantidad entregada a Roca por Pérez Peña —180.100 euros— es muy pequeña en comparación con las que, según el fiscal, le dieron promotores con grandes intereses inmobiliarios en Marbella, como Andrés Liétor, Carlos Sánchez, José Ávila Rojas o Jesús Ruiz Casado, que suman 33 millones, su confesión afecta a numerosos imputados, que deberán adaptar su estrategia de defensa. Entre ellos figuran las ex ediles Marisol Yagüe e Isabel García Marcos, los exempleados de Roca Óscar Benavente o Jaime Hachuel, o los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que gestionaba gran parte de las sociedades tras las que el exasesor urbanístico marbellí ocultaba su patrimonio.

El episodio más relevante de Pérez Peña en el caso Malaya ocurrió en enero de 2006, dos meses antes de que estallara la operación. Ese mes, el empresario, que durante los años del gilismo alquiló al Ayuntamiento de Marbella gran parte de los vehículos del parque móvil municipal, entre ellos los de la Policía Local, se reunió con Juan Antonio Roca en el hotel Villamagna de Madrid. El poderoso asesor urbanístico marbellí le solicitó un préstamo de tres millones de euros en dinero negro. Pérez Peña le convenció de que no disponía de tanto dinero en b y acordó con él dejarle dos millones.

El 30 de enero de 2006, según la fiscalía, Óscar Benavente y Jaime Hachuel, empleados de confianza de Roca, se presentaron en las oficinas de Ismael Pérez Peña en Getafe (Madrid). Allí, el hijo del empresario les entregó el maletín con el dinero. Sin embargo, a la salida de la empresa, la policía local de Getafe interceptó el vehículo e intervino los dos millones de euros.

Según la Fiscalía, para justificar la procedencia del dinero, Pérez Peña se puso en contacto con uno de los abogados de confianza de Roca, el también imputado Francisco Soriano Zurita. La estrategia que pactaron ambos fue presentar una querella contra los agentes que intervinieron los fondos, para saber si existían escuchas telefónicas en el entorno de Roca y crear un contrato ficticio de compraventa de unos inmuebles. Para ello el hijo de Pérez Peña pidió a un empresario conocido suyo, Carmelo Armenta, que firmara un contrato por el que una de sus sociedades adquiría tres chalets en Cala D'Or (Mallorca) a la sociedad Gracia y Noguera, propiedad de Roca y representada por Benavente.

Carmelo Armenta ha reconocido ante el tribunal que ese contrato no era real y también recibió una rebaja en la petición de pena.

Yagüe niega haber recibido los coches

Pérez Peña afirmó que el pago de los 180.100 euros a cambio de obtener la adjudicación del servicio de grúa municipal y de que se la agilizara el pago de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento le adeudaba le fue “requerido” por Roca y por la exalcaldesa Marisol Yagüe. A la exregidora también confesó haberle entregado gratis tres coches —un Toyota RAV4 para la alcaldesa, un Kia Sorento para la pareja de esta y un BMW 120 diesel para su hijo mayor—.

La exalcaldesa gilista recibió estos coches a través del fallecido edil Victoriano Rodríguez. Yagüe, que ayer declaró visiblemente alterada, afirmó que “casi ni conocía” a Pérez Peña. “¿Regalarme? ¿Por qué? No creo que la gente vaya regalando coches por las buenas”, afirmó Yagüe. Según la exregidora, el exedil andalucista Carlos Fernández, huido de la justicia, y expulsado por Yagüe del equipo de gobierno es el verdadero artífice de que se destapara el caso Malaya.“Carlos Fernández hablaría lo que fuera y aquí estamos todos por la venganza de Carlos Fernández; mira como no lo han encontrado”, dijo.