El Gobierno catalán se impone un tope de déficit del 0,14% para 2018

El Gobierno catalán ha aprobado hoy su propio proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que va más allá de lo que establece la reforma constitucional y que impedirá que la Generalitat supere el déficit del 0,14% del PIB en 2018. Este plazo supone adelantarse dos años al objetivo que se han fijado el PP y el PSOE en la reforma constitucional, que obliga a las autonomías a limitar el déficit al 0,14% en 2020. El Gobierno de Artur Mas busca con esta medida presentarse ante los mercados y la opinión pública como una institución “comprometida con la estabilidad presupuestaria”, ha dicho el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

El proyecto de ley, que el Ejecutivo de Artur Mas tiene previsto aprobar en el Parlament antes de fin de año, tiene nueve puntos y prevé que los límites de déficit y endeudamiento puedan revisarse “en situación de catásfrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia legalmente declaradas” que afecten de forma importante a los presupuestos de la Generalitat. Para modificar el tope de déficit en estos casos deberá intervenir el Parlamento de Cataluña.

Mas-Colell ha aprovechado la aprobación del proyecto de ley para sacar pecho sobre las políticas de austeridad de la Generalitat, defender los recortes sociales aplicados y reivindicar un nuevo sistema de financiación en línea con el concierto económico del que gozan el País Vasco y Navarra. Ambos asuntos estarán en primera línea del debate de política general que esta tarde comienza en el Parlamento catalán con la intervención del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Mas hará una encendida defensa de sus medidas de recorte y de la ley de estabilidad presupuestaria, pero rechazará de nuevo el acuerdo entre PSOE y PP para modificar la Constitución. El consejero catalán de Economía ha recordado esta mañana que, si bien la Generalitat ha sido crítica con la forma cómo se ha hecho la reforma constitucional, “no hemos tenido ninguna reserva sobre el contenido”. En otras palabras, el Gobierno catalán se ha autoimpuesto, con más rigor si cabe, lo que rechazaba en un principio por una cuestión formal.

El objetivo del Gobierno catalán ahora es lograr apoyos parlamentarios para continuar aplicando las políticas de austeridad. El problema para CiU es que no quiere aparecer del brazo del Partido Popular, que ya le facilitó la aprobación de los últimos presupuestos, especialmente en plena precampaña electoral. En este sentido hará guiños a ERC con la defensa del concierto económico y al PSC con medias sobre la agilización de la administración. Tampoco descuidará sus acuerdos con el PP recordándole que, como le pidió, ha aprobado la ley de Estabilidad Presupuestaria.