El Gobierno navarro aprobará mañana un recorte de 327 millones

En apenas unos meses, Navarra ha pasado de ensalzar la buena salud de sus cuentas y su positiva gestión de la crisis económica a anunciar casi de golpe el mayor recorte de gasto público realizado hasta la fecha. El Gobierno foral de coalición UPN-PSN aprobará mañana un ajuste de 327,2 millones de euros, para cumplir la exigencia del Ejecutivo central de reducir el déficit al 1,3% del PIB.

En concreto, se van a eliminar de los presupuestos de este año gastos por valor de 163,6 millones de euros y se aplazará para 2012 partidas que suman otros 163,6, lo que sitúa el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio en 3.711 millones de euros.

Aunque algunos departamentos ya han adelantado qué partidas se van a ver afectadas, los detalles no se conocerán hasta mañana miércoles, cuando se celebre la sesión de Gobierno. En los últimos días, la presidenta, Yolanda Barcina, ya ha anunciado que se va a intentar que el gasto social no se vea afectado y por ello se hará “especial hincapié” en el corriente, es decir, el del funcionamiento de la Administración.

Así, ya se sabe que los Ayuntamientos de la comunidad podrían dejar de recibir 12,5 millones menos en el último trimestre para gastos corrientes, el Plan de Empleo contará con 400.000 euros menos y el Ejecutivo, tras la aprobación de una nueva ley al efecto, podrá ahora cambiar contratos administrativos ya cerrados.

Y como en otras muchas comunidades, el sector educativo también se va a ver afectado y éste es el primero que ya se ha movilizado. Los profesores de Secundaria de la red pública pasarán este curso de 17 a 18 horas de clase semanales, un aumento que va a suponer en la práctica un ahorro de 8 millones de euros al reducir en 112 las contrataciones de docentes interinos. La medida ha recibido una fuerte contestación por parte de los sindicatos, que han convocado para el mes de octubre varias jornadas de paros, una manifestación y una huelga para el 27 de ese mes, que según el consejero del ramo, José Iribas, “no se sostiene” y es “política”, porque las 18 horas semanales “son por las que suspiran los sindicatos de otras comunidades como Madrid”.

Asimismo, tras años de importantes inversiones en obra pública, ahora se van a reducir las subvenciones para VPO y se pagarán en seis meses en lugar de tres y se suspenden las ayudas anticrisis para rehabilitación de viviendas. De hecho, las declaraciones del consejero de Fomento, Anai Astaiz, han sido de las más drásticas de los últimos días: "No tenemos un solo euro para la reposición de firmes de las carreteras" y durante el próximo año “se frenará la práctica totalidad de las actuaciones singulares vinculadas al III Plan de Carreteras 2010-2018, porque la realidad presupuestaria nos lleva a congelar todas estas actuaciones”, ha asegurado.

También se va a retrasar alguno de los proyectos de construcción defendidos durante años con ahínco por el Ejecutivo, como el Museo de los Sanfermines, el Complejo Médico Tecnológico o el pabellón Navarra Arena, para poder atender cuestiones como la renta básica y la dependencia. Y como cabía esperar, Cultura será otra de las áreas más afectadas, ya que, por ejemplo, el festival de cine Punto de Vista, se queda sin ayuda pública y peligra por tanto su continuidad.

Los datos concretos del ajuste se darán a conocer mañana por la presidenta, Yolanda Barcina (UPN), y por el vicepresidente, Roberto Jiménez (PSN), que decidirán qué departamentos aportan más y en cuáles se tiene que centrar la tijera. El objetivo de llegar a los 327 millones es innegociable, según Barcina, porque “nos lo marca el Estado” y por que si no recorta, la comunidad “se va al garete” y “queremos dar ejemplo”. La decisión la tomarán de la mano, para superar así la imagen de desunión y dejar atrás la polémica suscitada tras el acuerdo entre UPN y PP para acudir juntos a las elecciones del 20-N y que para el PSN supuso un comportamiento "desleal" de Barcina con el Gobierno.

La situación económica actual ha llevado a ambos a reiterar que “la voluntad” es que el Gobierno de coalición dure toda la legislatura, “para generar confianza y así acometer una situación tan difícil y fundamentalmente orientar todos los esfuerzos para la generación de empleo”.