Corregir el desaguisado

Uno.— Es de sentido común sostener que un exceso de deuda producida por una sucesión de déficits excesivos, ya sea por demasía en el gasto o disminución del ingreso o ambas cosas, es negativo para cualquier país. Coloca a este en manos de los acreedores y una parte sustancial de su riqueza se desliza por el sumidero del pago de los intereses de la deuda. Ahora bien, dejando a un lado los variados errores cometidos, que nos han colocado en mala situación ante la crisis, muchos se preguntan si la mejor medida para hacer frente a este fracaso es una reforma de la Constitución en los términos planteados por el pacto PP/PSOE. Es cierto que durante el mes de agosto el ataque de los mercados arreció, llevando el diferencial con el bono alemán al borde del precipicio del temido rescate.

También es verdad que si la soga se aflojó fue debido a la intervención del Banco Central Europeo, que compró bonos españoles e italianos. Ahora bien, a la primera cuestión a la que convendría responder sería: ¿Por qué los famosos mercados atacan la deuda española si esta es una de las más bajas de Europa? Se responderá, con razón, que el descontrol español no radica en la deuda pública, sino en la privada, y que, en cierto sentido, ambas forman un todo. Pero, en este caso, la reforma de la Constitución no incide en la deuda privada sino, únicamente, en la de las Administraciones públicas. Me temo, pues, que la medida no calme a los mercados, porque para los inversores-acreedores lo preocupante es que nuestra economía no crece lo suficiente, ni ven claro qué vamos a hacer para que crezca.

No creo que un cambio constitucional, con efectos a partir de 2020, sea suficiente. Lo que ven es que el consumo no tira debido al paro, la precariedad laboral y la reducción de sueldos, y que la inversión sigue estancada por falta de crédito y de acción pública.

Dos.— Hay que estar muy seguro de que es imprescindible la reforma constitucional para salir del atasco, pues el estropicio ha sido considerable. Se han roto algunos consensos en que se fundamentó la Constitución de 1978, no solo con partidos que entonces la sostuvieron —CiU, PCE, etcétera—, sino también con los sindicatos y otras fuerzas sociales, que fueron decisivas para alcanzar esta Carta Magna. Se ha erosionado la democracia al plantear una contrarreforma al final de una legislatura, deprisa y corriendo, sin consultar con nadie, a la trágala, dando la impresión de que ha sido una imposición de poderes foráneos, como condición para seguir comprando bonos españoles.

Porque la situación excepcional que se aduce para justificar la premura no es de ahora. Hace tiempo que España está en situación de alto riesgo, al que no han sabido responder ambos partidos. Y, por último, se desconcierta de nuevo al sufrido pueblo de la izquierda, al que no se le explican las cosas de manera razonable y ya no sabe si bajar o subir impuestos es de derechas o de izquierdas; si el déficit o la deuda es de derechas o de izquierdas. Debate a todas luces absurdo pues, lógicamente, todo depende de cómo se hagan esas cosas y para qué, hoy en la nebulosa.

Tres.— El argumento para conseguir que el personal se trague el marrón es que no había más remedio, que o el trágala o el desastre. Este tipo de razonamiento es la mayor prueba del fracaso, dado que el arte de gobernar consiste en colocarse en una posición que te permita escoger entre más de una opción y no todas pésimas. Además, es poco creíble que este cambio constitucional fuese la única opción. Se podía haber hecho a través de una ley, que permite flexibilidad y cuantificación. Se podía haber caminado hacia un aumento de los ingresos, vía impuestos a los más pudientes y en otros tributos, que permitiese mayores inversiones con el fin de reactivar la economía. En el fondo, la constitucionalización del “anti-keynesianismo” —si se me permite la expresión— es la manera de eludir la gran cuestión de la fiscalidad, con el mensaje de que como no estamos dispuestos a subir los impuestos, ni atacar en serio el fraude fiscal, ni acabar de una vez con los paraísos fiscales, la única salida es echar el cierre al candado del gasto y primar el pago de la deuda por encima de cualquier otra obligación. Da grima leer que millonarios franceses, alemanes, italianos, americanos —¿para cuándo los españoles?— claman diciendo que les suban los impuestos, y es una vergüenza que el más rico de todos, en un gesto de sinceridad, denuncie que mientras él paga al fisco el 17% de sus rentas, muchos de sus empleados pagan el 30%. Hasta aquí ha llegado la degradación.

Cuatro.— Nadie defiende que la deuda o el déficit sean buenos. A mí, por ejemplo, me gustan unas cuentas saneadas. Pero soy consciente de que alcanzar un cierto equilibrio presupuestario, mantener el Estado de bienestar y converger con los países avanzados de Europa es inviable sin un potente sistema fiscal y sin un crecimiento sostenido de la economía. Cuestiones ambas de las que España carece hoy por hoy. Y tanto para los Estados como para las empresas el crédito y cierto nivel de deuda son imprescindibles para poder financiarse y crecer. Por eso, atarnos a un déficit del 0,40% del PIB, del 0,26% el Gobierno, del 0,14% las comunidades autónomas y 0% los Ayuntamientos resulta muy arriesgado, si no se garantiza un “sustituto” a nivel europeo.

Nosotros no somos Alemania ni Francia. No tenemos un sistema productivo tan potente y dedicamos 10 puntos menos en gastos sociales, en términos de PIB. Nos ponemos un dogal que nos hará difícil converger con esos países y que puede ser irreversible, si pensamos en la mayoría necesaria para modificar la reforma —3/5 para la Constitución— y no creo que la derecha esté, en el futuro, por la labor. Esta ha conseguido, en el último minuto, el pacto que le interesa y no el de Estado que se tenía que haber forzado hace años. Ya sé que la reforma contempla excepciones, como es el caso de situación de recesión, pero España puede no estar en recesión y, sin embargo, crecer por debajo de lo imprescindible, como ocurre en este momento y, quizá, durante algún tiempo.

Cinco.— Un planteamiento aceptable hubiese sido enmarcar el control estricto del déficit/deuda en una propuesta europea. Es decir, que los países del euro se comprometiesen a esta u otra reforma similar a cambio de una “mutualización de la deuda” por medio de la emisión de eurobonos y el aumento sustancial del presupuesto de la Unión, suficiente para hacer una política fiscal expansiva en el ciclo bajo de la economía y poder suplir a los Estados en dificultad.

Porque, además, nuestra reforma no servirá si no la hacen los demás países europeos, pues nuestros problemas dependen de lo que ocurra, también, en Italia o Grecia. Lo que no es razonable es que se nos coloque en una situación de pérdida de “soberanía” fiscal sin haber creado los instrumentos europeos comunes que suplan esa pérdida. En el caso del euro, cedimos las políticas monetarias nacionales a una entidad de la Unión que debe velar por el interés común; ahora estamos renunciando a una parte sustancial de la “soberanía” fiscal —una clave de todo Presupuesto es fijar el déficit— sin tener los instrumentos de la Unión que asuman las necesidades de crecimiento comunes.

Así pues, estamos en una situación de transición o vacío harto delicada. En una palabra, la medida adoptada solo sería asumible en el marco de un federalismo fiscal europeo. Nada de esto, de momento, está garantizado, ni el Gobierno ha explicado sus decisiones en esta dirección. Nos quedamos en la simpleza de que hay que calmar a los mercados. Conseguir ese “federalismo” es la batalla de los ciudadanos europeos con el fin de corregir el desaguisado.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.