Camps se apunta al vía crucis interminable

"Ya tengo un sitio para contar la verdad y acallar tantas mentiras como he escuchado esta semana". Tras eludir cualquier explicación pública a las referencias sobre los regalos de la trama corrupta Gürtel, el ahora expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se refería así al momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió investigar el caso. Y se permitió hacer un vaticinio: “Y compartiré ese final feliz con miles y miles y miles de personas que lo que quieren es que esto acabe cuanto antes", dijo.

Eso fue hace casi dos años y medio. “Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado", afirmó meses después, cuando se confirmó que había indicios de un delito de cohecho por recibir regalos de la red. "Estoy convencido de que la verdad está más cerca que nunca, por eso estoy muy contento", añadió. Fue en un acto en el que también dijo que “cuando sea la hora de inaugurar este aparcamiento todo habrá pasado". El aparcamiento no está acabado y, si se demora tanto como Camps pretende que se demore su juicio, los vecinos de Algemesí habrán de esperar años.

En julio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano decidió que las diligencias previas se daban por concluidas y decretaba la apertura de juicio que, al tratarse de un delito de cohecho, es competencia del tribunal del jurado.

En 30 meses de instrucción, Camps ha intentado hasta presentar fotos de sus armarios con trajes como prueba

En estos 30 meses de instrucción, Camps, en manos de su letrado, ha echado mano de todas las garantías procesales que existen en la normativa. Recursos, alegaciones y quejas han hecho que un caso, aparentemente simple, se demore casi indefinidamente. Ha tratado de presentar pruebas tan estrambóticas como un acta notarial con fotografías de los trajes colgados en sus armarios y declaraciones de empleados de centros comerciales donde ha comprado parte de su ropa.

Ahora, en el último trámite antes de que se señale la fecha del juicio, expone un nuevo planteamiento y apela a la más alta norma de autogobierno de los valencianos, el Estatut, para interpretar que como los hechos no tuvieron lugar solo en territorio valenciano, estos deben juzgados por el Tribunal Supremo. Con ello pretende deslegitimar el trabajo realizado hasta ahora por el tribunal valenciano, al decir que no es el competente en la materia, después de que este tribunal asumiera la investigación procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y pretende, además, que la causa no concluya, al menos, de momento.

El expresidente de la Generalitat tiene un precedente cercano con el que comparte abogado, el del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que lleva casi ocho años inmerso en una investigación que aún no se ha resuelto. De hecho, Fabra está pendiente de que se determine si la mayor parte de los delitos que se le imputaban han prescrito.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tratado de evitar, a toda costa que el caso Gürtel entorpezca sus campañas electorales, y más ahora que se acerca a La Moncloa. Por eso, cuando los tribunales decidieron que Camps tenía que ser juzgado, la dirección del PP presionó para que el que entonces era también presidente del PP valenciano tomara una decisión. Se planteó como estrategia judicial una declaración de culpabilidad, que hubiera acabado con el procedimiento y anulado la celebración de una vista. Pero Camps dimitió y su decisión no evitó que el caso siguiera y que el juicio, según los plazos establecidos, se celebrara, probablemente, en plena campaña electoral. Ahora que se ve “recuperable” por el PP, después de que incluso haya barajado la posibilidad de que lo nombren ministro, ha de hacer algo por evitar ese juicio, al menos de momento.

El juicio podría celebrarse con dos imputados que se declaran culpables y otros dos que mantienen su inocencia

Además de la relevancia por el tema y sus protagonistas, la previsible celebración de la vista encierra otros ingredientes. Dos de los imputados, el exvicepresidente del gobierno valenciano, Víctor Camps, y el exjefe del gabinete de la Consejería de turismo, Rafael Betoret, ya se declararon culpables del delito de cohecho impropio del que se les acusa. El juez está pendiente de resolver si dicta ya una sentencia de culpabilidad para ellos o decide que se sienten también el banquillo. Así, se podría dar el caso de que dos de los inicialmente imputados estuvieran ya condenados, mientras los otros dos siguen defendiendo su inocencia, cuando sus nombres se encuentran en los mismos documentos incautados a la trama Gürtel. En el caso de se sentaran en el banquillo, tanto Camps como Betoret podrían seguir con su estrategia judicial de declararse culpables con lo que el jurado se encontraría con dos imputados que asumen los hechos y otros dos que los niegan.

Francisco Camps no quiere que llegue este momento. No ahora que cree que será rescatado por su partido. Y menos si tiene un resquicio legal al que agarrarse.