Déficit

De entre todos los ominosos acontecimientos que nos deparó este aciago agosto (pillajes multitudinarios en el Reino Unido, toma de Madrid por el integrismo papista, nuevo estallido de la crisis crediticia de la eurozona, anuncio de inminente recaída en la recesión...), ninguno puede compararse con el testamento político que nos ha legado el presidente Zapatero antes de salir del poder. Me refiero a la reforma de la Constitución que ha vedado la posibilidad de gobernar mediante el recurso al déficit público. Una desafortunada herencia que además resultará probablemente irreparable, pues no es fácil que vuelvan a darse las excepcionales circunstancias que han permitido reformar sin referendo el artículo 135 por el procedimiento de urgencia.

La mayoría de los críticos de la reforma han tendido a condenar las formas preservando el fondo del asunto. Pero mi posición es más bien la inversa. No tengo serias objeciones que oponer en materia procedimental, pues al igual que no se puede devaluar la moneda tras un debate público, porque se arruinaría el elemento sorpresa que resulta esencial, tampoco convenía someter la prohibición del déficit a debate, ya que su único objetivo real es el de impresionar favorablemente a los mercados financieros y al directorio europeo, y de perderse el tiempo en discusiones bizantinas se diluiría dicho efecto buscado.

Es verdad que semejante pragmatismo (el de que el fin justificaba el procedimiento de urgencia) no se ha sabido explicar, quizá porque parecía obvio. También es cierto que las comunidades autónomas pierden autonomía financiera, como sucede en todo modelo federal. E igualmente debe reconocerse que se ha burlado la conveniencia de buscar el refrendo del pueblo soberano. Pero de ahí a montar una escandalera, como han hecho los nacionalistas y la izquierda parlamentaria, hay una gran diferencia. ¿Por qué han optado por escenificar semejante ataque de victimismo, haciéndose los ingenuos sorprendidos en su fingida inocencia? Sin duda alguna, por electoralismo puro y duro. Con lo cual volvemos a caer en el conocido cordón sanitario de los tiempos de la crispación. Pero ahora los sometidos a cuarentena son los dos grandes partidos (que quedan así uncidos en una sorprendente gran coalición) mientras sus rivales se revisten de ofendida dignidad.

Pero si bien las formas podrían justificarse, no ocurre lo mismo con el fondo del asunto, que me parece rechazable. Es verdad que Rubalcaba logró evitar el déficit cero en términos contables que planteaba el PP. Pero incluso así, aun reconociendo que la distinción entre déficit cíclico y estructural amortigua los peores efectos de la reforma, lo cierto es que constitucionalizar la limitación de la política fiscal me parece un error de miopía política. Pues si tenemos en cuenta que ya perdimos la política monetaria, el margen de maniobra que ahora se le deja al Estado para gobernar la economía queda reducido al mínimo. Por lo demás, una Constitución ha de ser un reglamento imparcial capaz de dar juego a Gobiernos alternativos de ideologías opuestas. Si hoy prohibimos a Keynes, ¿qué pasará cuando una nueva mayoría política decida resucitarlo (como puede suceder si fracasa la actual política de austeridad tras asfixiar el crecimiento económico)? En este sentido, yo recomendaría a los partidarios de la ortodoxia del equilibrio presupuestario que releyeran al gran Hirschman y su estrategia del desarrollo desequilibrado como mejor vía de crecimiento.

Es verdad que el Estado deudor pierde su autonomía política y queda en poder de los mercados. Pero es que para endeudarse no hace falta recurrir a los mercados financieros, pues se puede apelar al ahorro nacional. Precisamente, el desaparecido Charles Tilly argumentó que la democracia se hizo posible cuando los Gobiernos lograron ganarse la confianza de sus ciudadanos dispuestos a prestarle sus ahorros suscribiendo bonos del Tesoro (Confianza y gobierno, Amorrortu, 2010). Así se puede financiar el déficit del Estado para invertir a largo plazo en el desarrollo del país mediante la creación de bienes públicos como las infraestructuras o los servicios esenciales (educación, I+D, etc). Es lo que hizo el canciller Bismarck con su revolución desde arriba que unificó y construyó la Alemania moderna. O lo que también hizo el canciller Kohl cuando la reunificó tras la caída del muro de Berlín. Algo que nunca hubiera podido acometerse bajo la prohibición del déficit introducida por la canciller Merkel (mereciendo por ello acerbas críticas de su mentor Kohl). Y algo que tampoco podrá hacerse ya en España, tras la prohibición constitucional del déficit público decretada por la gran coalición de Zapatero y Rajoy.