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La Comunidad Valenciana dejó en 2010 sin pagar 2.000 millones de euros

La deuda de la Generalitat se dispara hasta los 19.276 millones

Las cuentas de la Administración de la Generalitat Valenciana en 2010 revelan un volumen de impagos que supera los 2.000 millones de euros, de acuerdo con los datos reflejados en la Cuenta General, que difundió ayer la Consejería de Hacienda. El gasto neto fue de 14.736 millones de euros, pero la cantidad efectivamente pagada fue de 12.736 millones, de modo que los proveedores de la Generalitat dejaron de cobrar la friolera de 332.000 millones de las antiguas pesetas.

Del otro lado, la recaudación neta al final del ejercicio fue de 14.586 millones de euros. Pero lo efectivamente ingresado en las arcas de la Generalitat sumaba a 31 de diciembre 14.076 millones de euros. A la Generalitat también le deben 510 millones de euros, el equivalente a 84.660 millones de pesetas, de los cuales 382 corresponden al Estado.

Cuatro empresas públicas deben 3.800 millones

La deuda de la Generalitat está desbocada. Pero la cifra marea aún más si se añaden las que acumulan las empresas públicas a las que la Generalitat ha ido desviando el coste de la promoción turística, las infraestructuras o la construcción de centros educativos.

Solo la sociedad que gestiona el Aeropuerto de Castellón, la de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana) tienen deudas a corto y largo plazo por importe de 3.859 millones de euros.

La información disponible ayer en la página web de la Consejería de Economía revela que la sociedad del Aeropuerto de Castellón, en el que todavía no ha aterrizado ni despegado ni un avión porque carece de las licencias necesarias, acumula una deuda de 174,45 millones de euros a largo plazo y otros 24,28 a corto.

En total, el aeropuerto construido en Vilanova d’Alcolea (en La Plana Alta) por empeño personal del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, debe 198,7 millones. La sociedad gestora es propiedad en un 99% del Gobierno valenciano y el 1% restante pertenece a la Diputación.

La sociedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) debe, por su parte, 494,77 millones de euros a largo plazo y otros 245,72 a corto plazo. La empresa que gestiona el complejo diseñado por Santiago Calatrava, que todavía no está terminado (falta por rematar el Ágora) y que ha acumulado unos sobrecostes que representan cuatro veces lo que se presupuestó en su momento, debe un total de 740,5 millones de euros.

La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, creada tras la llegada a la Generalitat de Eduardo Zaplana, cuyo objetivo es impulsar proyectos turísticos y de ocio debe 361,68 millones a largo plazo y otros 309,78 millones a corto; en total, 671,46 de euros.

Pero la empresa pública más endeudada (por encima de RTVV), hasta el punto de que su actividad ha quedado de hecho paralizada por la Generalitat, es Ciegsa. La empresa pública dedicada a la construcción de colegios e institutos debe 1.632 millones a largo plazo y otros 616 millones a corto plazo, lo que suma un total de 2.248 millones de euros.

 

Gerardo Camps, vicepresidente y consejero de Hacienda, liquidó el presupuesto de 2010 en marzo pasado con un déficit estimado de 380 millones de euros. Esa cifra ya era cuatro veces superior a la del año anterior, pero la Cuenta General revela que, a efectos reales, Camps erró en sus estimaciones por un total de 960 millones de euros.

El Balance de la Administración General, sin contar con las empresas públicas, revela que la Generalitat debe 19.276 millones a sus acreedores tanto a corto como a largo plazo, una cantidad que equivale a 3,2 billones de las antiguas pesetas.

José Manuel Vela, consejero de Hacienda, difundió ayer una nota en la que destacó el “ejemplo de transparencia de la gestión económica y presupuestaria del Consell” que supone la difusión de la Cuenta General (accesible en http://portales.gva.es/c_economia/web/ig/docs/cuenta2010/index.htm). Vela insistió en cifrar el déficit en 380 millones de euros.

Y atribuyó las necesidades de financiación de la Generalitat a la caída de ingresos: “La actual coyuntura económica ha conllevado un descenso de los ingresos, especialmente de la recaudación derivada de los impuestos directos e indirectos”.

Por vía de impuestos indirectos, como el IVA o las tasas que se pagan por compra o venta de vivienda, la Generalitat apenas ingresó un 80% de lo que tenía previsto. Pero por vía de impuestos indirectos, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat ingresó prácticamente el 100% de lo previsto, como revela la Cuenta General.

La caída de ingresos es atribuible en exclusiva a la Generalitat. Tanto las transferencias corrientes como las transferencias de capital que recibió la Generalitat a lo largo de 2010 procedentes del Estado exceden ligeramente las cantidades fijadas en los presupuestos. Es cierto que la recaudación vinculada al IVA se redujo en cien millones respecto a lo inicialmente previsto, de 1.426 millones a los 1.325 millones recaudados.

La caída más estrepitosa se registra en la partida correspondiente a la recaudación derivada de las operaciones de compra y venta de vivienda. El Consell tenía previsto ingresar 745 millones de euros durante 2010. Pero las operaciones de compra y venta de propiedades inmobiliarias registradas el año pasado generaron unos derechos de cobro de apenas 346 millones de euros. Y las arcas de la Generalitat ingresaron efectivamente 312 millones, apenas el 40% de lo previsto.

La Cuenta General revela que uno de los capítulos que mejor gestiona la Generalitat es la deuda. Hacienda logró cancelar 15 millones de euros de sus pasivos financieros, pero ingresó 3.354 millones, 1.163 más de lo inicialmente previsto.

Las transferencias del Estado superan las cantidades fijadas en el presupuesto

La deuda fue, de hecho, la tercera fuente de ingresos por importancia de las arcas de la Generalitat en 2010, solo superada por las transferencias corrientes del Estado (3.958 millones de euros) y la recaudación derivada del conjunto de impuestos indirectos (3.490 millones).

En materia de pagos, el Consell ha logrado un curioso efecto. Las inversiones reales previstas en el presupuesto inicial sumaban 720 millones de euros. A lo largo del ejercicio, esa cantidad se modificó al alza en unos sustanciosos 584 millones más, en su inmensa mayoría vinculados al denominado Plan Confianza. Sobre el papel, el Consell disponía de 1.304 millones de euros para invertir en obras de todo tipo. Pero a lo largo del año, los distintos departamentos del Gobierno valenciano apenas fueron capaces de comprometer la inversión de 760 millones de euros, una cantidad muy similar a la inicialmente prevista al margen del cacareado Plan Confianza.

De esos 760 millones comprometidos, la Generalitat asumió el pago como obligación reconocida de 646. Pero la Cuenta General revela que apenas pagó 298. A 31 de diciembre de 2010, la Generalitat acumulaba unos impagos en el capítulo d inversiones reales por un montante de 348 millones. Es decir, debía 54 céntimos de cada euro que destinó a inversiones en obras.

La Generalitat debe 54 céntimos de cada euro que invirtió en 2010

Julián López, portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, subrayó la novedad: “En el año 2010 es la primera vez en la historia que la Generalitat deja pendiente de pago más dinero del que abona en inversiones reales”, con el consiguiente perjuicio para las empresas adjudicatarias de las obras en cuestión.

López, a la vista del balance de la Generalitat, comentó: “En 2010 las deudas de la Generalitat se multiplicaron y los gastos de funcionamiento no dejaron de crecer”.

“La información que revela la Cuenta General pone al descubierto con datos objetivos la mala gestión económica únicamente atribuible al Consell”, añadió. “Y confirma que mintieron cuando hablaron de austeridad”. “Mientras prometían austeridad, los gastos de funcionamiento no han hecho más que incrementarse”, prosiguió López, “los gastos de funcionamiento han subido un 3,8% en el último año y un 9% respecto a 2008, es decir, 200 millones de euros en dos años de crisis”.