Mensaje a los mercados

El presidente del Gobierno logró ayer que el Congreso convalidara el decreto ley aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros, que incluye diversas medidas para reducir el déficit. Lo que se preveía como un debate sin sorpresas resultó todo lo contrario. Las mayorías para aprobar el decreto fueron diferentes de las previstas y, sobre todo, Zapatero, en respuesta a las exigencias de la reciente cumbre franco-alemana, propuso reformar la Constitución para incluir en su texto “una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo” que vincule a todas las Administraciones públicas. Fue una propuesta inesperada, fruto de una decisión tomada en las últimas horas, que contradice la posición de su partido y del candidato Rubalcaba, y que Rajoy aceptó de inmediato, ya que hace un año hizo una propuesta similar.

El apoyo mayoritario que ayer obtuvo la reforma no resuelve las dudas acerca de la conveniencia de fijar un límite de déficit en la Carta Magna. En España existen mecanismos igualmente eficaces que, además, refuerzan la estabilidad del texto constitucional. Incluir al máximo nivel legal disposiciones que pertenecen al ámbito de las decisiones de Gobierno y que en ocasiones no pueden cumplirse por imposibilidad material de hacerlo, erosiona el concepto de constitucionalidad. Hasta el pleno de ayer, esta era la posición del Gobierno, al menos en palabras de la vicepresidenta Salgado.

La rapidez con la que se ha verificado el paso a la posición contraria, desairando el criterio defendido por el candidato Rubalcaba, evidencia más bien la necesidad del Gobierno de trasladar un nuevo mensaje contundente a los mercados, ante el riesgo de graves convulsiones financieras en los próximos meses. El Ejecutivo teme que las turbulencias de agosto continúen, y que la prima de riesgo española vuelva a sufrir en un contexto de estancamiento de la economía. Se trataría, por tanto, de una medida dolorosa para Zapatero, un nuevo sacrificio en el altar de los mercados.

El Gobierno necesita dotar de sentido político los dos meses que faltan para el inicio de la campaña electoral. Pero proponer desde una situación de extrema debilidad una medida de tanto calado puede entrañar riesgos.

Hasta el inicio de la campaña para el 20-N, España se encuentra en una situación política singular. La decisión de anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación sobre la fecha en la que se hará efectiva coloca a las instituciones en un extraño compás de espera. Mientras dure, la única preocupación de los grupos será no cometer errores, evitando aparecer demasiado próximos al Gobierno, pero también demasiado alejados, para que no se les reproche falta de colaboración para combatir la crisis. Así se explica que el grupo socialista convalidara ayer el decreto del pasado viernes apoyándose más en las abstenciones que en los votos a favor.