El Ayuntamiento de Granada pone pegas a los lugares de la represión
El alcalde en funciones cuestiona el “rigor histórico” de la tapia del cementerio donde se sitúa lo que fue un paredón de fusilamiento
El alcalde en funciones del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha puesto en duda que miles de personas fueran fusiladas en la tapia del cementerio de la ciudad. “El problema está en que la ubicación que se pretende por quienes quieren colocar allí la placa no tiene rigor histórico. Los estudios no sitúan en ese lugar y en el mismo muro los acontecimientos. Habrá que buscar esos lugares y luego nosotros estaremos para cumplir la ley”, dijo en alusión a la más que posible declaración como Lugar de Memoria de la tapia.
El Gobierno andaluz aprobó el martes el decreto por el se crea y regula esta figura que protegerá los sitios vinculados a hechos o acontecimientos — “tropelías”, dijo el consejero de Gobernación, Francisco Menacho— ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Es decir, desde el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar, hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor la Constitución. Los Ayuntamientos están obligados a preservar estos sitios. Aunque la Junta aún no ha dicho cuáles serán los primeros lugares que se protegerán, el Comisariado para la Memoria Histórica tiene claramente identificada la tapia-paredón del cementerio de Granada, donde fueron fusiladas 4.000 personas.
Egea, que fue candidato del Partido Andalucista a la alcaldía en 2007 y que este año fue repescado por el PP, aludió a Manuel Fernández Montesinos, “alcalde republicano de Granada y antepasado” suyo. Montesinos era el marido de una de las hermanas de Federico García Lorca cuando fue fusilado en esa tapia, lo que añade más confusión a las declaraciones realizadas ayer por el político, que atendió a distintos medios pero se negó a hablar con este periódico.
“Creo que hay que ir más allá sin tener que estar enredando continuamente en el pasado, que si bien tenemos que tener presente no debe ser utilizado como arma cuando no se tiene otra cosa. Los políticos y las administraciones públicas debemos dedicar nuestros esfuerzos a los ciudadanos de 2011, que están pidiendo trabajo. Esa tiene que ser nuestra prioridad”, sentenció en declaraciones a Europa Press, en las que no dudó en reiterarse en sus argumentos. “El punto de vista histórico no es uno de los fuertes de la Junta de Andalucía, ya lo vimos con la fosa de Lorca. Hace falta un mayor rigor”, concluyó.
El alcalde en funciones dice que no hay que “enredar” con el pasado
Sus declaraciones causó la indignación de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que contestó llamándole “ignorante e indocumentado” en un comunicado. “El señor Egea intenta sembrar dudas sobre el escenario del crimen para confundir a la opinión pública”, argumentaron.
Desde 2008, un grupo de especialistas del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, dirigido por José Ignacio Barrera Maturana de la Universidad de Granada, ha elaborado un estudio minucioso sobre los grafitos e impactos de bala que aún se pueden apreciar en dicha tapia, llegando a la conclusión de que están asociados a los fusilamientos. Este estudio ha servido como base al informe que recomienda declarar la tapia lugar de memoria.
Además, han sido numerosas las aportaciones realizadas por historiadores que han probado que los fusilamientos en dicha tapia se prolongaron durante 20 años, con cerca de 4.000 personas fusiladas. En 2009, una investigación realizada por historiadores de la Universidad, documentó 3.968 fusilamientos.
La asociación de la memoria histórica de Granada llama “ignorante” a Egea
El decreto obliga a los Ayuntamientos
El decreto por el se crea y regula la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, no deja a lugar a dudas sobre la obligación de los Ayuntamientos a preservar estos sitios.
Los puntos más destacados del decreto son los siguientes.
¿Qué son los lugares de memoria? Los vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos "durante la guerra ocasionada por el golpe de Estado militar y la dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la II República, hasta el 29 de diciembre de 1978", día en la que entró vigor la Constitución.
¿Qué significa la declaración? El recordatorio y el reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por el mero hecho del ejercicio de sus derechos fundamentales, "así como por la defensa del Estado legítimo, de las libertades y de la democracia".
¿Obliga a los ayuntamientos? El decreto dice que "las administraciones públicas que sean titulares de bienes declarados como Lugares de Memoria Histórica vendrán obligadas a garantizar la perdurabilidad, la identificación y la señalización adecuada de los mismos".
¿Qué ocurre sin los terrenos no son públicos? La norma aprobada dice "en los casos en que la titularidad sea privada se procurará alcanzar esos objetivos mediante acuerdos entre la consejería competente en materia de Memoria Histórica con las personas o entidades titulares".
¿Se pueden proteger los lugares? Sí. Si la comisión interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas considere que durante la tramitación del procedimiento un lugar concreto reúne las características y justificaciones suficientes para ello propondrá que el lugar se proteja con algunas de las figuras de la ley del Patrimonio Histórico de Analucía.
¿Cómo se identifican? Los lugares serán inscritos, de oficio, en el catálogo específico. Y en aquellos en los que, por sus características sea factible, "se procurará realizar una identificación permanente mediante una señalización adecuada".
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