Salgado rechaza aplazar la deuda de 24.000 millones de las comunidades

El Gobierno hará oídos sordos a la petición de auxilio financiero que esta tarde le lanzarán las comunidades del PP. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, rechazará aplazar la deuda de 24.235 millones de euros que las comunidades mantienen con el Ejecutivo por haber recibido dinero de más durante los ejercicios 2008 y 2009. Aunque las devoluciones han comenzado este año, 2012 será especialmente crítico porque los pagos se multiplicarán por cinco. Hacienda argumenta que los plazos ya han sido acordados y que “no hay razón para modificarlos”.

Andalucía es la que más debe, seguida de Cataluña, Galicia y Valencia

La primera exhibición del poder autonómico del PP tras las elecciones del 22 de mayo se antoja conflictiva. Los consejeros de Hacienda del PP —11 de los 17 autonómicos— miden esta tarde sus fuerzas con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Ejecutivo y las comunidades. Aunque debilitado, el Gobierno conserva la llave de este órgano y, por tanto, la propuesta de las autonomías populares no prosperará. “Los plazos ya están en la ley y son generosos. No veo razón para modificarlos”, avanzó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo.

Coincidencia o no, López Carbajo proporcionó ayer el dato que aguardaban las comunidades para saber cuánto deben por el exceso de financiación recibido en 2009. Son 18.736 millones de euros que el Gobierno central les entregó de más por haber pecado de optimista en las previsiones de recaudación de esos años. Son esas previsiones las que determinan cuánto perciben las comunidades por financiación autonómica. La realidad truncó las expectativas de ingresos y ahora el error se corrige reclamando a las comunidades lo que percibieron de más.

Aunque todas aceptaron los plazos, las crecientes dificultades financieras les han llevado a pedir ayuda. Desde enero de este año, las comunidades ya están retornando al Estado los 5.500 millones de euros que recibieron de más por el mismo motivo en 2008. Los pagos se harán en cinco años, a un ritmo anual de 1.100 millones (ver cuadro). Pero a partir de 2012, a esa cantidad habrá que sumar otros 3.747 millones correspondientes a la desviación de 2009, que se saldará en otros cinco años. El resultado es que durante cuatro años convivirán las dos entregas, que elevarán la factura autonómica anual a casi 5.000 millones. Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad que más debe al Estado. Le siguen Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

Economía tiene la sartén por el mango al denegar esos aplazamientos, pues les descuenta a las comunidades la deuda de la asignación mensual que reciben mes a mes. Más allá de esa posición de fuerza, el Gobierno ofrece sus argumentos. Hace casi un mes, Salgado se adelantó a posibles quejas al anunciar que los Presupuestos de 2012 inyectarían en las comunidades 7.900 millones de euros adicionales netos (es decir, descontadas las devoluciones previstas). Con ese colchón, Hacienda confiaba en hacerles más llevadera la contención del déficit.

Además, la vicepresidenta recordó que el mayor sacrificio tendrá que hacerse este año, al pasar de un déficit autorizado del 2,4% del PIB en 2010 al 1,3% en 2011. Pero para 2012 se mantiene el mismo 1,3%, por lo que la contención será menor. En la práctica, el año próximo se convertirá en una segunda oportunidad para conseguir lo que previsiblemente no lograrán ahora: cerrar con unos números rojos del 1,3%. Las fuertes desviaciones registradas en Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, entre otros territorios, afianzan la idea de que se sobrepasará el límite.

Como refuerzo de que las comunidades disponen de más recursos, el secretario de Estado de Hacienda ofreció ayer las primeras cifras de liquidación del nuevo sistema de financiación autonómica. En 2009, ejercicio en el que entró en vigor, las comunidades recibieron 9.197 millones más de lo que les habría correspondido con el anterior modelo.

Más allá de negarse a los aplazamientos, es posible que Hacienda idee alguna alternativa. El año pasado la halló cuando las comunidades expresaron, como este año, su malestar por tener que abonar la primera entrega de lo adeudado por los errores de 2008. Entonces, el ministerio ofreció una fórmula ventajosa para todos: la obligación de pagar no desaparecía, pero se permitía a las comunidades endeudarse para satisfacer esas cantidades.