Feijóo lidera la estrategia del PP de pedir más dinero a Salgado por la crisis

No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se agotara y las comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en otoño-invierno, con el consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la campaña. Por eso, conscientes de que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos sino también Mariano Rajoy, los populares llegan a la cita con una estrategia.

En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres días después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del déficit del 1,3% para todas las autonomías. Unos días después, prometió la “lealtad” del PP si el Gobierno hablaba “a calzón quitado” del déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina ya 12 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa potencia para tratar de que sea el Gobierno, y no ellos, quien asuma el coste político de las medidas duras que se avecinan.

Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 12 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la línea empieza a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, van a liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega cuando autonomías populares como Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar entre el 5% y el 6% a mitad de año.

Los populares verán señales de final de legislatura en el Consejo Fiscal

El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está centrado en la reducción del gasto, aunque sí hay una planteamiento genérico de austeridad. Su discurso se concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más flexible del modelo de financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las comunidades del PP. Las autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de euros por distintos conceptos de interpretación del sistema de financiación, reclamarán una moratoria para devolver el dinero que, según el nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno porque han cobrado de más. También exigirán que la ministra de Economía, Elena Salgado, haga un planteamiento de fondo para resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla.

El Gobierno exige un objetivo de déficit y no precisa de dónde recortar

El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente el principal coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde autonomías del PP con muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana, apenas sufrieron desgaste político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno “incumple” el modelo de financiación, esto es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir al consejo “con una guía sobre dónde deben recortarse las aportaciones y los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas”. En esa interpretación de Feijoo, si el Gobierno plantea avances importantes en este tema de la financiación es señal también de que quiere agotar la legislatura y en caso contrario de que anticiparán.

Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha: que Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una forma de trasladar el coste político de las medidas duras al Gobierno.

Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone el objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de Cospedal, los que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo, y Rajoy no puede admitir un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho, porque iría contra el eje de su discurso de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el sistema de votación del consejo hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo de una sola autonomía, y tiene para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca de la abstención.