El argumentario del PP del 'caso Faisán' equipara a Rubalcaba con Roldán

El PP ya solo tiene una obsesión: erosionar al nuevo candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por todas las vías posibles. El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que procesa a dos mandos policiales y a un alto cargo del Ministerio del Interior en su época por el chivatazo del caso Faisán ha desbocado esa estrategia política. El propio argumentario oficial del PP, el que usan los mandos para repetir en todas sus comparecencias públicas y mediáticas, así lo revela, pero con varios errores de bulto. En el documento, al que ha tenido acceso POLÍTICA, se llega a equiparar a Rubalcaba con el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado y condenado por varios casos de corrupción en los últimos gobiernos de Felipe González.

El PP subraya, en ese sentido y en el segundo punto del argumentario fechado en el día de hoy, que ahora ha sido “la segunda vez que se juzga a un director general de la Guardia Civil tras el caso Roldán”. El procesado Víctor García Hidalgo, sin embargo, nunca fue director general de la Guardia Civil, aunque sí era el máximo responsable de la policía cuando se produjo el 4 de mayo de 2006 el chivatazo. Tomó posesión de ese único cargo el 5 de mayo de 2004, casi dos años antes. Fue destituido por Rubalcaba el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en este caso por el juez.

Sobre García Hidalgo, el argumentario del PP demuestra manejar información errónea y muy desactualizada. Se define al ex director general de la policía ahora procesado como “un alto cargo del PSOE de Álava que acaba de ser nombrado consejero de Caja Vital por el PSOE vasco”. García Hidalgo es un cargo importante del PSE en Álava, concretamente su secretario de Organización o número dos, pero no ostenta ningún cargo en Caja Vital. El PSE intentó meterlo en el consejo de esta caja esta pasada primavera pero no lo consiguió.

El documento del PP se titula: El jefe directo de los imputados por colaboración con ETA era Rubalcaba. Luego se precisa que “la cúpula policial del Ministerio de Rubalcaba será enjuiciada por el chivatazo a ETA durante la tregua”. Y se remarca que el juez Ruz ha encontrado hasta 12 indicios de colaboración con la organización terrorista, revelación de secretos y encubrimiento.

El PP está personado en este caso. Y en el afán por culpar a Rubalcaba de este chivatazo, el PP también le achaca en ese mismo argumentario que intentó “tapar por todos los medios el caso Faisán” al permitir que la Comisaría General de Información tardase tres días en poner el chivatazo en conocimiento de la Justicia una vez descubierto; y al cambiar al responsable de la investigación, el comisario Carlos Germán, por otro que propuso el archivo del caso y que fue posteriormente condecorado. También se le atribuye a Rubalcaba el poder para que el fiscal General del Estado intentase que se archivase el caso, que ahora ha reabierto el juez Ruz. En ese frente de acusaciones, el PP incluye que la cinta de vídeo de seguridad que se grabó ese día en el entorno del bar Faisán tuviese un corte de tres minutos y que la Guardia Civil dijese que esos cortes “fueron accidentales”.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz es un varapalo muy duro para los dos mandos policiales y el alto cargo de Interior y es efectivamente un grave escollo político para la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba, que el sábado fue proclamado. Pero en el entorno del exvicepresidente y ex ministro del Interior se insiste mucho en la tesis de que el PP no tendría caso Faisán si el candidato del PSOE no fuese ahora Rubalcaba. Pero también se aportan algunos datos a tener en cuenta sobre la táctica del PP y el auto de Ruz. Rubalcaba ha llegado a hablar hoy de “fallos jurídicos” por parte del juez y Ramón Jáuregui ha descalificado el auto como “disparatado” y “suma de indicios más bien especulativos”, por lo que cree que será revocado.

El auto del juez Ruz y el sumario no mencionan en ningún momento a Rubalcaba. Y exculpan totalmente su relevo en Interior, el actual ministro Antonio Camacho. Todos los etarras mencionados o implicados en el caso Faisán han sido detenidos y procesados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fijó su posición el 5 de octubre de 2009, tras una larga investigación policial, con tres años de conversaciones telefónicas, declaraciones de decenas de testigos e interrogatorios. La fiscalía determinó que no existían pruebas concluyentes en este caso, y reclamó su archivo.

El auto de procesamiento del juez instructor, ahora Pablo Ruz, que relevó a Fernando Grande-Marlaska, que lo activó tras una primera decisión de Baltasar Garzón de paralizarlo, puede y va a ser recurrido por los tres afectados y posiblemente la propia fiscalía. Es decir, y desde el punto de vista judicial, no es la posición final. El primer recurso será ante el propio juez, y probablemente no prosperará. Pero el siguiente será ante la sala, que preside el juez Alfonso Guevara, y que tiene más visos de salir adelante en el aspecto de eliminar la acusación de colaboración con banda armada, el delito por el que está radicado el caso en la Audiencia Nacional. Si eso es así, el caso pasará a ser tramitado en un juzgado de Irún y perderá su atractivo mediático, pero eso será ya en otro momento político.

El juez asume en su relato del auto las tesis del equipo de investigación dirigido por el policía Carlos Germán, que formaba parte del operativo frustrado por el chivatazo, y que se basa en las declaraciones de un supuesto intermediario en la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa. Pero el relato de Elosúa es muy complicado y está lleno de lagunas y situaciones absurdas. En resumen, Elosúa confiesa que el día del chivatazo recibe en su bar tapadera de Irún una llamada (presuntamente del jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, a través del comisario José María Ballesteros) para alertarle de que estaba a punto de ser detenido por la policía, pero no se escapa. En esa llamada le recomiendan no llamar desde su coche porque lo tenía infectado de micrófonos, y lo primero que hace cuando cuelga es ir a su coche y relatar el chivatazo.

Una de las razones de la llamada era avisar a su vez a un dirigente histórico del PNV Gorka Agirre de su posible detención. Y en esa secuencia de los hechos, el alto mando policial acusado habría preferido esta peligrosa vía indirecta mejor que llamar al político directamente. Agirre, que falleció hace un par de años, nunca fue detenido y fue exculpado judicialmente de esta causa. Eso sí, el 29 de junio de 2006, Agirre tuvo que depositar una fianza de 30.000 euros para permanecer en libertad tras ser interrogado e imputado en primera instancia por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Garzón rebajó esa fianza a 12.000 euros. Dos años después, Agirre volvió a ser citado ante Garzón y negó que jamás hubiera actuado como mediador del impuesto revolucionario de ETA.

Joseba Elosúa, pese a la alerta de que iba a ser detenido, siguió viviendo en su casa, hasta que unos días después fue detenido efectivamente por la policía. Ahora, varios años después, Elosúa no ha sido capaz de identificar en las ruedas de reconocimiento al supuesto policía que le entregó el teléfono desde el que se le avisó del ya famoso caso Faisán.