La Junta recupera las actas que exigió la juez del 'caso ERE'

La Junta de Andalucía ha recogido esta mañana las actas de los consejos de Gobierno de una década que le exigió Mercedes Alaya, la juez que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). La juez, en contra de la opinión de la fiscalía, obligó a custodiar en el juzgado la documentación del Ejecutivo para evitar alteraciones. La pasada semana, la Audiencia de Sevilla recriminó la medida.

La magistrada ordenó el pasado 4 de abril a la Junta el envío en un plazo de 72 horas de todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 porque barajaba "la hipótesis" de que el Ejecutivo podía alterarlas.

El Ejecutivo planteó un conflicto jurisdiccional en cuanto Ayala reclamó todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, la fecha en la que la Junta, a través de un convenio, comenzó a pagar las prejubilaciones de los trabajadores de empresas en crisis. La petición enfrentó al Ejecutivo con la magistrada. La Junta mantiene que las actas son reservadas, pero sobre todo, opina que solo el Ejecutivo tiene la potestad, según la ley autonómica del Gobierno, de decidir si levanta la reserva.

La investigación interna de la Consejería de Empleo ha detectado al menos la presencia de 72 personas intrusas, de un total de 5.982 trabajadores, que recibieron ayudas sin tener derecho a las mismas. También hay 111 personas cuya presencia en los ERE presentan dudas. El dinero público defraudado asciende a nueve millones de euros, según la Junta.

El armario que ayer abrió la Junta guardaba 11 sobres lacrados con las actas. 30 meses después de que Alaya iniciara la investigación del mayor fraude detectado en Andalucía aún no hay ninguna investigación cerrada.