Cospedal logra un ahorro simbólico en su recorte de organismos de control

Supresión de cargos e instituciones. Es la receta para atajar el desempleo de Castilla-La Mancha que la presidenta electa de la comunidad, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, presentó ayer en la primera sesión del debate de investidura. Firmemente decidida a librar “una lucha sin cuartel contra el paro masivo y la rampante precariedad laboral”, la dirigente popular centró su discurso en explicar las principales medidas del plan de “austeridad y eficacia” que quiere implantar en la región en cuanto tome posesión del cargo.

Cospedal anunció que “saneará y después privatizará” la radiotelevisión autonómica —una decisión que compete al Congreso de los Diputados, ya que el ente público está regulado en una ley nacional—, que cuesta 42 millones al año. Pero su propuesta estrella del día fue que terminará con las instituciones del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social, tres órganos consultivos de control del gobierno regional. La secretaria general de los populares puso también en cuarentena la existencia de la Sindicatura de Cuentas (uno de los organismos de los que más se fiaba el anterior Gobierno socialista de José María Barreda), hasta que se estudie su viabilidad.

En el entorno del PP explican que si su secretaria general ha decidido prescindir de estas instituciones —en lo que supondría uno de los primeros casos de intento de devolver competencias autonómicas al Estado central— es porque los ciudadanos no se verán perjudicados por su desaparición y porque supone un ahorro.

El PSOE calcula que las medidas anunciadas solo ahorran el 0,07% del presupuesto regional

Los altos cargos de la Junta no escapan a los recortes previstos en el plan de equilibrio fiscal y financiero de Cospedal. En la nueva legislatura se suprimirá el 60% —22 direcciones generales y 30 delegaciones provinciales— y la mitad de los puestos de libre designación. El PP no ofreció datos de ahorro de estas medidas.

El PSOE, sobre la base de los presupuestos actuales, calcula que todas estas medidas solo ahorrarán seis millones de euros, el 0,07% del Presupuesto regional (8.600 millones de euros).

En un discurso centrado en reivindicar la estabilidad presupuestaria y en frenar el paro y el déficit, la presidenta in pectore de Castilla-La Mancha anticipó que su Gobierno establecerá un techo de gasto y endeudamiento que será fijado anualmente por las Cortes de la comunidad. Otra de las novedades que avanzó fue la creación de una oficina de control presupuestario, que se encargará de examinar la distribución del gasto y de los contratos de la Junta y que supervisará ella misma. Pese a estar en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cospedal no olvidó el cargo que ocupa en la dirección general del PP y no se resistió a cargar las tintas sobre la “incapacidad económica” del Ejecutivo central. Para la “completa recuperación de Castilla-La Mancha” será necesario que “España deje atrás el calvario al que la somete un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias”, dijo, y emplazó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero a convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal.

Cospedal anuncia que su nuevo Gobierno de establecerá un techo de gasto y endeudamiento

Durante casi la hora que ha durado su discurso, Cospedal apenas dedicó tiempo a explicar la aplicación de medidas estrella, como la reducción de impuestos, que el PP había prometido en la campaña electoral. Avisó de que habrá que esperar a la segunda parte de la legislatura para disfrutar de las rebajas fiscales, porque la prioridad ahora está “en el saneamiento de las cuentas públicas”. En esta línea, lamentó que el desarrollo de las infraestructuras que había prometido también deba supeditarse a la mejora de los problemas financieros.

Cospedal pasó de puntillas por el tema del agua, un asunto controvertido en el seno de su partido. Aludió a la “necesidad de realizar infraestructuras hidráulicas que garanticen el agua en la comunidad y en el resto de España”, pero no mencionó el trasvase Tajo-Segura que demanda el presidente de Murcia y compañero de partido, Ramón Luis Valcárcel, o Francisco Camps y el PP de Valencia.

Al final de su discurso, Cospedal mostró su “plena disposición al diálogo” y resaltó que los castellanomanchegos, por su ubicación geográfica, son “doblemente españoles”. Fue muy aplaudida por los diputados del PP. Los socialistas recibieron su discurso en silencio. A la espera de la réplica que hoy ofrezca Barreda, el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, avisó de que Cospedal ocultó otros recortes en servicios públicos.