¿Por qué medir la forma de moverse en las ciudades?

Uno de los postulados principales de la gestión —que bien puede aplicarse a la pública— es que aquello que no se mide no se puede gestionar, ni mejorar. Sin medición de los avances y retrocesos ¿cómo saber dónde invertir mayores esfuerzos? ¿Cómo conocer en qué ámbitos se alcanza un buen desempeño y en cuáles no? ¿Cómo evaluar sin la monitorización de los resultados obtenidos? Y lo que puede resultar aún más complicado, ¿cómo establecer parámetros o referentes que permitan definir en qué aspectos se alcanzan buenos resultados y cuáles requieren mayor inversión o atención?

Estas son preguntas cada vez más frecuentes a las que se enfrentan administraciones públicas y entidades privadas o del tercer sector cuando quieren definir políticas, estrategias y formas de intervención en las ciudades, especialmente en un momento en el que se busca alcanzar altos estándares de calidad de vida, cuidar de la salud de la población y generar condiciones de vida alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las agendas urbanas nacionales o globales. Desarrollar un sistema que permita responder a estas preguntas para enfrentar los desafíos de las ciudades del siglo XXI es uno de los objetivos del Índice de Movilidad Sostenible (IMSCE), promovido por Idencity, transforming Cities, con el apoyo de una alianza público-privada en la que participan el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ALSA, Áreas, Ametic, Correos, Edinor, FCC, Fundación ONCE, Ibil, Mobility City, VadeBike y Renfe.

El IMSCE es una herramienta de análisis, medición, monitoreo y evaluación que permite conocer el comportamiento de 82 ciudades de toda España y siete Áreas de Transporte Público Integrado (ATPI) a través de 138 indicadores que se encuentran agrupados en seis dimensiones clave para analizar la movilidad sostenible.

Esta es uno de los vectores clave de las economías y las ciudades modernas, ya que permite la circulación de personas, bienes y mercancías, conectando lugares y haciendo posible la vida en las ciudades, tal y como la conocemos. Pero los sistemas de movilidad se transforman y adaptan a los tiempos, circunstancias y necesidades de cada época, lo cual los convierte no solo en dispositivos funcionales, sino también en agentes de cambio urbanístico, cultural, económico y medioambiental que, en el momento actual, se encuentran permeados por las tecnologías de la información y la comunicación, nuevos modelos de negocio vinculados a formas de movilidad compartida y un cambio de paradigma que propugna por modelos de movilidad más inclusivos y accesibles, al tiempo que menos contaminantes, tal como queda reflejado en la estrategia de la Comisión Europea.

Los sistemas de movilidad se transforman y adaptan a los tiempos, circunstancias y necesidades de cada época, lo cual los convierte no solo en dispositivos funcionales, sino también en agentes de cambio.

En este momento de cambio, de apuesta colectiva por conseguir ciudades más vivibles y sostenibles, pero también de incertidumbre sobre el devenir y el impacto de las decisiones que administraciones, empresas y ciudadanía toman sobre los sistemas, la oferta y la demanda de movilidad, es necesario que esta visión del futuro se aterrice y desarrolle a través de políticas públicas. Además, son fundamentales las estrategias que se estructuren incorporando indicadores de rendimiento que permitan establecer una línea de base, así como la monitorización y evaluación constante de su evolución para determinar si se está avanzando en la dirección esperada o si es necesario actuar para cambiar de rumbo.

De esta manera, los resultados arrojados por el Índice de Movilidad Sostenible (IMSCE) más que estar abocados a la construcción de un ranking, están diseñados para ser una herramienta útil en la toma de decisión para la formulación de políticas públicas, ofreciendo un conocimiento específico y detallado de cada ciudad analizada con datos públicos, fiables y analizados a partir de “umbrales de rendimiento”. Es decir, identificando los estándares de cumplimiento marcados por organismos internacionales, nacionales o institucionales académicas para determinar si los resultados de cada ciudad se acercan o alejan de los valores ideales establecidos.

Cuando esto no es posible, el valor de referencia se establece a partir del rendimiento del universo de estudio. De este modo, la evaluación no responde a criterios aleatorios, cambiantes o arbitrarios, sino que se alinea con principios, normas y pautas claras y transparentes. Así mismo, hace comparables los resultados entre ciudades al utilizar fuentes homogéneas y aplicar las mismas metodologías al universo de estudio, generando una comunidad de aprendizaje urbano, transparente con la ciudadanía. En últimas, se trata de una herramienta para fortalecer el gobierno urbano y que impulsa la veeduría ciudadana hacia la construcción de ciudades más sostenibles.