Un hito para la justicia de Berta Cáceres

A un mes de cumplirse seis años de su muerte, el legado de Berta Cáceres y las investigaciones sobre su asesinato aún siguen en marcha. Justamente, uno de los hitos se dio en agosto de 2021, cuando el fallo de la Fiscalía de Honduras condenó a David del Castillo como autor intelectual del crimen. Dicha victoria llegó mucho después del homicidio de la ganadora del premio Goldman Sachs (el equivalente al Nobel de Medioambiente), quien se oponía a la construcción de la represa Agua Zarca en las tierras ancestrales de la comunidad Lenca, en la zona occidental del país. Sin embargo, las amenazas a estos activistas no cesan. En 2020, Honduras registró 17 asesinatos de defensores, según Global Witness, una organización que monitoriza los delitos de esta índole. Este es el quinto país más peligroso del mundo para la defensa de las comunidades indígenas, los ríos, los bosques y su fauna.

En 2018, siete hombres fueron condenados por ser parte del grupo armado que persiguió, intimidó, acosó y terminó quitando la vida de Cáceres mientras batallaba por los derechos del pueblo lenca. La construcción de la presa obligaba a la comunidad a desplazarse de su río sagrado, el Gualquerque.

Hasta la fecha, en Honduras no había sido condenado nunca un alto cargo empresarial por un crimen relacionado con una defensora del medio ambiente. David Castillo Mejía fue el presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos (DESA), constructora encargada del macroproyecto contra el que luchaba Cáceres y el primero en acatar esta condena. Castillo era ingeniero electrónico de formación y tenía un pasado militar en Estados Unidos.

Sin embargo, esta victoria judicial para la defensa de la reconocida líder es considerada como agridulce para los miembros del Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Nosotros no consideramos a David del Castillo como un autor intelectual, sino un coautor material, con las mismas responsabilidades que el operativo militar que asesinó a Berta”, explica Camilo Bermúdez del COPINH, organismo al que pertenecía la activista asesinada. También asegura que Castillo no pudo actuar al margen de la dirección de la empresa en un tema tan delicado.

La impunidad de quien tiene el poder político y económico

La familia Atala Zablah, propietaria de DESA, tiene presencia en el sector de la banca y es parte de la élite económica cercana al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos ha retirado el visado por su presunta vinculación al narcotráfico. Para Bermúdez, los hermanos José Eduardo, Jacobo y Pedro Atala Zablah están en la cúspide del operativo para terminar con la vida de Berta Cáceres y no quiere descansar hasta que sean investigados por la justicia. Una opinión que comparte la eurodiputada Tilly Metz, directora de la Delegación por las Relaciones con América Latina y el Caribe, quien habla de la gran influencia política y económica de esta familia en el país centroamericano. Metz fue tajante: “La condena de un directivo de una empresa en la historia de Honduras y el fin de la sensación de impunidad de quien está en el poder son hechos sin precedentes”.

La condena de un directivo de una empresa en la historia de Honduras y el fin de la sensación de impunidad es un hecho sin precedentes

En estos últimos meses, más de 50 eurodiputados han emprendido acciones de presión al Gobierno de Honduras, como la firma de una carta para pedir transparencia internacional en el juicio a David del Castillo. Además, tras varias visitas a Honduras, Metz ha investigado la relación de un banco holandés y otro finlandés con la financiación de la presa hidroeléctrica en Aguas Zarcas en el río Gualcarque. “Tras extenderse la noticia de la muerte de Berta Cáceres, en 2017 algunos de estos fondos internacionales anunciaron que iban a retirarse, ¿pero realmente lo hicieron? Desde la Comisión estamos introduciendo diligencias para averiguar si empresas europeas no respetan determinadas líneas rojas”, cuenta la eurodiputada mediante una llamada de Zoom.

Varias organizaciones sociales y medios de comunicación calificaron el asesinato como feminicidio: “Amenazaron a sus hijos, investigaron su vida personal, a su antigua pareja sentimental o sobre quién podía ser su amante”, comenta el miembro del COPINH. En el año 2015, cuando Cáceres era la principal voz por la consulta de las comunidades por el proyecto de Aguas Zarcas, fue el propio David del Castillo quien se reunió e intercambió mensajes de texto para negociar su postura y con la finalidad de controlar dónde se encontraba.

“Castillo intentó mostrarse como un amigo al inicio, como un caballero y se acercaba como un mediador. Sin embargo, Berta sabía con el tipo de persona que estaba hablando. No era ingenua. Después informaba a sus superiores de todo lo que obtenía”, explica Bermúdez por teléfono. Otra muestra de la violencia que vivió por ser mujer fue que los sicarios intercambiaron mensajes entre ellos con comentarios despectivos como “perra” o amenazas brutales como “te vamos a secuestrar, antes te vamos a violar”. En un primer momento, la fiscalía hondureña definió el asesinato de Berta como un “lío de faldas” porque ella había pasado la noche con un compañero en su casa, aludiendo que su pareja había cometido el crimen machista.

La huella profunda que dejó Berta Cáceres

Para muchos, Berta Cáceres no murió, sino que se multiplicó y su historia transcendió al mundo. Sus compañeros la recuerdan como una mujer con un carácter fuerte, con las ideas claras y capaz de vivir sin miedo a pesar de todos los peligros. Además, tenía un gran sentido del humor, le gustaba reírse, bromear y bailar. Camilo Bermúdez atesora en su memoria imágenes de la activista por el medio ambiente que era muy querida en las comunidades: “Siempre se despertaba temprano, bebía su café (le gustaba mucho beber café), se iba a hablar con mucha gente y volvía tardísimo. Eran jornadas extensas, pero que ella disfrutaba mucho. Tenía mucha batería”.

En el 2021, el Parlamento Europeo le otorgó de manera póstuma el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades de la talla de Nelson Mandela. La eurodiputada por el grupo Verde, aclara que este reconocimiento también quiere poner sobre la mesa todos los peligros a los que se enfrentan quienes defienden el agua, las tierras ancestrales y la vida. “Además del de Berta, hay cientos de casos como los asesinatos a líderes comunitarios garífunas en el norte de Honduras u otros miembros del COPINH asesinados”, termina Metz enumerando casos que ha encontrado en las delegaciones parlamentarias en el país centroamericano.

Para organizaciones como el COPINH, la elección en Honduras de Xiomara Castro como primera presidenta en su historia y la vuelta a un Gobierno de centroizquierda supone un halo de esperanza. La organización indígena se reunió a finales de enero con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lucky Medina, y con Castro para hablar del caso de Berta Cáceres y exigir mejores medidas de protección para los defensores del medio ambiente y los líderes comunitarios. Una de las expectativas es que el Estado se haga cargo de traer el agua corriente, alumbrado o escuelas a regiones donde no hay y que no sea la iniciativa privada de empresas quienes se encarguen de ello. Además, las organizaciones desean que se cumpla la Constitución hondureña que obliga a la consulta libre e informada de las comunidades ancestrales.

Para Bermúdez todavía está en juego detener por completo el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica, porque aunque las obras están paralizadas, la concesión que otorgó el anterior presidente a la familia Atala sigue vigente. Al igual que espera avances durante el juicio a Cáceres para llegar a lo más alto de la cadena de responsabilidades y que de esta manera no vuelva a repetirse nada igual. Este es un caso que puede sentar un precedente para que líderes indígenas, ambientalistas y los defensores de los derechos humanos hagan su trabajo en paz.