Maltratados y deportados: Human Rights Watch acusa a Líbano y a Chipre de impedir a refugiados sirios entrar en Europa

Yusuf, un sirio de 25 años que huyó de su país hace 11, ha intentado al menos ocho veces llegar a Chipre desde Líbano. En una ocasión, las autoridades chipriotas le enviaron de vuelta a Líbano. En el último de sus intentos, el pasado 17 de agosto, los militares libaneses le deportaron a Siria, donde asegura que grupos armados le pidieron 1.500 dólares para ayudarle a cruzar de nuevo la frontera. Un pariente los pagó por él. “No puedo regresar a mi casa, ni quedarme en Líbano, ni marcharme a otro lugar.”, explica a la ONG Human Rights Watch (HRW). “Las autoridades libanesas tampoco nos dejan trabajar o si nos dejan, nos confiscan gran parte del dinero y nos privan de nuestros derechos. No veo a mi familia desde que llegué a Líbano, pero Siria es muy peligroso, sé que si vuelvo me detendrán”, agrega.

El joven es uno de los 16 sirios entrevistados por esta organización para elaborar un informe publicado este miércoles en el que denuncian que las autoridades libanesas y las chipriotas trabajan conjuntamente para evitar que los refugiados lleguen a Europa y llegan incluso a reenviarlos a Siria, pasando por alto el peligro que esto conlleva para sus vidas.

HRW subraya que estas expulsiones sumarias incumplen las obligaciones contraídas por “Líbano como parte en la Convención de la ONU contra la Tortura y, en virtud del principio de no devolución del derecho internacional consuetudinario, de no devolver a personas a países donde corren el riesgo de sufrir tortura o persecución”.

En el caso de Chipre, está obligado además por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe este tipo de expulsiones colectivas. Pero HRW denuncia que este país ha rechazado a los refugiados sirios desde 2020 y, desde finales de 2023, ha pedido a la UE que declare partes de Siria seguras para el retorno de los refugiados. En abril, Chipre anunció que había suspendido los procesos de asilo para todos los sirios que se encontraban en su territorio.

Además, la ONG denuncia que la Unión Europea “ayuda a pagar las facturas” de Líbano, otorgándole fondos destinados principalmente a mejorar su capacidad de frenar la migración irregular. En mayo, por ejemplo, le asignó un paquete de asistencia de 1.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, que incluía equipos y formación para las “Fuerzas Armadas libanesas y otras fuerzas de seguridad para la gestión de fronteras y la lucha contra el contrabando”.

“La UE no puede seguir optando por financiar a las fuerzas de seguridad libanesas sin garantizar o sin monitorear que se respetan los derechos humanos y cerrando los ojos ante los abusos”, apunta a este diario Nadia Hardman, investigadora de HRW. Según la experta, en la elaboración de este informe han comprobado “flagrantes violaciones” de los derechos humanos, comenzando por impedir que las personas busquen protección en otro lugar y devolviéndolas al país del que huyeron, donde su vida corre peligro. “La UE no puede hacer recaer en terceros países esta responsabilidad y seguir financiándolos para que los refugiados se queden y no vayan a Europa”, insiste Hardman,

El informe defiende la necesidad de poner fin “a todas las medidas abusivas e ilegales que atrapan a las personas en el Líbano” y el establecimiento de “mecanismos directos e independientes para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en estas operaciones de control fronterizo”. Porque según la ONG, esta situación es un círculo vicioso: “un enfoque inhumano de contención de la migración solo exacerba los abusos de los derechos humanos que hacen que aumenten los viajes irregulares”.

Deportados a Damasco

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que en Líbano hay registrados 780.000 sirios refugiados. HRW apunta que desde que empezó la guerra en Siria en 2011 llegaron al país vecino 1,5 millones. Líbano es el país del mundo con mayor número de refugiados con respecto a su población, que ronda los 5,3 millones. Desde 2019, una grave crisis económica castiga al país y, según la ONU, un 80% de la población libanesa vive hoy en la pobreza. En el caso de los sirios, a la miseria se suman las trabas administrativas, ya que solo el 20% de ellos tiene residencia legal en Líbano. HRW considera que el país debe reformar las normas para que los sirios puedan regularizar su situación en el país.

Todo esto hace que la opción para muchos sea marcharse y las costas más cercanas son las de Chipre. Según cifras de ACNUR citadas en este informe, en 2021, este organismo registró 38 intentos de cruzar a Europa desde Líbano, en los que participaron unas 1.570 personas. En 2023, llegaron a 65 intentos con casi 4.000 personas. En estos barcos iban sobre todo sirios, pero también algunos palestinos y libaneses.

Los 16 sirios entrevistados por HRW intentaron salir de Líbano ilegalmente entre agosto de 2021 y septiembre de 2023. La ONG verificó fotografías y videos enviados directamente por los refugiados, accedió a datos de rastreo de aeronaves y embarcaciones para corroborar los relatos de los entrevistados.

Nawal huyó de Siria con su esposo y sus siete hijos en 2013. En julio de 2023, agobiados por las dificultades, se montaron en un barco clandestino con destino Chipre, pero las autoridades de este país les detuvieron y, después de mantenerlos retenidos dos días, los expulsaron a Líbano, donde el ejército de este país los deportó a Siria. “Diez años después de huir de la guerra, Nawal y su familia terminaron en Damasco, pero tuvieron la suerte de ser liberados días después y lograron pagar a los traficantes para que regresaran al Líbano en agosto de 2023″, explica el informe.

Antes morir que volver

Tras recibir las conclusiones de HRW, Francisco Joaquín Gaztelu Mezquíriz, director general de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación en la Comisión Europea, respondió admitiendo que eran “conscientes de los informes de posibles violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario por parte de agentes de seguridad libaneses” y que “recordaba periódicamente a sus homólogos libaneses la importancia de respetar el principio de no devolución, así como las garantías procesales en los casos de refugiados”.

Ocho de los entrevistados por HRW se encontraban en un barco que transportaba a unos 200 pasajeros y que se hundió tras zarpar del norte de Líbano el 31 de diciembre de 2022. En el rescate participaron el ejército libanés y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano.

Uno de los pasajeros era Marwán, de 43 años y nacido en la ciudad siria de Alepo. “No nos explicaron nada, no respondían a nuestras preguntas. Me obligaron a subir en un barco del ejército libanés, donde había gente gritando que prefería morir a volver. Dijimos que si nos deportaban a Siria saltábamos del barco, pero nos dijeron que no nos expulsarían”, recuerda. Pero varios de ellos, Marwán incluido, fueron enviados de vuelta a su país de origen, mojados y descalzos desde su detención, y los más afortunados pudieron pagar a mercenarios para regresar a Líbano.

Los entrevistados por HRW aseguran que las autoridades libanesas y chipriotas hacen uso excesivo de la fuerza, les golpean, insultan e inmovilizan contra el suelo. También algunos denunciaron que confiscaron sus documentos de identidad y teléfonos y no se los devolvieron.

El ministro del Interior de Chipre, Konstantinos Ioannou, respondió a las preguntas de HRW recordando que su país y Líbano firmaron un acuerdo mutuo “sobre la gestión de los casos de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en Chipre”, confirmó que “se produjeron varios casos en los que se interceptaron embarcaciones y se enviaron de vuelta al Líbano” y que las instituciones europeas “fueron informadas de esta práctica”.

En respuesta a HRW, las fuerzas de seguridad libanesas argumentaron que las personas detenidas son informadas de sus derechos y “no hay malos tratos físicos ni verbales contra ellos” y que no recibieron “ninguna denuncia” en este sentido durante los arrestos que han realizado.

La Dirección General de Seguridad del Líbano, que controla las entradas y el estatus de residencia de los extranjeros, informó de la detención o devolución de 821 sirios en 15 embarcaciones que intentaban salir del país, entre enero de 2022 y agosto de 2024. Este organismo de inteligencia admitió que la última vez que se coordinaron con Chipre para una operación migratoria fue el 17 de abril de 2024, cuando recibieron de vuelta a 224 pasajeros de tres embarcaciones clandestinas. Un total de “65 personas que fueron devueltas a Siria en coordinación con el ejército libanés por haber entrado ilegalmente en Líbano”, explicaron.

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