Los periodistas kenianos denuncian la brutalidad policial durante las protestas contra el Gobierno

La reciente ola de protestas contra el Gobierno en Kenia ha traído consigo importantes ataques policiales contra los periodistas que cubrían estas manifestaciones, denuncian reporteros y organizaciones de defensa de la libertad de prensa. “Llevo 10 años cubriendo protestas, pero nunca me había sentido tan inseguro como ahora”, explica por teléfono a este diario Duncan Maiche, que trabaja para una emisora de radio local, Waumini Radio, y para un medio de comunicación local tanzano.

Cuando comenzaron, en junio de este año, las manifestaciones criticaban la subida de impuestos incluida en una nueva ley tributaria, que fue retirada después de que los manifestantes invadieran el Parlamento. El presidente William Ruto, que llegó al poder en agosto de 2022, renovó su gabinete ante la presión de las calles que pedían también su dimisión, pero mantuvo en el cargo a gran parte de los mismos funcionarios, lo que alteró aún más los ánimos de los jóvenes en las calles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, por sus siglas en inglés) calcula que al menos 60 personas han muerto y 601 han resultado heridas en enfrentamientos con la policía y otros miembros del personal de seguridad, y 1.376 han sido detenidas. El organismo ha registrado además 66 casos de personas que se cree que han sido secuestradas o han desaparecido desde que comenzaron las protestas.

El 25 de julio, los periodistas kenianos salieron a la calle para manifestarse, condenando y exigiendo responsabilidades por el aumento de las agresiones contra los informadores, después de que la reportera Catherine Wanjeri resultara herida por una bala de goma en la pierna pese a ir identificada con un chaleco de prensa. Reporteros sin Fronteras (RSF) hizo pública una declaración en la que condenaba los ataques selectivos contra periodistas kenianos y solicitaba que el caso de Wanjeri se investigara. “Pero no se han exigido responsabilidades a ningún agente de policía por este caso”, dice a este diario Arnaud Froger, director de Investigaciones de RSF.

Para él, este incremento de las agresiones contra periodistas no supone una sorpresa. “Las señales han estado ahí en los dos últimos años, en los que hemos presenciado abiertamente la brutalidad policial contra los periodistas”, dijo. “Está claro además que no hay rendición de cuentas en lo que concierne a la conducta policial y eso significa que los periodistas de Kenia deben estar preparados”, lamentó.

Según Maiche, en las protestas más recientes, el 8 de agosto, la policía empleó toda su fuerza contra periodistas de medios de comunicación locales e internacionales. “Un compañero perdió parte de su equipo, otro colega resultó herido por un bote de gas lacrimógeno... A mí me golpeó un objeto duro y necesité que me prestaran atención médica”, narra. “Preguntamos a los agentes por qué agredían a los periodistas, que iban vestidos con chaquetas que les identificaban como miembros de la prensa. No querían ver grupos de periodistas; nos convertimos en su enemigo”, agrega.

¿Una referencia regional?

El Consejo de Medios de Comunicación de Kenia, una institución nacional independiente, ha declarado a este diario que documentó unas 30 agresiones contra periodistas desde que comenzaron las protestas en junio. Según Dinah Ondari, una de las responsables de este organismo, la mayoría de los casos implican detenciones, agresiones físicas y también ataques en internet. “Hemos emitido declaraciones e involucrado a diversas partes interesadas; hemos escrito a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA, por sus siglas en inglés), al Servicio Nacional de Policía y a otros organismos relacionados para que se investiguen los casos denunciados y se lleve a los delincuentes ante la justicia”, señala.

Muthoki Mumo, coordinador del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), confirma en un correo electrónico que el organismo ha documentado “varios incidentes” en los que los agentes de seguridad agredieron o amenazaron a periodistas que cubrían protestas en Kenia desde junio. “Seguimos investigando numerosas denuncias de que la policía ha agredido, detenido e intimidado a informadores que informaban sobre las revueltas”, añade. “Esta pauta de agresiones contra periodistas que se limitan a cumplir con su deber al informar sobre un asunto de interés público es un hecho sumamente lamentable para un país que hasta ahora se consideraba un bastión regional de la libertad de prensa”. Kenia se sitúa este año en el puesto 102 (de 180) en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. El año pasado obtuvo el puesto 116, una caída respecto al puesto 69 de 2022.

Cecilia Ngunjiri, periodista independiente, es otra de las profesionales que ha resultado herida al cubrir las protestas. La mujer fue golpeada en la espalda con un enorme palo de madera por la policía y las imágenes circularon por las redes sociales como ejemplo de la brutalidad contra los reporteros. “Nos perseguía la policía. Yo corría despacio y me alcanzaron”, recuerda Ngunjiri por teléfono.

El caso de Macharia Gaitho, un veterano periodista keniano de 65 años, provocó especial zozobra en el país. Este informador denunció que la policía le retuvo ilegalmente durante algunas horas, según él, debido a una columna crítica con el Gobierno que escribió en el diario local Daily Nation. Gaitho explicó que un vehículo les cortó el paso cuando circulaba con su hijo y que llevado con fuerza al interior del coche, en el que había cuatro hombres que no se identificaron. Su hijo lo grabó y lo publicó en redes sociales. Horas después, tras dar varias vueltas por la ciudad en el vehículo, fue liberado en el mismo punto en el que fue arrestado. La policía argumentó que hubo un error de identificación.

Gaitho cree que la libertad de prensa en Kenia está gravemente amenazada y que pueden estar aplicándose métodos anticonstitucionales para silenciar a los medios de comunicación. “Debemos empezar a exigir responsabilidades a los individuos del Gobierno que amenazan nuestras libertades. Si hay casos de periodistas golpeados, acosados o intimidados, los medios de comunicación deben unirse y colaborar para identificar a los culpables y demandarlos”, pide.

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