La paz y el futuro de Ein el Hilweh, el gran campo de refugiados palestinos de Líbano, unidos al destino de Gaza

Pintar para no olvidar la historia. “Y para contar, a través del arte, lo que el pueblo palestino está atravesando”, explica, con gesto serio, Rahif Almeari. A sus 13 años, es seguramente el artista más joven de Ein el Hilweh, el mayor campo de refugiados de Líbano, considerado una especie de capital de la comunidad palestina en este país. En trozos de madera, el adolescente, nieto de un carpintero que fue expulsado de su casa en 1948, tras la creación del Estado de Israel, pinta los símbolos de la tierra natal de sus abuelos. “Israel quiere borrar nuestra cultura, pero es mi deber como artista pintar los olivos y la kufiya [el pañuelo palestino] para contar a los europeos y a todos los extranjeros quiénes somos”, explica.

Los 60.000 habitantes de Ein el Hilweh, escenario de frecuentes enfrentamientos entre facciones, siguen con dolor y miedo las noticias que llegan de Gaza porque sienten que su supervivencia y futuro están ligados, más que nunca, a lo que sucede en la Franja. “Con lo que estamos sufriendo, no tiene ningún sentido que nos enfrentemos entre nosotros”, señala Rahif Almeari, mostrando las huellas de los agujeros de bala en su habitación. Son el recuerdo del último estallido de violencia en el campo, que comenzó el pasado verano, tras el asesinato del general Abu Ashraf al Armushi, un alto mando del movimiento nacionalista palestino Al Fatah, partido al que pertenece el Gobierno palestino presidido por Mahmud Abbas. Su muerte fue atribuida a milicias radicales, vinculadas ideológicamente a grupos yihadistas como el Estado Islámico o Al Nusra, que a lo largo de los años han encontrado refugio en Ein el Hilweh.

En esa ola de enfrentamientos entre grupos vinculados a Al Fatah y movimientos más extremistas murieron al menos 11 civiles y más de 40 resultaron heridos. “Atacaron el corazón del brazo militar de Al Fatah con la intención de debilitarnos políticamente”, dice a este diario Yusef Zraihy, responsable del partido en la región sur del Líbano.

Pero la guerra en Gaza puso fin a estos combates internos y a mediados de octubre las milicias rivales lograron un acuerdo tácito para dejar las armas. Las conversaciones avanzan con la mediación del Gobierno libanés, pero los habitantes de Ein el Hilweh temen que una futura tregua en la Franja signifique el retorno de la violencia en el campo. La vida en sus calles lleva paralizada desde hace casi siete meses y los bombardeos y cifras de muertos en Gaza impregnan las conversaciones diarias en el mercado y los rezos, en medio de una impotencia general por no poder prestar ayuda a sus compatriotas en la Franja.

“Todos los ojos están puestos en Gaza y la situación política y de seguridad en los campamentos es tranquila. Sin embargo, temo que cuando la guerra termine pueda estallar un nuevo conflicto”, opina Samer Mannaa, activista palestino. “Y quien controle Ein el Hilweh controlará la comunidad refugiada”, zanja.

Ein el Hilweh está situado a pocos kilómetros de la costera Sidón, ciudad en el sur del Líbano. Es el mayor de los 12 campos de refugiados creados en este país tras la Nakba, “catástrofe” en árabe, la expulsión forzada de sus hogares en 1948. Actualmente, y según cifras de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), en Líbano hay registrados unos 500.000 refugiados palestinos (los expulsados hace más de 70 años y sus descendientes). Pero la misma agencia de la ONU estima que realmente en el país no viven más de 250.000, ya que el resto emigró. De este total, unos 200.000 reciben anualmente ayuda de esta entidad, que calcula que un 80% de los refugiados palestinos vive por debajo del umbral de pobreza.

Mil agujeros de metralla

Con la mirada fija en un libro abierto sobre sus rodillas, Rahif Almeari aguarda delante del pequeño puesto de dulces que su familia regenta ante la puerta de su vivienda. Toda la calle, desde el metal del mostrador del comercio hasta el cartón que lo protege del sol, están desdibujados por mil agujeros de metralla, un paisaje que forma parte ya de la normalidad del campo. El chico se marcha a buscar las llaves pesadas y oxidadas de las puertas de las casas en las que vivieron sus abuelos hasta 1948, el recuerdo que los refugiados palestinos y sus descendientes guardan siempre preciosamente. Su padre, Hussein Almeari, que ya nació en el campo de refugiados, guarda un mapa de la tierra de su familia grabado en madera por su padre. Como él, Almeari también es carpintero y su hijo parece haber heredado esa pasión pintando con acrílico en los trozos de madera que él le prepara.

Mi deber como artista pintar los olivos y la kufiya para contar a los europeos y a todos los extranjeros quiénes somos.

Rahif Almeari, refugiado palestino

“Adoro Ein el Hilweh, es mi hogar. Por eso me duele tanto verlo así”, dice Hussein Almeari señalando las paredes. Cuando estalló la ola de violencia el pasado julio, la familia evacuó el campamento. Al regresar, a finales de octubre, la casa estaba destrozada: numerosas balas se incrustaron en las paredes y explosivos atravesaron los muros.

El hogar se sitúa en un cruce de barrios, al igual que los colegios de la UNRWA, y fueron el campo de batalla de las milicias rivales. No es la primera vez que los centros educativos de Ein el Hilweh son ocupados y destruidos, explica a este diario Dorothee Klaus, directora en Líbano de esta agencia de la ONU. “Nuestra respuesta en el pasado fue aumentar la fortificación para proteger a los niños, pero ha provocado el efecto contrario y ha convertido a las escuelas en zonas atractivas para llevar a cabo operaciones militares”, sostiene Klaus.

La UNRWA, que da empleo a 3.500 refugiados en Líbano, suministra atención sanitaria, educación, infraestructura básica, asistencia social y saneamiento. “El Gobierno que nos acoge ha dejado claro que no tiene la voluntad ni la capacidad para adoptar esta responsabilidad, ni política ni económicamente”, continúa la directora. La vida de los refugiados palestinos se rige por reglas autónomas e independientes del Estado libanés, que en 1969 —dos años después de la Guerra de los Seis Días, que provocó la segunda gran oleada migratoria de palestinos a Líbano— cedió la administración política y de seguridad de los campamentos a la comunidad palestina.

Sin derechos

Pero la aparente soberanía palestina en estos campos de Líbano no se ve acompañada de derechos. Una normativa nacional niega a los refugiados el acceso a la ciudadanía o la propiedad y también restringe la posibilidad de que ocupen posiciones en profesiones clave como la medicina, la abogacía o la ingeniería. “El Estado libanés nos priva de nuestros derechos humanos básicos. Ni siquiera somos ciudadanos de segunda, no somos ni ciudadanos”, critica Hatem Mokdade, activista independiente.

Ni siquiera somos ciudadanos de segunda, no somos ni ciudadanos.

Hatem Mokdade, activista palestino

La decepción que se siente en los campamentos también salpica a la agencia de las Naciones Unidas, acusada de inmovilismo. “No abandonamos nuestro derecho al retorno, pero ahora necesitamos electricidad, servicios básicos y resolver los problemas de corrupción. La UNRWA lleva 75 años en situación de emergencia, pero lo que nos hace falta es desarrollo”, mantiene Mokdade.

A la complejidad del fenómeno palestino, se añade la realidad de un Líbano en crisis permanente y que desde octubre libra una guerra contra Israel en su frontera sur a través de la milicia proiraní Hezbolá. A esto se suman las dificultades económicas de UNRWA, ahora agravadas por la retirada de donantes después de que Israel aseguró que 12 empleados de la agencia de la ONU en Gaza habían participado en el ataque del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes y más de 200 fueron tomados como rehenes, de los que un centenar siguen aún en manos de sus captores en Gaza.

El Congreso de Estados Unidos ha dado instrucciones al Gobierno de Biden para que no restablezca la financiación de UNRWA al menos hasta marzo de 2025. Estados Unidos es el principal financiador de la agencia, pero otros países, como España, se han desmarcado de la línea marcada por Estados Unidos y han anunciado ayudas adicionales para mantener a la agencia en funcionamiento. El Informe Colonna, una investigación independiente encargada por Naciones Unidas y liderada por la antigua ministra de Asuntos Exteriores francesa, Catherine Colonna, publicado el lunes 22 de abril, concluyó que Israel todavía no ha suministrado pruebas que sustenten sus acusaciones contra la agencia de la ONU.

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