Los refugiados de Sudán que documentan presuntos crímenes de guerra: “Debí de enterrar a cientos de personas, perdí la cuenta”

En las imagénes que muestra Faheem, los cadáveres parecen quemados, de lo negra que está su piel. Si los cuerpos se dejan bajo el sol abrasador el tiempo suficiente, automáticamente empiezan a adquirir ese aspecto, explica este cooperante de la Media Luna Roja Sudanesa, mientras ojea una interminable cantidad de fotos y vídeos de sus vecinos muertos, que almacena cuidadosamente en su teléfono. Él mismo ha tomado la mayoría de las imágenes. El hombre muestra también una secuencia filmada por un compañero, claramente a escondidas y en parte por debajo de una prenda de vestir, que muestra un cargamento de cadáveres que son arrojados a una fosa común desde la plataforma de un camión.

Faheem tomó estas fotografías en junio de 2023, cuando la capital de Darfur Occidental, El Geneina, fue atacada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y las milicias árabes afiliadas a ellas (también conocidas como yanyauid).

“En los primeros días, salíamos a la calle a recoger los cadáveres. Trabajábamos más de 12 horas al día, pero incluso así no era suficiente. Muchos estaban gravemente mutilados, porque las fuerzas de la RSF disparaban con armas de gran calibre montadas en sus landcruiser. A veces, los milicianos venían y nos sacaban de la ciudad, donde nos obligaban a enterrar los cadáveres en fosas poco profundas. Creo que debí de enterrar a cientos de personas, perdí la cuenta”, dice Faheem a este diario meses después desde Adré, un un pequeño pueblo de Chad situado a pocos kilómetros de la frontera con Sudán, donde se ha refugiado.

Faheem forma parte del más de medio millón de sudaneses que huyeron a Chad debido a la guerra, de los que más de 100.000 se alojan en el campamento de acogida temporal Camp École, situado junto al pueblo fronterizo de Adré. Pero ni él ni sus compañeros se sienten seguros. Sus movimientos son inquietos, sus ojos están apagados y está claro que tienen miedo de contar su historia; ¿y si tampoco están seguros en Chad?

El ataque de El Geneina se convirtió en una masacre. Entre 10.000 y 15.000 personas fueron asesinadas durante el asalto y los meses posteriores, según un informe de expertos enviado recientemente al Consejo de Seguridad de la ONU. Los investigadores concluyeron que los ataques fueron “planeados, coordinados y ejecutados por las RSF y las milicias árabes con las que colaboran”. En concreto, los hombres de la comunidad masalit, oriunda de El Geneina, fueron especialmente diezmados.

“Las RSF deben pagar por el asesinato en masa de nuestra comunidad”, afirma con rotundidad Abdo Ashraf (nombre ficticio), también residente en Camp École. Este hombre alto, vestido con traje blanco, prefiere hablar de lo que ha visto a la sombra de uno de los escasos árboles que hay a las afueras del campo, donde numerosos refugiados le saludan efusivamente. “Yo era uno de los líderes de la comunidad de El Geneina”, explica. “Por eso estoy en la lista negra de la milicia. Si me hubieran pillado en un puesto de control cuando me dirigía hacia la frontera, me habrían ejecutado sin vacilar”, afirma.

La guerra en Sudán estalló el pasado abril por la falta de acuerdo entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido sobre una reforma del sector de seguridad y su incapacidad de cimentar su autoridad tras haber ejecutado un golpe de Estado conjunto a finales de 2021. La asonada terminó con una frágil transición democrática iniciada en el país dos años antes, al poco de que el expresidente Omar al Bashir fuera derrocado después de 30 años en el cargo.

En nuestra lucha por la justicia, la información es nuestra única arma.

Abdo Ashraf, refugiado

El 29 de enero, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que hay “motivos para creer” que crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, como son el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, están siendo cometidos tanto por el Ejército sudanés como por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur. Según cifras de la ONU, desde que estalló el conflicto en abril, unos 10 millones de sudaneses han debido desplazarse, de los cuales 1,5 millones han cruzado las fronteras con países vecinos.

“Seguimos en peligro”

Ashraf sigue temiendo por su vida. Todos los días ve a miembros de las milicias árabes que cruzan, desarmados, la frontera. “Pasan el rato en los mercados del pueblo cercano”, afirma Ashraf, “y recopilan información sobre los que han huido de El Geneina”.

En agosto, un conocido de Ashraf murió apuñalado en Metche, otro campamento cercano. Aunque el caso está siendo investigado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés), que administra el campamento, Ashraf está seguro de que el hombre fue asesinado por los yanyauid. “En ese campamento viven 40.000 personas, pero solo está vigilado por dos soldados con kaláshnikov. Seguimos en peligro”, afirma.

Sobreponiéndose a sus temores, Ashraf sigue intentando hacer algo por su comunidad en el campamento. El hombre dirige una red de información junto a líderes espirituales, profesores y otros miembros destacados de su ciudad de origen. Entre todos recopilan datos sobre violaciones de derechos humanos. “En nuestra lucha por la justicia, la información es nuestra única arma”, declara Ashraf, y remacha: “Por eso es vital que juntemos nuestros relatos, para evitar que se pierdan con el tiempo”. Porque casi todos los residentes de Camp École tienen una historia sobre violaciones de derechos humanos al otro lado de la frontera. Por ejemplo, siete hombres contaron por separado a este diario que enterraron cadáveres en fosas comunes.

Uno de ellos es Mustapha Mohamed Ahmed, un hombre mayor que lleva una kufiya blanca en la cabeza. “Enterramos los primeros en el cementerio normal, pero pronto no quedó sitio”, cuenta Ahmed. El hombre dibuja líneas en la arena para explicar cómo colocaba los cuerpos en tumbas poco profundas. Cada línea representa uno. “No paraban de llegar los cadáveres. Cavamos tumbas adicionales por todas partes”, recuerda. La mayoría de los muertos eran hombres jóvenes, explica Ahmed; algunos de ellos fueron ejecutados ante sus propios ojos. “Vi a adolescentes atados, en el suelo sobre el asfalto”, relata. “Los apuñalaron por la espalda con cuchillos. Eran todos jóvenes de la tribu masalit. Mi hijo los conocía de nuestro barrio”, acusa.

El retorno de la violencia étnica recuerda a 2003, cuando el entonces dirigente, Omar al Bashir, movilizó a milicias de etnia árabe para que reprimieran una rebelión de poblaciones africanas. En la masacre que siguió, 300.000 personas fueron asesinadas. Una década después, las Fuerzas de Apoyo Rápido fueron establecidas a partir de la unión de grupos armados y respaldados por el Gobierno central. Su relación con el ejército ha estado marcada por una fuerte rivalidad y, aunque esta pugna se agravó tras el derrocamiento de Al Bashir en 2019, ambos habían sido capaces de mantener una frágil alianza de conveniencia.

A menudo, las personas con las que nos reunimos están traumatizadas. Sus recuerdos a veces se mezclan y las fechas o lugares mencionados son incorrectos

Mohamed Osman, Human Rights Watch

Ahora que los autores de hace 20 años se ven de nuevo envueltos en el derramamiento de sangre en Darfur, las organizaciones de derechos humanos intentan recopilar información en los campos de refugiados del este de Chad para sentar las bases de una denuncia de posibles crímenes de guerra.

Testimonios como los de Ahmed, Faheem y Ashraf son indispensables para Mohamed Osman, de Human Rights Watch (HRW). Él y su equipo de investigadores visitaron estos campos de Chad varias veces en los últimos meses para hablar con los refugiados. El trabajo es complicado, reconoce el experto. “A menudo, las personas con las que nos reunimos están traumatizadas. Sus recuerdos a veces se mezclan y las fechas o lugares mencionados son incorrectos”, explica por teléfono desde Berlín. Y cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que se pierda información valiosa. “El tiempo, pero también los traumas, nublan su memoria”, insiste.

El investigador señala que hasta los detalles más pequeños en los testimonios de los refugiados pueden ser de gran importancia. “Pasamos toda la información sobre posibles crímenes de guerra a nuestros compañeros especializados en recopilar y analizar datos e información de fuentes abiertas y de acceso público”, explica Osman. Sus relatos pueden contrastarse y verificarse con ayuda de fotos, vídeos e imágenes por satélite. “Así nos aseguramos de que nuestras conclusiones son exactas”, prosigue. “Podemos verificar ataques, incendios provocados y otros daños materiales utilizando fotos disponibles públicamente tomadas desde el espacio”.

El miedo de ser testigo

En los campos de refugiados de la frontera con Darfur, los miembros de la red de información de Abdu Ashraf están esperanzados ante el interés internacional por las historias de los refugiados. “Hace poco incluso vino un equipo de La Haya que está investigando lo ocurrido en El Geneina”, cuenta Ashraf. Pero también tienen miedo. “Los yanyauid ya han asesinado anteriormente a testigos que podrían haber declarado ante la CPI”, dice este hombre.

Además, los analistas y expertos en seguridad afirman que todo indica que las RSF están ganando terreno. “Y si se hacen con el control del país, los masalit nunca podrán volver a Darfur y nadie será condenado por las atrocidades”, explica, con mirada sombría Ashraf. “Todo nuestro trabajo actual habrá sido en vano”.

Algunos refugiados también dudan de que finalmente las pruebas que ellos recogen sirvan para algo. Los hechos les dan en gran parte razón. Tras las masacres de 2003, el caso relativo a Darfur fue remitido en 2005 a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU para su investigación. En 2022, comenzó en La Haya el proceso centrado en lo que se ha calificado de manera oficiosa como el primer genocidio del siglo XXI, con el juicio de Alí Mohamed Alí Abd al Rahman, alias Alí Kushayb, supuesto excomandante de las milicias yanyauid. El hombre, que se entregó en 2020 a las autoridades de la República Centroafricana y fue trasladado después a los Países Bajos, se declaró no culpable de 31 crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados entre 2003 y 2004, que, según la fiscalía, causaron centenares de muertos. Se espera un veredicto para los meses venideros.

Sin embargo, Bashir, que cumple una condena por corrupción en su país, y otros dos sospechosos principales nunca han sido extraditados a la CPI. El 29 de enero, el Gobierno estadounidense declaró que recompensaría con cinco millones de dólares a quien diera una pista que condujera a la detención de uno de ellos, algo difícil que ocurra en el actual contexto de guerra.

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