Chantaje, acoso y torturas, además de detenciones: los efectos de la ley homófoba de Uganda

Cuando Uganda promulgó la ley contra la homosexualidad en mayo de este año, Clare Novia, una mujer transgénero, decidió no llamar mucho la atención. Esta joven de 25 años, que en aquel momento se ganaba la vida como trabajadora sexual en la ciudad de Gulu, al norte del país, decidió dejar la calle y ponerse a trabajar en una tienda para sobrevivir a duras penas. Pero una noche, mientras pasaba el rato con unos amigos, dos policías se le acercaron y empezaron a interrogarla. “Los agentes me preguntaron por qué iba vestida así y por qué llevaba pendientes”, recuerda. “Cuando iba a responderles, uno de ellos empezó a darme bofetadas y patadas repetidamente, diciéndome: ‘¿Por qué te comportas como los maricones? ¿Eres uno de ellos?”.

En ese momento, cuenta Novia, uno de sus amigos empezó a suplicar a los policías que dejaran de agredirla, pero no lo hicieron hasta que les pagaron. Novia, que a día de hoy sigue con el esguince en el cuello, ha vuelto a su pueblo para vivir con su madre. “El trauma y el miedo me consumían”, reconoce.

Novia no es la única. En los últimos meses, según organizaciones de derechos humanos consultadas, han aumentado las denuncias contra agentes de policía por acusaciones de chantaje, acoso y torturas con el pretexto de hacer que se respete la ley contra la homosexualidad.

Uganda tiene una de las leyes anti LGBTI más duras del mundo, que incluye penas de hasta 20 años de cárcel por “fomento de la homosexualidad”, cadena perpetua por practicar actos sexuales con personas del mismo sexo y pena de muerte por “homosexualidad agravada”, es decir, personas “reincidentes”, que transmitan el VIH a otros o que abusen de menores o personas con discapacidades.

El Ministerio Público de Uganda no facilita el número total de personas que han sido acusadas o detenidas en virtud de la ley contra la homosexualidad. Cuando EL PAÍS se puso en contacto con el portavoz de la policía ugandesa, Fred Enanga, para conocer el número de personas detenidas o acusadas, tampoco él pudo facilitar la cifra, pero aseguró que el recuento final se compartirá en el informe anual de criminalidad de la policía.

Sin embargo, un informe reciente del grupo de asociaciones civiles Strategic Response Team (SRT) muestra que en lo que va de año se han producido en Uganda más de 300 violaciones y abusos de los derechos humanos (180 desalojos de viviendas, 159 casos de discriminación y 176 incidentes de tortura y tratos crueles y degradantes, incluyendo 18 exámenes anales forzosos de personas detenidas), tanto a manos de agentes de la autoridad como de civiles, contra personas identificadas como LGBTI. Los informes añaden que se ha producido un aumento de los casos denunciados de problemas de salud mental y abandono escolar entre ugandeses LGBTI. Una clínica citada por los autores del informe de SRT asegura que más del 70% de las personas LGBTI que solicitaron los servicios del centro habían tenido recientemente pensamientos suicidas.

Las detenciones y abusos contra personas homosexuales han aumentado hasta tal punto que la oficina de la Directora del Ministerio Público se ha visto obligada a intervenir ordenando que todos los expedientes de acusaciones relacionadas con homosexualidad se remitan a su sede, junto con un dictamen jurídico que les aporte orientación adicional antes de formular cargos. “La dirección ha tenido conocimiento de que algunos agentes de policía están presentando cargos por homosexualidad y homosexualidad con agravantes, sin tener en cuenta algunos aspectos cruciales de la ley”, afirmó Janes Frances Abodo, directora del Ministerio Público, en un comunicado difundido en medios ugandeses. “Es importante señalar que la ley solo tipifica como delito la práctica de un acto sexual (...) Para evitar dudas, una persona sospechosa de ser homosexual que no haya mantenido relaciones con otra persona del mismo sexo no comete el delito de homosexualidad”.

“La ley solo tipifica como delito la práctica de un acto sexual (...) Una persona sospechosa de ser homosexual que no haya mantenido relaciones con otra persona del mismo sexo no comete el delito de homosexualidad”

Janes Frances Abodo, directora del Ministerio Público

Jacqueline Okui, portavoz de la Fiscalía, reveló en una conversación telefónica con este diario que hay previsto un plan para sensibilizar a todos los agentes de policía y fiscales del país, con el fin de “evitar la imputación errónea de sospechosos en virtud de la ley contra la homosexualidad”. Okui afirma que, por el momento, el comité de planificación está estudiando la logística del programa de sensibilización. “Mientras tanto, los expedientes relacionados con la ley contra la homosexualidad están siendo revisados en la oficina principal para garantizar que las acusaciones están respaldadas por pruebas y debidamente justificadas”, añade.

Una escalada masiva en los abusos

Frank Mugisha, un abogado de derechos humanos que ha impuesto querellas relacionadas con la ley anti LGTBI, explica que es necesario anular la ley porque es “profundamente problemática” y contradice los numerosos convenios nacionales e internacionales de derechos humanos ratificados por Uganda. “La comunidad homosexual se ve en graves apuros cuando trata con la policía, que con frecuencia detiene a personas basándose en meras sospechas”, afirma. Esta norma está alimentando sentimientos homófobos, advierte, “obligando a amigos y a la comunidad a aislar y abandonar a estas personas”, subraya.

“Salta a la vista que esta nueva ley es inconstitucional y que debe ser anulada por el Tribunal Constitucional lo antes posible”, afirma Pepe Julian Onziema, uno de los autores del informe de SRT y líder de la plataforma. “Nuestra investigación muestra claramente una escalada masiva de los abusos graves contra ugandeses LGBTI que antes trabajaban, cuidaban de sus seres queridos y vivían como ciudadanos productivos. Ahora muchos han sido desalojados, despedidos de sus trabajos, no pueden acceder a la asistencia sanitaria, y todo mientras se enfrentan a riesgos cada vez mayores de detención, justicia popular y humillación pública simplemente por vivir su vida.”

“Este nuevo informe muestra que las personas LGBTI de Uganda viven cada día con miedo, incertidumbre y riesgo de violencia”, añade Clare Byarugaba, de la organización Chapter Four Uganda. “Nuestros derechos inherentes como ciudadanos ugandeses nunca deberían estar sometidos a debate”.

Activistas ugandeses tratan ahora de derogar esta ley promulgada por el presidente Yoweri Museveni. El 2 de octubre, los abogados que han impugnado la norma se reunieron con los jueces del Tribunal Constitucional para tratar el asunto, y se estableció el 12 de octubre como fecha para la celebración de la vista.

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