Sin luz y con los bancos cerrados: la ayuda que no llega a Níger tras el golpe de Estado

Los nigerinos sufrían, ya antes del golpe de Estado del pasado 26 de julio, con el hambre, la violencia y los efectos de la emergencia climática. Ahora, la escalada de tensión ante un posible conflicto regional ha colocado a este país del Sahel, uno de los más pobres del mundo, en el centro de todas las miradas y en protagonista de una cascada de anuncios oficiales. La Unión Europea y Estados Unidos han anunciado la suspensión de distintas financiaciones internacionales. Y el cierre del espacio aéreo y de las fronteras hace peligrar, además, la llegada de ayuda a los más vulnerables.

“Ya tenemos enormes dificultades para que lleguen materiales humanitarios al país”, explica Gregor Robak-Werth, director de Acción contra el Hambre en Níger, que fue evacuado este sábado a Alemania. Los países vecinos han cerrado las fronteras, explica en una conversación telefónica, así que, por ejemplo, los sobres nutricionales Pumply’Nut están desde hace días bloqueadas en la oficina de la ONG en Dakar (Senegal). Por otra parte, Nigeria, el vecino que provee a Níger con el 70% de la energía eléctrica, ha dejado la mayor parte de la capital a oscuras, subraya. Y los bancos no funcionan, así que las organizaciones humanitarias no pueden pagar a contratistas o dar dinero en efectivo. La jefa de acción humanitaria de la ONU en Níger, Louise Aubin, declaró a la agencia Reuters que ya hay un riesgo real de que escaseen la comida o las vacunas.

Este es un país, precisa Robak-Werth, “en crisis crónica”. Hoy ostenta la tasa de nacimientos más alta del mundo, y las predicciones calculan que su población se triplicará para 2050. Con 25 millones de habitantes, está en la cola del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, solo por delante de Chad y Sudán del Sur, y tiene un 42% de la población sumida en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. Igual que sus vecinos de la franja del Sahel —una región compuesta por una decena de países a orillas del desierto del Sáhara—, vive azotado por el conflicto y la emergencia climática. Este año, ya antes del golpe de Estado, 4,3 millones de personas dependen de la ayuda internacional, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), y 3,3 estaban en una situación de “inseguridad alimentaria aguda”, es decir, sus vidas estaban en riesgo por no tener qué comer. Entre los más vulnerables hay unos dos millones de niños, según el último informe de Unicef. Y estas cifras dramáticas pueden duplicarse en muy poco tiempo, advierte Robak-Werth, de Acción Contra el Hambre.

Los fondos que llegan del extranjero suponen un 40% de las arcas del Estado nigerino. Sin salida al mar, el 40% de la economía de Níger depende de la agricultura, según el Banco Mundial. También es el séptimo productor mundial de uranio, según la World Nuclear Association (asociación mundial nuclear) y uno de los principales proveedores de Francia, su antigua potencia colonial, cuya energía eléctrica es nuclear al 70%. También cuenta con oro, carbón, petróleo y fosfato. En 2021, Níger recibió casi 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) en ayudas al desarrollo, según la OCDE.

Naciones Unidas ha confirmado que la asistencia humanitaria y al desarrollo y los programas de paz continuarán para asistir a los nigerinos “afectados por una combinación de choques climáticos, económicos y de seguridad”, en un comunicado el 28 de julio. Pero, durante estas últimas dos semanas, se han sucedido anuncios públicos de gobiernos e instituciones que generan incertidumbre sobre el futuro de las ayudas al desarrollo. Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, anunció el pasado 29 de julio en un comunicado la suspensión inmediata del “apoyo presupuestario” de los Veintisiete a Níger.

Francia, de la que Níger fue colonia hasta 1960, ha comunicado la suspensión de la ayuda al desarrollo, y Alemania ha hecho pública la suspensión de “todo pago directo al Gobierno central de Níger hasta nuevo aviso”. Estados Unidos anunció la semana pasada una “pausa” de algunos de sus programas de asistencia, aunque no especificó cuáles y subrayó que la ayuda humanitaria continuará. En marzo, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, había anunciado 150 millones de dólares (136,5 millones de euros) en ayuda humanitaria para el Sahel, que tenían como destino la ayuda a refugiados y personas afectadas por el conflicto y el hambre.

Por su parte, el Banco Mundial hizo pública el 2 de agosto su “alarma” por el derrocamiento del Gobierno. “Creemos que la paz, la estabilidad y la legalidad son fundamentales para crear un mundo libre de pobreza”, rezaba el comunicado. “El Banco Mundial ha paralizado los desembolsos de todas las operaciones hasta nuevo aviso. Seguiremos de cerca la situación”. Entre 2022 y 2023, el Gobierno nigerino recibió unos 600 millones de dólares (546 millones de euros) de la institución.

Una veintena de ONG han alertado esta semana, mediante un comunicado conjunto, de que las sanciones internacionales, sumadas al conflicto, pueden tener “efectos devastadores” en la población civil, y pidieron que se permita el acceso a la población necesaria “independientemente de la situación política” en el país. En la plataforma están, entre otras, organizaciones no gubernamentales, el International Rescue Committee (IRC), Oxfam, Save the Children y Acción contra el Hambre.

Este domingo venció el ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) a los golpistas para restaurar al presidente Mohamed Bazoum, elegido en 2021 y actualmente detenido por la junta militar. La comunidad internacional aguanta ahora la respiración ante una reunión de urgencia convocada el jueves por este bloque de países, encabezado por Nigeria, que no descarta el uso de la fuerza.

Níger tiene un largo historial de intentos de golpes de Estado desde su independencia de Francia en 1960. El más reciente se produjo en marzo de 2021, cuando el ahora depuesto Bazoum acababa de llegar al poder. Los vecinos Malí y Burkina Faso, que han expresado su “solidaridad” con los sublevados de Níger, están actualmente gobernados por juntas militares. El país es clave en cuestiones de política migratoria para Europa y en la lucha contra los grupos extremistas islámicos en el Sahel, además de un socio excepcional para Occidente —hasta este 26 de julio— en una región volátil donde crece la simpatía hacia Moscú. Bruselas teme que Rusia aproveche la inestabilidad política de Níger para aumentar su influencia en esta región africana, donde ya opera el grupo de mercenarios Wagner, según apuntan altas fuentes comunitarias.

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