Human Rights Watch: el oleoducto entre Uganda y Tanzania será “un desastre” para el planeta y “no debe construirse”

El Oleoducto de Petróleo Crudo del Este de África (EACOP, por sus siglas en inglés), un inmenso proyecto que aspira a transportar crudo desde Uganda hasta las costas de Tanzania, ha devastado, en la fase inicial de su construcción, los medios de subsistencia de miles de familias y, si se termina, más de 100.000 personas perderán permanentemente sus tierras y la crisis climática mundial se verá exacerbada, denuncia la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes.

“EACOP será un desastre continuo para el planeta y, por lo tanto, no debe construirse”, afirma HRW, basándose en los testimonios de más de 90 familias entrevistadas para esta investigación titulada Nuestra confianza está rota. Pérdida de tierra y medios de subsistencia en pro del desarrollo petrolero en Uganda.

Este conducto de 1.443 kilómetros, desde los yacimientos petrolíferos de Tilenga y Kingfisher, en Uganda occidental, hasta el puerto de Tanga, en Tanzania, será el oleoducto calentado más largo del mundo, con una tecnología para transportar el crudo por encima de 50 grados en todo su recorrido. Por él circularán al día el equivalente de 246.000 barriles de petróleo. El proyecto, poco conocido pese a ser una de las infraestructuras de combustibles fósiles más importantes que se desarrollan actualmente en el mundo, está liderado por la petrolera francesa TotalEnergies (62% de las acciones), a través de dos de sus filiales en África oriental (TotalEnergies EP Uganda y TotalEnergies East Africa Midstream), junto a la china CNOOC (8%), y las petroleras de los dos países africanos. En este momento, y según informaciones de las compañías, ya se han perforado los primeros pozos en los dos yacimientos petrolíferos y el desarrollo de la infraestructura está en marcha.

“EACOP ha sido un desastre para las decenas de miles de personas que han perdido las tierras que proporcionaban alimentos a sus familias e ingresos para enviar a sus hijos a la escuela, y que recibieron una indemnización demasiado pequeña de parte de TotalEnergies”, denuncia en el informe Felix Horne, investigador principal sobre medioambiente de HRW.

Horne se refiere a las denuncias formuladas por los entrevistados, que resaltaron que el monto de las indemnizaciones fue insuficiente y no correspondía a lo prometido por TotalEnergies y que el pago tardó entre tres y cinco años en realizarse. También describieron presiones por parte de las empresas para aceptar cantidades que no les permiten comprar tierras de reemplazo de idéntica calidad. Muchos aseguraron además que firmaron documentos en inglés que no entendieron y quienes se negaron a firmar se siguen enfrentando “a amenazas de acciones judiciales y al acoso del gobierno local”.

La ONG estima que estos “retrasos, falta de comunicación y compensaciones inadecuadas”, han dejado a muchas familias “más pobres e inseguras con respecto a su futuro”. Por ejemplo, hay personas que eran autosuficientes antes de que comenzara el proyecto petrolero y utilizaban los ingresos del café, plátanos y otros cultivos para pagar sus gastos y ahora deben comprar alimentos que antes producían, lo que les exige vender bienes, incluido el ganado, o pedir préstamos para seguir pagando la escuela de sus hijos, cita HRW.

En una carta a la ONG, TotalEnergies se ha defendido de estas acusaciones y ha garantizado que ya se ha indemnizado al 93% de los hogares afectados por el proyecto de adquisición de tierras y que los montos cumplían la norma del “valor de sustitución total”. Según la compañía, si ha habido tardanza en los pagos, se ha debido a retrasos en “la finalización de los diversos documentos legales y jurídicos necesarios para la adquisición de tierras” y a las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Pongamos que alguien quiere una de tus vacas. Se acuerda un precio, pero no te pagan durante cinco años. Durante ese tiempo tú tienes que cuidar de la vaca, pero no puedes usar la leche que da. No tiene sentido”, comparó Cattle Rancher, de 50 años, a los investigadores de HRW, refiriéndose a los retrasos en los pagos.

TotalEnergies ha recalcado que se “sigue prestando gran atención al respeto de los derechos de las comunidades afectadas” y ha reafirmado su compromiso con las normas internacionales sobre adquisición de tierras. Paralelamente, Atacama Consulting, la consultora medioambiental que facilita la adquisición de tierras para TotalEnergies EP Uganda en los yacimientos de Tilenga, rechazó las acusaciones de que se presionara a la gente para que firme y consideró que las indemnizaciones fueron las que estipulan las reglas internacionales.

“Existe una brecha significativa entre los compromisos de TotalEnergies de pagar indemnizaciones adecuadas y la realidad sobre el terreno”, responde HRW en su informe, en el que insta a la empresa francesa y a todas las implicadas en la financiación, construcción y explotación del proyecto a garantizar que los medios de subsistencia de los hogares afectados se restablezcan hasta alcanzar los niveles anteriores al inicio del proyecto.

Amenaza para la biodiversidad

Según HRW y otras ONG, este proyecto en Uganda y Tanzania también plantea problemas medioambientales más amplios, ya que el oleoducto atraviesa ecosistemas sensibles, incluidas áreas protegidas y humedales de importancia internacional, lo que representa una amenaza para la biodiversidad de la que dependen las comunidades locales para su sustento.

“EACOP es también un desastre para el planeta y no debería finalizarse”, zanja Horne. Además, el proyecto contribuirá a las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles. El Climate Accountability Institute calcula que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de este oleoducto en 25 años de uso llegarán a 379 millones de toneladas, una cifra equivalente a las emisiones de Australia en 2020.

Mientras el EACOP se sigue construyendo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la principal autoridad mundial en la materia, advierte de que no se pueden construir nuevos proyectos de combustibles fósiles si el mundo quiere alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar los peores impactos del cambio climático. Grupos de la sociedad civil de Uganda y Tanzania, una resolución del Parlamento Europeo de 2022 y varias declaraciones de relatores especiales de la ONU se han mostrado a favor de la suspensión del proyecto, recuerda HRW.

TotalEnergies informó en marzo de 2023 de que aún necesitaba conseguir 3.000 millones de dólares (2.746 millones de euros), el equivalente al 60% de la inversión total, para que el oleoducto siguiera adelante. HRW calcula que, hasta el momento, “al menos 24 instituciones financieras y 23 compañías de seguros han manifestado públicamente que no están dispuestas a apoyar el proyecto debido a sus riesgos climáticos, medioambientales y humanitarios”. “Las instituciones financieras que estén considerando financiar EACOP deberían mantenerse al margen de este proyecto y, en su lugar, ayudar a Uganda a aprovechar su importante potencial de energía limpia”, pide Horne.

Porque, aunque este país africano tiene importantes necesidades energéticas, dispone de otras opciones más “limpias” para alcanzar sus objetivos, sin necesidad de empobrecer aún más a quienes se encuentran en el camino del gasoducto ni de contribuir a agravar el cambio climático, concluye HRW.

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