William Gutiérrez Nohavá, el ‘primer’ desplazado por una hidroeléctrica en Colombia

Dos horas antes, William y su hermano Orlando andaban cuidando la parcela cuando sintieron frío. “Un frío tremendo”. Algo va a pasar, pensaron, y comenzaron a ver a “los animalitos” brincando desde las orillas del río y “cogiendo el monte”. Algo está a punto de suceder, pero ¿el qué?, se preguntaron. Un martín pescador se puso a “cantar duro” y el nivel del Cauca comenzó a subir y a subir y a subir. Les cubría las botas cuando decidieron sacar algo de ropa y algunas cosas de la casa. Entonces vieron “la onda que venía agarrando palos y de todo”. Y sin más demora abandonaron aquella incertidumbre. Así llegaron a Puerto Valdivia, donde “esa cosa” los alcanzó y les tocó ver cómo arrancaba el puente Simón Bolívar. “¿Qué tal que nos hubiéramos quedado allá?”.

La vida en el territorio tiene sus cosas y es cuestión de prestarles la debida atención. La reflexión la comparte William más de cuatro años después de “aquello”. Este pronombre esconde accidentes como el de abril de 2018, cuando un tapón en el drenaje desbordó el embalse de Hidroituango, en Colombia. Los desastres fueron cuantiosos en esta represa, que aún estaba en obras. La obra prometía ser la más importante de Colombia y la cuarta o quinta de América Latina. “Pasé miedo. Es la cosa más terrible que nosotros vivimos nunca en la vida”, confiesa hoy William al resguardo de la dramática lluvia que ofrecen unas estructuras de uralita, en Toledo (Antioquia, Colombia).

El líder tiene que vivir con el riesgo de que a cualquier hora o lo dejan ahí o lo hacen desplazar para un lado y para otro. Y si no acepta ese riesgo, no es líder

William Gutiérrez, desplazado del Bloque Mineros en Colombia

Unas 130.000 personas estuvieron en riesgo y unas 15.000 fueron evacuadas de los municipios de Valdivia, Cáceres y Tarazá, admite Robinson Miranda, el director del área Ambiental, Social y Sostenibilidad de la empresa que construye la hidroeléctrica. Son las cifras oficiales de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que mantiene que “todas las personas menos una” han vuelto a sus hogares más de cuatro años después de aquello, de “la contingencia” —otra de esas expresiones que pretenden pavimentar amarguras—. La excepción de la que habla la compañía responsable del megaproyecto es un barequero de Ituango (Antioquia), como se llama a los miles de buscadores artesanales de oro del río Cauca, la segunda arteria azul más importante del país. Aquel hombre, William de Jesús Gutiérrez Nohavá, el William de estos párrafos, estaba ese día en Puerto Escondido 2, una parcelita de la vereda El Astillero, por debajo de la quebrada La Guamera, corregimiento de Puerto Valdivia, uno de esos rincones en los que “se vive diferente”, por su alimentación basada en el pancoger (un plato tradicional elaborado a base de maíz, fríjol y otros cultivos); con su trueque, en donde se intercambian pescados por gallinas, por ejemplo; y con sus diálogos cotidianos, “que daban mucha alegría”.

Por si alguien no es capaz de verlo, Gutiérrez Nohavá explica tantas diferencias: “Muchos no saben… sentarse a la orilla del Cauca y tirar el anzuelo y sacar el pescado. Echarle las hierbas aromáticas del propio cañón del río, plátano, yuca y el arepa de maíz cosechada por nosotros mismos. A diario nos poníamos comidas que no se las come ningún rico. A uno le hace falta tener esa conexión con los campesinos. Todo se perdió. Un proyecto de vida. Eso es duro. Es duro perderlo todo porque allá la gente tuvo que salir sin nada”, lamenta. Gutiérrez habla pausado, como si amasara a mano cada una de sus reflexiones, palabra a palabra hasta componer una frase completa y solo después otra, frases que según salen de su boca y las posa con mimo sobre la mesa, quizá siempre al tanto de prestar la debida atención a tantas cosas que suceden en el territorio, a esas cosas sin las cuales luego es imposible reconstruir una vida. “Aquello es la cosa más terrible que nosotros vivimos nunca en la vida”, repite.

Palabra de Gutiérrez Nohavá, que sufrió el desplazamiento del Bloque Mineros, la subestructura paramilitar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que en 1997 perpetró la masacre del corregimiento El Aro, en Ituango. Asesinatos, torturas, desplazamientos, quemas, hurtos… “Fue en el mando de [Álvaro] Uribe como gobernador de Antioquia. Para nosotros fue muy doloroso, pero entonces pudimos sacar las cosas y volver a empezar desde cero. Ahora es otra cosa”. Más de cuatro años después, concretamente desde la contingencia de 2018, Gutiérrez Nohavá sigue sin resetear lo que provocó “esa cosa”, sin la posibilidad de reiniciar el contador de una vida sobre la que antes o después terminan apareciendo las amenazas, vengan de donde vengan, a veces por parte del grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo, otras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otras quién sabe de dónde, que uno pierde hasta la cuenta y llega a normalizarlo, si es que acaso la violencia puede eso, normalizarse.

“El líder tiene que vivir con el riesgo de que a cualquier hora o lo dejan ahí o lo hacen desplazar para un lado y para otro. Y si no acepta ese riesgo, no es líder. Si a nosotros nos dan un par de tiros en una esquina, no es problema de nosotros porque ya nosotros tenemos como anestesia en el cuerpo. Estamos peleando por unos derechos que en realidad necesita la comunidad”, comenta. Gutiérrez preside la Asociación de Mineros y Pescadores Artesanales de Puerto Valdivia, una organización con cuatro dirigentes asesinados, dos de ellos con Gutiérrez presente. “Ellos nunca me han podido… desde un principio trataron… Yo estoy vivo de buenas… o quién sabe”. No habían tenido problemas con los grupos armados al margen de la ley hasta que la asociación empezó a “pelearle” al proyecto de EPM, allá por 2006.

Cosas duras y cosas que el paso del tiempo ha convertido en anécdotas que hoy trazan una sonrisa orgullosa en el rostro de Gutiérrez. “Me hacían la hoja de vida, la enviaban y me ofrecían trabajo en EPM, ¡sin yo haber hecho nada! Don William, que usted salió elegido… No, pero si yo no eché nada. Pues la muchacha de la oficina leyendo mi hoja de vida delante de mí. Vea, sí, no se acordará, pero encaja perfectamente en el puesto de jefe de los vigilantes. Cumple usted los requisitos. Niña, pero si yo no envié nada”. Y como aquella, otras cuantas. “Claro, yo era opositor a los daños y no iba a aceptar”.

La no-vida en un albergue

Con la erosión del túnel de Hidroituango, cientos de personas fueron censadas para gestionar de alguna forma las indemnizaciones correspondientes, mientras muchas quedaban fuera de los radares oficiales. A Gutiérrez le dejaron en “pérdida total” y lo trasladaron a un albergue institucional, a una carpa con otros cinco desconocidos. “La convivencia en un refugio de esos es difícil. El arroz llegaba con gusanos, el huevo con bichos. Era una cosa terrible. Nosotros llegamos a organizarnos como Movimiento Ríos Vivos y decidieron separarnos para que no hiciéramos oposición desde dentro. No podíamos ir a visitar al compañero a otro albergue porque era prohibido”.

Al cabo de un tiempo empezaron a llegar las compensaciones por los daños causados por el tapón. A Gutiérrez le ofrecieron cerca de 50 millones de pesos (menos de 10.000 euros al cambio), una cuantía que contrasta con los 18,3 billones de pesos (más de 3.600 millones de euros) que ha supuesto finalmente la construcción de la represa, casi el doble de lo inicialmente previsto. Muchas de las personas damnificadas aceptaron los ofrecimientos “porque a la gente en el territorio cualquier platica que les llegue es buena”, explica Gutiérrez. Él rechazó la propuesta: “Suponía firmar un papel en el que yo renunciaba a toda denuncia pasada, presente y futura que pudiera presentarse con EPM”. Al buscador de oro artesanal aquella cláusula no le gustó nada. “¿Qué pasa si por ejemplo me estrello contra una camioneta de la empresa que pase por la calle?” Y fue ahí cuando comenzó su batalla legal. Y cuando perdió la ayuda humanitaria que venía recibiendo como damnificado desde finales de 2018: cada mes 1.100.000 pesos (menos de 215 euros).

La convivencia en un refugio de esos es difícil. El arroz llegaba con gusanos, el huevo con bichos. Era una cosa terrible... No podíamos ir a visitar al compañero a otro albergue porque era prohibido

William Gutiérrez, desplazado del bloque Mineros en Colombia.

La española Mapfre es la aseguradora ligada a Hidroituango. En enero de 2022, más de tres años después del accidente, abonó 984 millones de dólares (una cantidad similar en euros) en concepto de indemnización. Las compensaciones que recibiría cada persona afectada se tramitaron a partir de unos censos elaborados inicialmente por EPM en 2012, varios años antes de la inundación, y que fueron cuestionados por las comunidades locales. Los nuevos de Unidad de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) también dejaban a mucha gente fuera de la consideración de damnificados: había municipios en los que unos vecinos estaban incluidos y otros no, las playas fluviales fueron excluidas directamente, y la comunicación para registrarse fue deficitaria en determinadas localidades y las familias que no se enteraron quedaron fuera de la lista.

La cuantía que recibieron de quienes sí fueron compensados no fue suficiente para restablecer sus vidas. Por eso, más allá de las frías cifras en negro sobre blanco, en este territorio al noroeste de Colombia no es difícil reunirse con familias como la de Nidia Barrera, que evidencia no haber recibido una compensación digna por “aquello”: todavía paga un arriendo unos metros arriba de la vereda porque su vivienda, unos metros abajo, junto al Cauca, se convirtió en una piscina que ya vacía le sigue dando miedo, por el temor de que vuelva a repetirse “aquello”. Ante las quejas de los afectados, EPM remite a la UNGRD, la institución encargada de los registros, mientras Mapfre opta por no facilitar información sobre pólizas. Junto a la aseguradora, en el proyecto de Hidroituango también han participado las españolas Ferrovial, el Banco Santander y el BBVA, esta última a través del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los pormenores de una batalla legal

“La Sala estima relevante precisar que, dadas las circunstancias fácticas, en la práctica el señor William de Jesús Gutiérrez Nohavá puede ser considerado desplazado interno. (…) Tuvo que migrar de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos sobre su vida e integridad personal de una catástrofe natural provocada por el ser humano”. La Sentencia T-369/21 de la Corte Constitucional de Colombia no ofrece dudas: el desarrollo prometido por Hidroituango provocó el desplazamiento de Gutiérrez. Dicho de otra forma, en Colombia no solamente desplazan los grupos armados al margen de la ley. El fallo de la más alta instancia jurídica del país, ratificado el 6 de octubre de 2021, daba 48 horas a EPM para reactivar el apoyo económico y un mes para hacer lo propio con las estrategias que faciliten su retorno o reasentamiento, así como su reintegración local.

La sede administrativa de EPM está ubicada en la ciudad de Medellín. Una decena de cargos medios, encabezados por Robinson Miranda, director del área Ambiental, Social y Sostenibilidad de la empresa, atienden durante toda una mañana a una delegación de periodistas internacionales. Los informadores fueron invitados a la reunión por intermediación de Zehar-Errefuxiatuekin, una organización vasca que defiende los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes, que no está involucrada como parte en el caso de Gutiérrez, y cubrió parte de los gastos de producción de este reportaje.

El escenario de la cita sin censuras ni condiciones previas es un imponente edificio de 17 alturas en su torre principal, con ese gris moderno que caracteriza el concreto, el acero y el aluminio. El inmueble está calificado de inteligente porque, dicen sus moradores, incorpora el elemento agua como símbolo de vida. Aquí todo aparece medido al detalle, como la capacidad de los 16 ascensores transparentes para movilizar de forma simultánea hasta 320 personas, a una velocidad de 150 metros por minuto. O como el sistema de aire acondicionado, que produce 4.000 toneladas de aire por hora.

Dentro, los representantes de EPM también miden al detalle sus palabras. No les gusta ni pronuncian el término “desplazamiento”, que reservan para el conflicto que atraviesa Colombia desde los años 60 del pasado siglo. Evitan mencionarlo y, cuando ya les resulta imposible, lo colorean: “Entendemos la sentencia de la Corte en el marco del desplazamiento involuntario del que fue sujeto William y no solo William, sino las personas afectadas por la contingencia. Algo completamente diferente a una dinámica de conflictividad armada. Nosotros no somos victimarios, no estamos en el marco de esa legislación, pero acogemos las decisiones de los entes judiciales y con William estamos haciendo un trabajo precisamente de resarcimiento de esas condiciones de vida. Entendemos que es una situación de desplazamiento involuntario, a causa de una contingencia, de una situación de riesgo”, responde uno de ellos ante la pregunta sobre la literalidad del fallo.

El análisis de Raquel Celis, de Zehar-Errefuxiatuekin, es muy diferente: “La proliferación de megaproyectos como los hidroeléctricos reproducen a menudo las mismas lógicas de implementación y explotación que el resto de extractivismos: son proyectos intensivos levantados sin acuerdos con las comunidades locales, con impactos en la gobernanza, en la convivencia, en las relaciones de género, en la salud y en el medio ambiente. En el peor de los casos, también con el asesinato, la desaparición, la criminalización y el desplazamiento de los y las líderes sociales en resistencia”.

Aquí dentro ni gusta ni comparten el término ‘desplazamiento’, que reservan para el conflicto que atraviesa Colombia desde los años 60 del pasado siglo. Cuando ya les resulta imposible, lo colorean

EPM estuvo dispuesta a aumentar considerablemente la cantidad inicial, desvelan desde CAJAR, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lleva el caso de Gutiérrez junto a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). En todo caso, indican, no es una cuestión de dinero ni para el barequero ni para la empresa, que realmente lo que teme es que el caso siente un antecedente jurídico. Y ahí andan actualmente, dándole vueltas, estudiando la contraoferta de CAJAR, dilatando los tiempos para que nadie más pueda seguir la senda abierta por un barequero del río Cauca. “Es una decisión delicada para ellos y estarán analizando la sostenibilidad financiera de Hidroituango porque, de algún modo, ya se sentó ese antecedente de cara a casos similares”, indican desde el Colectivo. Matizan que se trata de un antecedente pero aún no puede hablarse de precedente jurídico porque la legislación colombiana exige tres casos para sentar un precedente obligado desde el que juzgar casos posteriores. En todo caso, y sea cual sea el final, opinan: “Esto ya es histórico, crea una guía para el futuro”. Desde EPM admiten de alguna forma ese escenario de incertidumbre: “No sabemos si puede ser replicado por otras personas”. La sentencia de la Corte es firme y lo que resta es llegar a un acuerdo, para lo que no existe un calendario claro.

Arranque incierto de turbinas

Lo que sucedió desde que Gutiérrez rechazó la oferta inicial de 50 millones de pesos hasta su acción de tutela ante la Corte jurídicamente se resume en que le fue denegado el retorno del auxilio humanitario tanto en primera como en segunda instancia. Ganaba la versión de EPM, que siempre ha mantenido que es un apoyo económico temporal que se pierde cuando la persona deja de tener el estatus de evacuada, lo cual Gutiérrez habría perdido al rechazar la oferta inicial y porque ya podía regresar a su entorno y actividades, una vez que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había rebajado el riesgo de alerta de roja a naranja. Entonces él solicitó una revisión ante el Alto Tribunal y fue ahí cuando la justicia le dio la razón, considerándole un “desplazado interno” y subrayando que “la disminución del nivel de alerta en el corregimiento de Puerto Valdivia no envuelve la superación inmediata del escenario que finalmente originó la migración”. Para la Sala Octava, “los municipios ubicados dentro de la posible ‘mancha de inundación’ del río Cauca no se encuentran en condiciones ordinarias, de recuperación o en el estado de normalidad absoluta que EPM pareciera concluir apresuradamente”.

Esto ya es histórico, crea una guía para el futuro

CAJAR, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lleva el caso de Gutiérrez

Óscar Mauricio Madrigal, del Movimiento Ríos Vivos, alerta de que ahora la empresa ya “no pelea porque se haya fallado a favor de William, sino para que esa brecha se cierre”. “Eso pasó, pero no puede seguir pasando con otras personas ni con otras represas. El Estado colombiano nunca había condenado a una empresa como desplazadora, es el primer caso y la gente se va a dar cuenta y va a querer pelear con los mismos argumentos que William”, comenta.

Y del resumen jurídico, al resumen vital, el de otrora un barequero del río Cauca, William de Jesús Gutiérrez Nohavá, ahora reasentado en un albergue del Movimiento Ríos Vivos, un líder opositor a Hidroituango “todavía en pérdida total, pero un poco más tranquilo”, aunque solo sea un poco y entre comillas, siempre con la suficiente atención a esas cosas que tiene el territorio. “De unos meses para acá estoy sintiendo grupos nuevos armados. Puede ser que llegaron con la cosecha del café, que aquí la inversión es esa”, supone Gutiérrez.

Lo supone desde la confianza de sentirse rodeado de los suyos en su nuevo refugio, autoconstruido y autogestionado, nada que ver con uno de aquellos institucionales. Aquí todos comparten lucha. Las vidas de esta decena de personas se quebraron por su oposición a Hidroituango. Hoy su quehacer cotidiano gira en torno al café orgánico que cultivan junto a este abrigo de habitaciones desnudas con vistas al cañón. Eugenia Gómez lo tiene claro: “Juntos nos sentimos más protegidos que individuales, que seríamos más vulnerables para aquellas personas que nos quieren hacer daño. Aquí estamos con más compañeros que han vivido lo mismo que nosotros y nos cuidamos. Compartimos la esperanza de ver el río otra vez libre para volver a trabajar.”.

Aparte o, mejor dicho, como escenario de todas las cosas que forman el territorio, está la realidad de la hidroeléctrica Hidroituango, comercialmente operativa desde hace unas semanas. Aunque solo en parte y con más de cuatro años de retraso, pues inicialmente estaba previsto que comenzara a sus operaciones a finales de 2018 y no fue hasta mediados del pasado diciembre cuando activó sus dos primeras turbinas de las ocho disponibles, la segunda de ellas a trompicones porque tuvo que ser apagada a las pocas horas “por ajustes menores”, justificó entonces la empresa. La incertidumbre que rodea al proyecto es tal que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió a EPM una evacuación temporal de las comunidades durante las pruebas del encendido, lo que llegó a afectar a unas 5.000 personas aguas abajo.

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