Hidroituango, un lío de kilovatios, pesos, riesgos y votos

La hidroeléctrica de Hidroituango está cerca de empezar a operar. A pesar de que eso sería una buena noticia, el anuncio ha producido críticas y ha sido recibido con distancia. “Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución”, dijo vía Twitter el presidente Gustavo Petro, en un pronunciamiento que revela a la vez el tamaño de la importancia de la obra y el de las prevenciones que produce.

Las dimensiones se notan en unas cuantas cifras. Puede producir 2.400 megavatios/hora, o el 17% de la energía de Colombia. La presa tiene una altura de 225 metros y ocho turbinas. En su área de influencia hay 2.094 desaparecidos, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A esos números se suman 5.000 millones de dólares en daños en 2018, medio billón de pesos (mil millones de dólares) en multas potenciales, más de 40 meses de retraso y contando, además de una licitación varias veces aplazada para terminar la obra.

Hidroituango, el megaproyecto energético ubicado en el norte de Antioquia que busca aprovechar la fuerza del río Cauca para producir energía, es todo eso y mucho más. De propiedad conjunta entre el departamento y el municipio de Medellín, a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM), es también un ícono del empuje paisa; la apuesta para que el país no se tenga que someter a racionamientos de energía en pocos años; el caballito de batalla del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra buena parte de las elites antioqueñas; y un riesgo para las comunidades que viven río abajo.

La presa es un viejo anhelo de la ingeniería antioqueña, una prueba más de una población que ha crecido domeñando montañas: abriéndoles filones para extraer oro, cultivándolas de café, transitándolas para comerciar. Su obra ha sido un rosario de problemas, especialmente cuando estuvo cerca de colapsar en abril de 2018. EPM, que administra el proyecto, contrató en 2010 al consorcio colombo-brasileño CCC para que construyera la central, y luego la operara y le diera mantenimiento. En 2014 CCC desvió el río, que dejó de pasar por su lecho para discurrir por dos túneles mientras en su antiguo cauce se construía la presa. Cuando ésta tenía poco menos de 200 metros, CCC desvió el agua por un tercer túnel, que sería el definitivo. Éste se taponó. Sin túneles para salir, el agua se represó. El río pareció desaparecer aguas abajo y la presa tenía un riesgo inminente de romperse. El agua podía inundar miles de hectáreas y decenas de poblados.

Para evitarlo, EPM decidió dejar pasar el agua por la casa de máquinas, el lugar en el que se estaban instalando los equipos que convierten el liquido en electricidad. Esa decisión implicaba perder miles de millones de dólares y demorar la entrada en operación de la central, pero la alternativa era un alto riesgo de desastre. En todo caso, al dejar correr tanta agua represada, el río fluyó al triple de su caudal más alto, con lo que provocó inundaciones y daños. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, declaró el departamento en calamidad pública, e Hidroituango pasó de ser una gran obra de infraestructura a un debate político y social: una discusión sobre si la obra era un imposible técnico, si la crisis se debía a corrupción, si había amiguismo, interventorías mal hechas, relación con los paramilitares que años antes habían irrumpido en el municipio de Ituango a sangre y fuego.

Tanto así que incidió en las campañas electorales siguientes. En las locales de 2019, las críticas a la gestión de la obra fueron el principal caballito de batalla de Daniel Quintero, un candidato independiente a la alcaldía de Medellín que era poco conocido en la ciudad en la que nació porque había hecho carrera en Bogotá. Con un queso en la mano y críticas permanentes a las administraciones de los últimos años en la ciudad y el departamento (incluyendo al expresidente Álvaro Uribe y al exgobernador Sergio Fajardo), fue hasta el recinto del concejo municipal y señaló a políticos y empresarios de ser corruptos. “Amigo el ratón del queso y aún así se lo come. Aquí lo que le entregamos al gerente y directivos de EPM que aprobaron la venta de activos. A EPM se lo comen sin consideración. Recuperemos el amor por Medellín. Hagamos de EPM grande otra vez”, dijo en vivo, y en su cuenta de Twitter. Lo repitió en campaña, y ganó.

En las elecciones presidenciales y legislativas de 2022 el tema seguía vivo. La Contraloría General encontró responsables de la pérdida de recursos a administradores y políticos, incluyendo a Sergio Fajardo, lo que golpeó su imagen cuando era un presidenciable con posibilidades. Sectores sociales se aliaron a Gustavo Petro e incluso una lideresa local y fuerte crítica del proyecto, Isabel Zuleta, entró en su lista al Congreso y fue elegida senadora. Aliados de Quintero también estuvieron en la lista, incluyendo al senador Álex Flórez. Los críticos de la obra ganaron las elecciones.

Faltaban meses para que se cumpliera un plazo: la obra se financió en parte con recursos del sistema energético, que da dinero como anticipo de la construcción de centrales para asegurar que en el futuro haya suficiente oferta en el país, pero a cambio demanda compromisos de que los proyectos empiecen a generar. Hidroituango debe hacerlo el 30 de noviembre con por lo menos una de sus ocho turbinas (y luego seguir poniendo a funcionar las demás). Ese plazo ya es imposible de alcanzar y la tensión está tan alta que las alianzas políticas peligran.

Quintero le pide a su aliado, el presidente, que postergue el plazo y no cobre una multa de medio billón de pesos. Petro y su Gobierno se niegan. Su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, habla públicamente del riesgo de que el macizo, la montaña, se venga bajo cuando se encienda la turbina, a lo que el gobernador Aníbal Gaviria responde que no se preocupe. EPM, cuya junta y gerencia depende de Quintero, inicia las primeras pruebas de funcionamiento de la turbina, condición previa para iniciar la planta. Este lunes festivo, la ministra pide acceso de técnicos del Servicio Geológico para verificar qué ocurre y la Unidad Nacional del Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) anuncia que ejecutará la orden del presidente y evacuará por lo menos 5.000 personas que viven en el margen del río Cauca, aguas abajo de la represa. EPM dice que no es necesario. A tres semanas de que se cumpla el plazo, lo que hay es suspenso.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.