Tener un techo es un derecho fundamental al que 37.000 personas en España no tienen acceso

Abel Galina —“que no gallina”, bromea— formó parte durante 14 años de las 37.000 personas, según datos de la fundación Hogar Sí, que no tienen acceso a una casa en España. Ahora, gracias al programa Derechos a la vivienda, financiado por los fondos europeos Next Generation, y puesto en marcha por la mencionada entidad y la asociación Provivienda, lleva casi un año en un pequeño piso de una habitación a las afueras de la M-30 de Madrid, al Este de la capital. En los setenta decidió marcharse de Guinea-Bisáu, su país natal, a Portugal, para estudiar y entrar en la Marina. Cuatro años después, hubo un golpe de Estado en aquel país y en el que fusilaron a sus hermanos. Durante ese período, tuvo la mala suerte de encontrarse cara a cara con la cocaína. “Estudiaba Ingeniería Naval y de repente entré en contacto con los estupefacientes. Perdí los estudios y mi cargo de militar”, recuerda Galina, con ya 67 años. El pasado miércoles 14 recibió en su casa a este diario, ataviado con sus mejores galas, de traje, pero sin esconder sus características rastas. Había comprado barritas de chocolate y caramelo Cadbury para alimentar a todo un vecindario y ofrecía, insistentemente y con orgullo, a todo el mundo.

El programa Derechos a la vivienda provee de un techo a las personas en situación de sinhogarismo en varias ciudades de España. Desde su inicio a principios de 2022 hasta su finalización en diciembre de 2024, sus impulsores prevén que atenderán a 1.184 personas (el 5,2% de este colectivo) a través del modelo housing first (la vivienda primero), establecido desde hace décadas en países como Finlandia y Austria. La idea es “poner el foco en la perspectiva de derechos”, aclara Dámaris Barajas, directora de planificación del proyecto conjunto de ambas organizaciones. Esto implica que “no se exige a las personas cumplir ningún requisito para poder disfrutar de sus derechos fundamentales”, añade.

El pasado 19 de diciembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por violar el derecho a la vivienda. Con esta, el país suma seis condenas en este ámbito. Además, tal y como aclara Provivienda en su página, aunque no hay ningún Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que aborde específicamente el acceso a una casa, con este proyecto se trabajan ocho de las metas de la Agenda 2030: el uno, fin de la pobreza; el tres, que implica salud y bienestar; el cuatro, que abarca el derecho a la educación; el cinco, la igualdad de género; la energía asequible que sería el siete, el diez supone reducir las desigualdades; las comunidades y ciudades sostenibles, que es el 11 y, finalmente, el 17, que interpela directamente a la unión de fuerzas, ya que el propósito es crear alianzas para lograr las metas.

De no tener un techo a dormir tres días seguidos

Manuel Sánchez, también beneficiario de la iniciativa, comparte un piso de dos habitaciones desde hace casi un año, en su caso dentro de la M-30. Su historia comenzó a finales de los setenta y principios de los ochenta en Madrid, durante la crisis del caballo (heroína). Sus padres fueron “pioneros” en la compraventa de esta droga en el barrio de Arcos, del distrito de San Blas-Canillejas. Él y su hermano ayudaban en el “negocio familiar”. A los 14 años probó por primera vez media pastilla y al poco tiempo la otra mitad. “Tenía casi 15 años cuando fui por primera vez a juicio y me pedían 15 años, cuatro meses y un día, por atraco a entidades bancarias y robo de vehículos”, explica. Ahora tiene 52 y hace más de una década que no consume.

“Esto me ha cambiado la vida radicalmente. Ha cambiado mis sentimientos, mis pensamientos, mi forma de actuar”, asevera Sánchez. Galina está completamente de acuerdo: “Agradezco profundamente la vivienda y a la organización. Yo estuve en la calle durante 14 años”. Llegó a España hace 40, con la intención de ver la Copa Mundial de Fútbol de 1982, pero terminó quedándose, ya que su hija y la madre de esta vivían en el país.

Las primeras semanas después de tanto tiempo sin un hogar son “de adaptación”, explica Sánchez. Para él, fue algo más sencillo, porque ya había vivido en un piso tutelado, aunque “lo tuvieron que cerrar por temas económicos”. Sin embargo, Galina pasó más de una década en la calle, por lo que para él, la experiencia fue completamente distinta. “No podía dormir, simplemente miraba el techo y pensaba: ‘Tengo un techo’. Después de unas semanas dormí casi 72 horas. ¡Tres días!”, recuerda.

He recibido insultos, amenazas. Nos dicen que somos unos degenerados, que no tenemos carácter humano

Abel Galina, beneficiario de Derechos a la vivienda

Guadalupe Moreno, una de las responsables del proyecto, cuenta que las personas que entran en el programa se muestran abrumadas por las actividades caseras más sencillas. “En los comedores sociales, el menú es el que es, no pueden elegir. No están acostumbrados a tener opciones, por lo que cuando no tienen las comidas pautadas o pueden invitar a familiares a visitarles, la sorpresa e incredulidad se apodera de ellos”, cuenta con una sonrisa.

Los peligros de no tener casa

Estar en situación de calle es algo “crítico y muy difícil”, asevera Galina, a quien dormir entre cartones casi le cuesta la vida tres veces. Una fue debida a la covid, pues acabó en la UCI con una neumonía grave. Las otras dos fueron porque alguien le prendió fuego a su improvisada casa de papel y “gracias a Dios”, suspira, no se encontraba dentro. “Nos consideran unos inútiles, unos indeseables de la sociedad. He recibido insultos, amenazas. Nos dicen que somos unos degenerados, que no tenemos carácter humano. Que somos como animales, unos chuchos de la calle”, se lamenta.

Las vejaciones no son lo único a lo que tienen que hacer frente. El guineano cuenta que las escasas pertenencias que se puedan llegar a tener, como un saco de dormir o varias mantas, se guardan durante el día en las alcantarillas de la ciudad, envueltas en una bolsa. El problema está en que “alguien siempre te ve” por lo que, cuando la persona abandona el puesto, “porque tiene que seguir con su día, ver a sus amigos o comer”, la gente aprovecha para robarlo todo. “Llegas por la noche y piensas: ‘Ahora voy a descansar’. Abres la alcantarilla y no tienes nada. Ni una sábana. Entonces, te toca buscar un portal y alguna cosita para taparte”, manifiesta con tristeza.

Además, la falta de acceso a la burocracia puede suponer un problema médico. Guadalupe Moreno recuerda un caso de un paciente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que necesitaba tener una bombona de oxígeno con él a todas horas. Sin embargo, antes de entrar al programa, no podía acceder a ella porque no estaba empadronado en ningún lado, explica. Al final, “el Samur tenía que activar la hospitalización y, cuando ya no estaba crítico, volvía otra vez al albergue y así, de manera cíclica”, se queja.

Los miedos de Sánchez se centran también en su frágil estado de salud. Hace poco le detectaron “dos tumores malignos y otro cáncer”, afirma preocupado. Además, cuenta con un 42% de discapacidad, aunque prefiere no entrar en los detalles del por qué. Derechos a la vivienda termina el 31 de diciembre de 2024 y le da pavor volver a la calle. “Si me da una neumonía, posiblemente me muera”, sentencia. Ahora tantos los gastos de suministros como el alquiler de su vivienda compartida lo paga el programa. La renta no es más de 1.100 euros al mes (550 por residente), pero es una cantidad que él no se podría permitir. Ahora mismo, debido a su enfermedad, no puede trabajar, por lo que percibe el ingreso mínimo vital, un monto de 400 euros.

Sin embargo, la directora de planificación del proyecto, aplaca los temores de Sánchez. Cuando finalice el programa y se agoten los fondos procedentes de la Unión Europea, la intención de sus promotores es que los gobiernos autonómicos tomen el relevo. “Si Manuel vuelve a la calle, será que hemos fracasado”, afirma Barajas.

Un techo sin condiciones

“A ninguna persona se le exige cumplir ningún requisito para poder disfrutar de sus derechos fundamentales, y las personas sin techo no son una excepción”, subraya Barajas. El programa Derechos a la vivienda no obliga a las personas a abordar cuestiones como la drogodependencia, el alcoholismo, el desempleo o los problemas de salud mental para poder tener acceso a una casa. Esta manera de trabajar diferencia esta iniciativa de otras similares en España, pero que sí piden que se cumplan ciertas condiciones antes de otorgar una vivienda.

Ser un proveedor y acompañante, pero sin darles las herramientas necesarias para que acaben con una vivienda propia, es restarles a las personas derechos como ciudadanos

Guadalupe Moreno, una de las reponsables del proyecto

Desestigmatizar a la población en situación de sinhogarismo es otro eje que trabajan desde Provivienda y Hogar Sí. Gabriel Alonso tiene dos inmuebles que no dudó en poner a disposición del proyecto. Es su forma de colaborar con las organizaciones. Desde su punto de vista, que es bastante “ingenieril”, “el sistema actual no funciona y hay que cambiarlo”. Por lo que, cuando se enteró de este nuevo programa, creyó que podría salir bien. Sin embargo, dice, los sesgos y los prejuicios relacionados con la pobreza y las personas sin techo son inherentes a la sociedad. No obstante, Alonso asegura que esto fue una preocupación mínima para él. “Tuve una sensación de incertidumbre, de no saber cuál iba a ser el feedback durante los primeros 15 días, pero pasa el tiempo, no sabes nada, el teléfono no suena y entonces te relajas”, asevera.

Tanto Abel Galina como Manuel Sánchez le piden lo mismo al Gobierno, “a este y a los que vengan”: que presten más atención a quienes están en situación de sinhogarismo. “Hay demasiada gente, tanto en las calles como en los albergues”, lamenta Sánchez. Galina sigue yendo todos los días a dar comida y ropa a sus compañeros. “Muchos son alcohólicos, por lo que están más preocupados por encontrar algo para beber que por cualquier otra cosa”, explica mientras señala las bolsas que tiene preparadas para ellos por toda la vivienda. Aunque le cuesta y sabe que no puede insuflarles permanentemente confianza y subirles la moral, siente que es su deber y obligación.

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