Cinco años del éxodo rohinyá

Los rohinyás son una minoría musulmana en Myanmar (antigua Birmania), país del sudeste asiático de mayoría budista. Hace 40 años, en 1982, el gobierno los privó de su nacionalidad, pues no los considera birmanos. Hace cinco, en agosto de 2017, más de 700.000 rohinyás se vieron obligados a huir de sus hogares, escapando de una operación militar de las fuerzas de seguridad de Myanmar que la ONU calificó de “limpieza étnica” y “posible genocidio”. Apátridas y no reconocidos oficialmente como refugiados, buscaron protección en el vecino Bangladés, de mayoría musulmana. Hoy, casi un millón de personas, la mitad de ellas niños, siguen viviendo en chabolas de bambú superpobladas y temporales en el macrocampo de Cox’s Bazar al que llegaron entonces, al sureste del país. Allí –alertan las ONG que trabajan en el terreno– inundaciones e incendios, pobreza, hambre, insalubridad, violencia y enfermedades, entre otros males, conviven con la infelicidad y la desesperanza.

En el quinto aniversario de su huida, las heridas del éxodo siguen frescas en la memoria de Tayeba Begum, madre de seis hijos en uno de los campos. “No podíamos seguir en Myanmar cuando empezaron las matanzas. Dejamos nuestra casa y nuestras tierras. Salimos con la ropa que llevábamos puesta y corrimos. Cruzamos selvas y caminos embarrados, íbamos empapados”, relata, en declaraciones recogidas por Médicos Sin Fronteras (MSF). “Han sido cinco años de vivir en la angustia. Tenemos refugio, pero más allá de eso, no tenemos mucho para nuestros hijos. Dependemos de la asistencia alimentaria y nos preocupamos de qué darles de comer y si es suficiente. Así es como vivimos: medio alimentados. De lo contrario, no puedo comprarles nada a mis hijos”, describe, sobre su vida en los campos.

“Extraño terriblemente mi hogar en Myanmar. Anhelo la paz. Si alguna vez podemos volver a vivir en paz en Myanmar, volveremos. ¿Por qué no regresaríamos si se nos hace justicia y nos dan ciudadanía? ¿No es también nuestra patria? Pero, ¿cómo podemos retornar si nuestros derechos no están garantizados? ¿Dónde viviremos, ya que nuestras casas han sido destruidas? ¿Cómo podemos regresar si nuestros hijos pueden ser arrebatados y asesinados?”, se pregunta. No es la única con falta de perspectivas en Cox’s Bazar, donde los refugiados dependen completamente de la ayuda humanitaria para sus necesidades básicas, como alimentos y medicinas.

Los campamentos, un crisol de enfermedades

Arunn Jegan, representante humanitario de MSF en Bangladés, se encuentra en los campos de refugiados de Cox’s Bazar. Es la cuarta vez que trabaja en el país. Dos veces en 2017, una en 2019 y, la última, ahora. Para él, es importante recordar que los refugiados rohinyás, como población huida, “arrastran infinitas cicatrices de la violencia sufrida, tanto físicas como emocionales”. Por un lado, el impacto en la salud de las “condiciones de pobreza, congestión e insalubridad” en las que viven ahora, asegura, es “enorme”. “Hay un claro vínculo entre la falta de saneamiento y la propagación de enfermedades como la sarna (hay niños con costras por todas partes), el sarampión, el dengue, la diarrea acuosa aguda o las infecciones del tracto respiratorio superior, que están a la orden del día en los campos”, clarifica.

Por otro lado, a MSF le preocupa la salud mental de los refugiados. “No hay esperanza”, lamenta Jegan. “No pueden estudiar, no pueden trabajar, no son autosuficientes, no pueden decidir sobre su futuro, y además no saben cuándo van a volver a casa”, explica. “Ansiedad, depresión, trastornos bipolares...”, enlista. “Las consecuencias de la violencia sexual y de género son un tema aparte. Solo hay tratamiento para lesiones e infecciones de transmisión sexual, pero no hay apoyo mental ni vacunación”, lamenta. Al igual que las afecciones físicas, los trastornos psicológicos campan a sus anchas por Cox’s Bazar.

Los niños rohinyás, una generación perdida

Del casi millón de rohinyás que viven en los campos de refugiados en Cox’s Bazar, la mitad son niños. Onno van Manen, director de Save the Children Bangladés, detalla cómo se encuentran: “Además de estar preocupados por su seguridad, –dos tercios de ellos no se sienten más seguros ahora que cuando llegaron hace cinco años–, casi el 80% de los niños se sienten deprimidos en algún momento”. En los campos, no hay espacios para jugar, las oportunidades de educación son mínimas y las perspectivas de empleo para jóvenes y adolescentes son pésimas. Además, la desnutrición va en aumento. “No es de extrañar que se sientan miserables”, lamenta. Sobre todo, observa, preocupan el matrimonio y el trabajo infantil –consecuencia de la pobreza y la falta de educación–, la inseguridad que generan las pandillas y los grupos armados, así como la violencia sexual y doméstica.

Además de estar preocupados por su seguridad, –dos tercios de ellos no se sienten más seguros ahora que cuando llegaron hace cinco años–, casi el 80% de los niños se sienten deprimidos en algún momento

Onno van Manen, director de Save the Children Bangladesh

“¿La solución? Mejorar el acceso a la educación formal”, declara van Manen. “La única educación que reciben los refugiados es la informal, proporcionada a través de organizaciones humanitarias por maestros locales y rohinyá. Necesitamos un sistema formalizado con evaluaciones que rastreen los logros de aprendizaje, certificaciones y acreditaciones. Si no, los niños rohinyás corren el riesgo de convertirse en una generación perdida”, concluye. Y asegura: “Un campo de refugiados no es un lugar para que un niño crezca”.

El papel de la comunidad internacional

Según Daniel Sullivan, subdirector para África, Asia y Medio Oriente en Refugees International, lo esencial es “que la comunidad internacional siga brindando financiamiento humanitario hasta que sea seguro para los refugiados rohinyá regresar a su tierra natal en Myanmar”. Para ello, sugiere, “hay que ejercer presión internacional contra la junta militar de Myanmar, para poner fin a los abusos”.

A principios de este año, el gobierno de Estados Unidos, que continúa liderando la financiación humanitaria para los rohinyás, determinó formalmente que el ejército de Myanmar cometió genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los musulmanes de etnia rohinyá. Además, Estados Unidos ha anunciado recientemente que apoyaría una remisión del caso de Myanmar por parte del Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional. “Está bien, pero no es suficiente”, lamenta Sullivan, que advierte de que los recursos invertidos se están agotando tras cinco años de crisis. “Destacar las voces de la comunidad rohinyá, apoyar la justicia y aprobar leyes que autoricen más financiamiento humanitario”, es lo que hace falta, según Sullivan.

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