Ayuntamientos en primera línea de la defensa de los derechos humanos

A punto de cumplir 25 años de vida, el próximo 23 de marzo, la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Colombia está llena de horrores que cuesta imaginar siquiera; más de 300 asesinatos, amenazas, destrucción de viviendas, quema de cultivos, desplazamientos masivos, violencia sexual y usurpación de tierras por parte de actores armados, sobre todo fuerzas del Estado y paramilitares. Sin embargo, gracias a la persistencia del millar de campesinos de esta comunidad del noroeste colombiano, en la zona del Urabá, de la región de Antioquia, pudieron permanecer en sus tierras, conscientes que no lo hubieran logrado sin la solidaridad internacional. “Sobrevivimos gracias a todos ustedes, acompañantes del mundo. Lo importante ha sido el apoyo político, moral y espiritual que nos han brindado personas amigas, organizaciones y alcaldías que han creído en nuestro proceso”, dice vía WhatsApp José Roviro, integrante del colectivo de campesinos.

Es difícil encontrar en el mundo una experiencia de resistencia civil contra la guerra que atesore tantos apoyos, entre ellos el de casi un centenar de alcaldías de ciudades europeas. Una de ellas es la de Westerlo, una pequeña ciudad de la región belga de Amberes. “Un municipio de tamaño medio puede y debe también desempeñar un papel internacional y asumir su responsabilidad, más allá de sus límites municipales. Para la comunidad somos un pilar de apoyo y es la interacción de todos los actores internacionales lo que asegura el efecto. La incidencia ha sido importante. Para las autoridades colombianas somos una piedrita en el zapato”, afirma su alcalde Guy Van Hirtum por correo electrónico.

Sobrevivimos gracias a todos ustedes, acompañantes del mundo. Lo importante ha sido el apoyo político, moral y espiritual que nos han brindado personas amigas, organizaciones y alcaldías que han creído en nuestro proceso

José Roviro, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia)

Detrás de la alcaldía de Westerlo está la Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz, una federación de 14 parroquias católicas que saben de la importancia de empujar ejerciendo diplomacia ciudadana. Para su presidente, Sus Van Olmen, lo más importante es denunciar las violaciones de derechos humanos que sufre la población civil y líderes de la comunidad. A lo largo de los años, junto con la alcaldía, han escrito decenas de cartas urgentes a las autoridades colombianas, belgas e internacionales. “Aprendimos que presionamos más al Gobierno colombiano dirigiéndolas directamente a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de DDHH. Y hemos participado en diferentes delegaciones internacionales haciendo incidencia con las autoridades políticas, militares y eclesiásticas de Colombia. Incluso pudimos convencer a nuestra embajada de Bélgica en Bogotá para que estuviera pendiente de ellos”, explica por mail.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha conseguido también estar muy presente en el espíritu de varias ciudades italianas como Padua, Narni y Fidenza. Estas dos últimas le concedieron la ciudadanía honoraria. “En Italia, las ciudadanías honorarias no son para nada simbólicas ni un papel mojado. No importa que el alcalde actual sea de centro derecha porque el compromiso se debe mantener y cada vez que sucede alguna amenaza, Fidenza reacciona y toma posición. Nuestro alcalde escribe a la Embajada italiana en Colombia, al Ministerio de Exteriores italiano, al propio presidente de Colombia o a quienes sugiera la propia Comunidad. Queremos ser su altavoz en Italia, dar a conocer su lucha por la vida y la paz”, dice vía WhatsApp Nelly Bocchi, responsable de Amnistía Internacional en Fidenza, un municipio de 30.000 habitantes de la región de Emilia Romanga, e integrante de la Red Italiana de Solidaridad con Colombia que apoya ahora un proyecto de comercio justo de cacao producido por ellos.

Burgos y Rivas, lazos entre municipios

Aquí en España, también la alcaldía de Burgos está comprometida con la subsistencia de la Comunidad de Paz en virtud de un convenio aprobado en un pleno municipal por unanimidad hace 20 años. Desde entonces, la ciudad castellana brinda apoyo económico para mejorar sus condiciones de vida y se ha hecho eco de todas las amenazas que siguen recibiendo. Lo hace a través de la plataforma Burgos con Colombia. Luis Escribano es uno de sus responsables pero ha estado también al otro lado de la barrera como concejal socialista cuando su ciudad dedicaba el 1% a cooperación. Es un defensor acérrimo del papel que deben jugar los ayuntamientos en la corresponsabilidad con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. “Lo que hizo Burgos significa un salto en la cooperación internacional que tiene que ver con la defensa de la vida. Otros municipios han adoptado esta dirección, pero este movimiento municipalista merecería tener mucha más fuerza porque la política internacional en el ámbito de los Estados esta mediatizada por sus propios intereses y por las relaciones económicas”.

Para Escribano, Colombia es el ejemplo más claro de que la cooperación que se hace responde en general a unas relaciones de orden político donde, entre otras cosas, el Estado español no critica nunca al colombiano. “En esas relaciones entre Estados no se puede esperar más que cautelas. Sería bueno que esos Estados o las políticas internacionales, llenas de equilibrios, empezaran a sentir la presión de instituciones de menor rango que les expresen esta preocupación y que muestren su disgusto cuando éstos no llegan a casi nada, que no sea tratar de hacer equilibrios y no romperlos”.

Con todo, hoy en Burgos es casi imposible sacar adelante cualquier declaración institucional o posicionamiento político en apoyo a San José de Apartadó o al pueblo colombiano. “La presencia de Vox rompe con este tipo de cosas porque cualquier declaración que vaya a pleno debe aprobarse por unanimidad. Pero el convenio se mantiene. Es un acuerdo único porque se trata de una ciudad de 180.000 habitantes como la nuestra que apoya a una comunidad campesina colombiana situada en un lugar absolutamente inaccesible para la inmensa mayoría y que supone a su vez un compromiso económico”, concluye Escribano.

Rivas-Vaciamadrid es otro municipio que lleva muchos años acompañando activamente a San José de Apartadó con el apoyo explícito de su alcaldía y el empuje de la organización local XXI Solidario que trabaja actualmente con ellos en un proyecto de restitución de tierras. Para Aída Castillejos, portavoz de Gobierno de Rivas, tener los ojos puestos en una comunidad fuertemente amenazada puede salvar vidas. “Te lo dicen en El Salvador, en el Sahara o en Palestina. Ellos lo que buscan es que haya altavoces internacionales que cuenten la realidad de lo que sucede en sus territorios. No es solo que nuestra ciudadanía nos demande comprometernos, sino que es un deber que tenemos las instituciones. Y por pequeños que seamos, aquí hay una ciudad de 90.000 habitantes como la nuestra que sabe de la existencia de la Comunidad y que si les sucede algo tienen a Rivas que, con lo poco que podamos hacer, hará de altavoz de lo que ocurra”, explica telefónicamente.

El Ayuntamiento de esta localidad cercana a Madrid tiene claro que hay que posicionarse políticamente siempre cuando se trata de defender los derechos humanos. De hecho, fue uno de los primeros municipios en reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y en declararse ciudad libre de apartheid en el marco de una campaña internacional de boicot a empresas colaboradoras con el sionismo como medida de presión para que Israel cumpliera con el derecho internacional humanitario en Palestina.

El caso de Rivas no es muy frecuente. Dar el paso a posicionamientos de incidencia política en la protección internacional de los derechos humanos no es un camino fácil y no se asume en general como una acción prioritaria municipal. “No es que los ayuntamientos se tengan que volver activistas, es solo asumir que defender los derechos humanos no es una cuestión adicional al ejercicio político, debe ser el principio del ejercicio político. Una declaración de Naciones Unidas de hace unos años habla precisamente de la obligación que tienen los gobiernos locales de adoptar una defensa comprometida de los derechos humanos, no solamente de su ciudadanía, sino a nivel internacional”, explica Natalia Biffi, responsable del área de incidencia de Reds -Red de Solidaridad para la Transformación Social, una organización que trabaja, entre otros ámbitos, en la sensibilización de representantes políticos municipales para que desde los ayuntamientos se promuevan nuevas maneras de cooperación que vayan en la línea de la corresponsabilidad y la incidencia política.

“Tener los ojos puestos en una comunidad fuertemente amenazada puede salvar vidas. Te lo dicen en El Salvador, en el Sahara o en Palestina

Aída Castillejos, Aída Castillejos, portavoz de Gobierno de Rivas-Vaciamadrid

La implicación de un ayuntamiento puede llegar hasta donde el marco jurídico se lo permita, pero el margen es amplio. “Depende de su voluntad política y de asumir otra manera de hacer cooperación internacional. En los últimos años se habla mucho más de personas defensoras, de defender a quienes defienden los derechos humanos. Se ha demostrado que cuando un ayuntamiento tiene una relación continua con personas defensoras amenazadas, eso tiene un efecto y unas repercusiones reales en la vida de las comunidades de otras partes del mundo y también redunda en la sensibilización de la propia sociedad local del municipio”, explica Alejandra Durán, técnica de investigación de Reds.

La corresponsabilidad municipal con la defensa de los derechos humanos y los posicionamientos de incidencia política son más factibles cuando se actúa en red. Así lo hace la red vasca municipal de protección a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, Herri Babesarea y el proyecto de Ciutats Defensores, iniciativa auspiciada y coordinada por el Fons Catalá de Cooperación donde participan 27 ayuntamientos catalanes junto a otras nueve instituciones y que cada año acoge a una decena de personas defensoras de diferentes lugares. El compromiso de Ciutats Defensores es hacer incidencia política con las denuncias que se le presentan y que esas personas se sientan más protegidas y acompañadas para poder seguir haciendo su labor una vez retornan a sus países.

En Cataluña, también el Ayuntamiento de Barcelona abandera una nueva manera de hacer cooperación donde la defensa de los derechos humanos y la incidencia política tienen mucho peso. Y hay otro amplio grupo de ciudades medianas y pequeñas como Gavá, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Girona, Tarragona, Sant Adriá del Besòs o Santa Coloma de Gramenet que tienen ambiciosas políticas propias de cooperación. Ayuntamientos como Terrassa, por ejemplo, dedican hoy el uno por ciento de sus ingresos a cooperación. Sant Boi de Llobregat y Sabadell un 0′8.

Y está el Fons Catalá de Cooperació, una histórica asociación municipalista de solidaridad internacional integrada por más de 300 municipios catalanes que trabaja en reforzar la cooperación como competencia municipal. “La agenda de los derechos humanos es un tema cada vez más presente. Los ayuntamientos quieren adherirse pero les cuesta mucho concretar”, explica su director David Minoves.

Para el Fons falta hacer más pedagogía para que los municipios entiendan que quizá no tengan capacidad para realizar un determinado tipo de acciones pero sí pueden hacer incidencia hacia otras Administraciones de carácter superior, ya sea la autonómica o la del Estado. “El reto de la cooperación municipalista es incidir para producir cambios y establecer agendas comunes para trabajar juntos”, añade Toni Borrell, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Fons.

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