Luces y sombras del jugoso mercado de los centros de datos en África

Cuando se inauguró el centro de datos de Diamniadio, en Senegal, el presidente del país Macky Sall aseguró con satisfacción: “Es una gran revolución para la soberanía digital de nuestro país”. Y para que se entendiese a qué se refería, afirmó que había dado la instrucción para que todos los datos de las administraciones senegalesas alojados en el extranjero se trasladasen inmediatamente a la recién estrenada infraestructura. En ocasiones, perdemos de vista que los datos que generamos con nuestras actividades en el entorno digital tienen una dimensión completamente física y deben ser almacenados en espacios igualmente físicos.

Como señaló en junio Macky Sall, la capacidad para guardar y custodiar esas informaciones en el propio territorio es uno de los aspectos de la soberanía digital que hasta los últimos años no habían interesado demasiado a los gobiernos del sur global, por la falta de conciencia de su importancia y por el elevado coste de las tecnologías necesarias. Sin embargo, la sombra del gigante chino de la tecnología Huawei en ese mismo proyecto de centro de datos de Diamniadio demuestra que las exigencias de soberanía digital van más allá de la construcción de un edificio y las amenazas a la privacidad preocupan cada vez más a las sociedades civiles.

La construcción de centros de datos se ha convertido en una prioridad entre los gobiernos africanos en sus políticas de inmersión en la transformación digital. Por un lado, resulta razonable que los Estados quieran mantener los datos en infraestructuras situadas dentro de sus propias fronteras, sobre todo, los que ellos mismos generan y gestionan. Por otro lado, parece una necesidad imperiosa a tenor de los datos ofrecidos desde Smart Africa por Lacina Koné, su director general, que asegura que en el continente africano se encuentra solo un 1% de la capacidad mundial de almacenamiento de datos y que debería aumentar hasta el 10% en 2030. En febrero de este año, la Asociación Africana de Centros de Datos (ADCA, por sus siglas en inglés) y Xalam Analytics publicaron una prospección en la que señalaban que serían necesarias 700 instalaciones más en el continente para igualar el nivel de disponibilidad de recursos de Sudáfrica o de la India.

En e continente africano se encuentra solo un 1% de la capacidad mundial de almacenamiento de datos y que que debería aumenta hasta el 10% en 2030.

Tampoco se puede perder de vista que para la industria tecnológica, la construcción de estas instalaciones aparece como un jugoso mercado de futuro. Según un informe de abril de ReporLinker, el mercado africano de los centros de datos alcanzará los 5.000 millones de dólares (4.423 millones de euros) en 2026. Y hace un par de meses se anunciaba que Africa Data Centers (ADC) tiene planes de construir diez centros de datos de gran capacidad en otros tantos países en los próximos dos años. Esta operación supondría la inversión de más de 500 millones de dólares.

Todo parece brillar en el sector de los centros de datos y, por eso, las autoridades senegalesas presentaron con orgullo sus nuevas instalaciones para el almacenamiento de las informaciones generadas por el Estado. Sin embargo, algunos actores de la sociedad civil han visto algunas sombras. Las instalaciones han sido financiadas con un préstamo de la cooperación china y Huawei se ha ocupado del equipamiento y la asistencia técnica del proyecto. Y, mientras el argumento principal del discurso sobre el centro de datos se refiere a la mejora de la soberanía digital de Senegal, el protagonismo del controvertido gigante tecnológico despierta ciertas inquietudes.

Por ejemplo, Ababacar Diop, jurista y presidente de Jonction, una organización de defensa de los derechos humanos que muestra especial interés en el entorno digital, afirma: “Precisamente, la dependencia en la financiación del centro de datos de Diamniado ilustra perfectamente la dependencia digital de nuestro país. La tecnología digital es un campo en el que, si no puedes crear e instalar tus propios sistemas y programas, no tienes ningún control sobre las instalaciones”. Además este jurista recuerda la posición privilegiada que puede dar al Estado chino, la información con la que puede contar la empresa tecnológica: “De hecho, Huawei tiene acceso a los datos y podría utilizarlos con fines económicos para apoyar la creciente entrada de China en África. El control económico y financiero del continente africano depende del dominio de los datos y Huawei podría ayudar en gran medida al Estado chino recogiendo datos sin el conocimiento de los africanos. Y el centro de datos de Diamniado no será una excepción”.

Por su parte, un conocido activista digital senegalés, Cheikh Fall, aplaude la construcción del centro de datos, pero advierte de una serie de condiciones necesarias para que la infraestructura tenga una repercusión positiva. “Es necesario que las soluciones tecnológicas utilizadas puedan ser dominadas y controladas para evitar que no volvamos a ser más dependientes del software, después de haber trabajado e invertido en el hardware”, señala en primer lugar.

Como informáticos sabemos que es muy fácil colocar en un ordenador, un dispositivo de espionaje. Si alguien te regala un ordenador o una infraestructura digital deberías preguntarte por tu seguridad y la de los datos

Cheikh Fall, activista digital senegalés

Fall compara el debate en torno a la financiación con el que ya hace años que se produce en torno a las donaciones de material informático. “Los ordenadores, las impresoras”, comenta el activista, “y otros materiales de nuestras administraciones son, muchas veces, el resultado de donaciones de ciertos países occidentales. Eso siempre ha planteado problemas como el de la independencia desde el punto de vista infraestructural. Pero también hay una cuestión de seguridad. Como informáticos sabemos que es muy fácil colocar en un ordenador, un dispositivo de espionaje. Si alguien te regala un ordenador o una infraestructura digital deberías preguntarte por tu seguridad y la de los datos. Garantizar la seguridad de nuestras herramientas supone no aceptar regalos de otro país que puede tener intereses en el nuestro”. Fall recuerda, además, que las amenazas sobre casos de espionaje masivo o de gestión de datos se han hecho reales en África, tanto en elecciones y campañas políticas como en la explotación económica de informaciones personales.

En todo caso, el ejemplo del centro de datos de Diamniadio es solo una anécdota en una dinámica mucho más amplia. Ya hace años que el estado chino despliega su interés por reforzar su influencia en el continente africano a través de diversas y variadas estrategias. La tecnología es una de las más recientes, pero también de las que más proyección muestran. Precisamente, coincidiendo con la inauguración de las instalaciones senegalesas, el South China Morning Post exploraba los intereses de Huawei en África. Con el explícito título “Las naciones africanas continúan confiando en Huawei para la gestión de datos”, señalaba que la compañía tecnológica china trabaja en 25 proyectos en África, en países como Zimbabue, Zambia, Togo, Tanzania, Mozambique, Malí y Madagascar. Sin olvidar que ya ha desarrollado proyectos similares en Kenia, Egipto, Costa de Marfil, Camerún, Ghana, Cabo Verde, Argelia o con la Unión Africana.

Arthur Gwagwa es un investigador que se ocupa de la conexión entre tecnología y seguridad y asegura: “El éxito tecnológico convierte al régimen político de China en un modelo a imitar por otros países, descartando el modelo de democracia de Estado de Derecho y libertades civiles impulsado durante casi un siglo por Estados Unidos. Huawei es, ahora, responsable de hasta el 70% de la red de telecomunicaciones de África y, por lo tanto, es el único actor dominante en la construcción de la red troncal de telecomunicaciones en el continente, subvencionada por préstamos chinos”. Gwagwa señala que “los gobiernos africanos justifican la adquisición de tecnología china, porque ofrece una alternativa mejor que la proporcionada por Occidente”.

La preocupación se basa en el temor de que China esté creando de facto un futuro de autoritarismo impulsado por la tecnología

Arthur Gwagwa, investigador

“La preocupación se basa en el temor de que China esté creando de facto un futuro de autoritarismo impulsado por la tecnología, en el que sus transferencias tecnológicas se despliegan a propósito para limitar la expresión y el desarrollo orgánicos de los movimientos democráticos nacientes”, explica Arthur Gwagwa; al mismo tiempo que advierte de que ni su principal oponente EEUU ha podido demostrar que China esté violando ninguna ley en esas transacciones. “China lleva mucho tiempo insistiendo en que sólo le preocupan las transacciones económicas productivas y fructíferas”, comenta el investigador y remite a una frase de los servicios de comunicación de Huawei: “Huawei proporciona tecnología para apoyar programas de ciudades inteligentes y ciudades seguras en todo el mundo. En cada caso, Huawei no se involucra en el establecimiento de políticas públicas en términos de cómo se utiliza esa tecnología”. El temor, según Gwagwa, radica en que “algunas de las exportaciones chinas son tecnología de ‘doble uso’ y es bastante sencillo que la tecnología vendida con fines comerciales se convierta en extremadamente eficaz para desempeñar múltiples funciones, incluidas las militares y de inteligencia”.

Para este experto en tecnología, seguridad y derechos humanos, las amenazas en la exportación de ciertos sistemas por parte de países africanos es evidente, pero recuerda que “China no es el único país que exporta tecnologías de vigilancia a África” y que el paso del tráfico informático por EE UU ha dado lugar a lo que se conoce como “vigilancia pasiva y seguimiento electrónico que alimenta el modelo de negocio basado en datos de Silicon Valley sin pagar por ello y además permite que empresas de servicios como Google y Facebook controlen la plaza pública”.

Desde esa perspectiva, Gwagwa y Fall coinciden en el papel fundamental que recae sobre las sociedades civiles. “Creando un sistema de control, alertando a los ciudadanos sobre la privacidad y exigiendo más transparencia en general”, según Gwagwa. Fall añade que es necesario exigir “que se implanten medidas de salvaguardia para proteger los derechos de nuestros ciudadanos y que se trabaje en las repercusiones sobre los derechos humanos de todas estas estrategias de desmaterialización y modernización”.

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