Pueblos indígenas
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El petróleo que no compensa a las comunidades de la Amazonía peruana

El Gobierno peruano debe exigir a las empresas del crudo la reparación de las tierras que han dañado y la indemnización a las poblaciones kichwa, quechua, achuar y urarina. Sin embargo, el país se apresura a repetir los errores y fechorías del último medio siglo

Una joven navega en una canoa por el río Amazonas, en la región de Loreto (Perú).
Una joven navega en una canoa por el río Amazonas, en la región de Loreto (Perú).ANDONI CANELA

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La región de Loreto en la Amazonía peruana, al norte del país, es un lugar de abundante naturaleza donde los bosques y los ríos han sustentado a los pueblos indígenas durante innumerables generaciones. Sin embargo, empresas petroleras llevan casi 50 años perforando y contaminando el suelo y el agua de la zona, extrayendo la riqueza y dejando a su paso desolación y enfermedad.

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Los pueblos indígenas luchan por proteger sus tierras sagradas pero tienen muy poco poder y cada vez cuentan con menos respaldo. Las compañías petroleras, con sede en el extranjero, les perjudican de manera impune. Y al mundo exterior parece no importarle. Su propio Gobierno responde a sus demandas de justicia con promesas incumplidas o con silencio. Mientras tanto, la contaminación se agrava y la gente sufre. Los residuos tóxicos de la producción de petróleo –arsénico, mercurio, plomo– se acumulan en el suelo al igual que en los peces, envenenan la sangre de los pobladores y propagan enfermedades. Este ciclo de calamidades puede ser evitado. Eso sería posible si aquellos que tienen el poder estuvieran dispuestos a ponerle fin.

Los residuos tóxicos de la producción de petróleo –arsénico, mercurio, plomo– se acumulan en el suelo al igual que en los peces, envenenan la sangre de los pobladores y propagan enfermedades

Somos expertos independientes encargados de reportar a las Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y la amenaza de los desechos tóxicos. Hemos escrito al Gobierno de Perú, en un momento de gran tensión.

Una compañía, Pluspetrol Norte S.A., controlada desde Ámsterdam, que ha explotado durante décadas los yacimientos petrolíferos más ricos del país, ha anunciado su liquidación, queriendo eludir su responsabilidad por la destrucción que ha causado. Frontera Energy, otra empresa que operó en la zona durante cinco años y provocó varios derrames, también se retiró en febrero sin solucionar su desastre tóxico.

Las autoridades peruanas deben exigir a estas y otras empresas la reparación de las tierras que han dañado y la indemnización a las comunidades indígenas que viven en ellas: kichwa, quechua, achuar y urarina. No obstante, el Gobierno está buscando apresuradamente una nueva empresa para seguir extrayendo petróleo en Loreto. Está acelerando las negociaciones y consultas para un nuevo contrato de 30 años de exploración y perforación. Y todo ello en medio de una emergencia climática mundial y de la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía según la cual no puede haber nuevas inversiones en combustibles fósiles si el mundo ha de mantenerse dentro de límites seguros.

Las federaciones indígenas afectadas por la explotación petrolera en Loreto accedieron de buena fe a participar en estas consultas, aunque la Administración las ha socavado. La contaminación por petróleo amenaza todo lo que necesitan para sobrevivir: agua, cultivos y pesca, prácticas tradicionales, plantas medicinales, lugares sagrados, y hasta su propia salud y seguridad. Y, aún así, las federaciones observan con consternación cómo Perú se apresura a repetir los errores y fechorías del último medio siglo.

La contaminación por petróleo amenaza todo lo que los pueblos indígenas necesitan para sobrevivir: agua, cultivos y pesca, prácticas tradicionales, plantas medicinales, lugares sagrados, y hasta su propia salud y seguridad

Pluspetrol tiene identificados más de 2.000 lugares contaminados en Loreto. Hemos pedido al Gobierno desde 2014 que imponga el cumplimiento de las sentencias de sus organismos reguladores para la restauración de estos lugares, en consulta con las comunidades kichwa, quechua, achuar y urarina.

No se puede permitir que las empresas contaminen la tierra y los ríos, dañen la salud de las personas y luego se retiren impunemente. Las operaciones de Pluspetrol en los campos petrolíferos de Loreto, conocidos como Bloques 8 y 192, se han caracterizado durante mucho tiempo por sus bajos estándares medioambientales, sus malas prácticas operativas, sus daños al medio ambiente y a la salud de la población local, sus malas técnicas de remediación y su evasión de responsabilidades legales.

Un estudio reciente reveló que Pluspetrol fue responsable del 94% de los 474 barriles derramados y fugas de petróleo en la Amazonía peruana en los últimos 14 años. Otro informe reciente también documentó que, entre 2000 y 2009, Pluspetrol vertió unos 1,67 millones de barriles de agua altamente tóxica procedente de la producción en el bloque 192.

Un informe nacional de 2019 mostró que al menos el 57% de los pueblos indígenas que viven en las cuencas de cuatro ríos de la región de Loreto –el Pastaza, el Tigre, el Corrientes y el Marañón– han estado expuestos a niveles inaceptablemente altos de plomo. El estudio reveló que casi el 46% de los niños presentaba niveles peligrosos de arsénico en la sangre, y casi el 26% tenía niveles elevados de mercurio. Estas provocan cáncer y otras enfermedades.

En diciembre de 2020, Pluspetrol anunció su liquidación, a pesar de no contar con un plan de rehabilitación aprobado para los campos petrolíferos en los que trabajaba. La compañía ha estado luchando en los tribunales para bloquear los esfuerzos del Gobierno de imponer multas por la contaminación que causó. Mientras tanto, la compañía señaló a las comunidades indígenas que no tiene la obligación legal de indemnizarlas y que la rehabilitación ya no es su responsabilidad.

Un estudio reciente reveló que Pluspetrol fue responsable del 94% de los 474 derrames y fugas de petróleo en la Amazonía peruana en los últimos 14 años

Pluspetrol no es la única empresa que ha trabajado –y abandonado– los Bloques 8 y 192. Las empresas Occidental y Frontera Energy perforaron en el Bloque 192 y Petroperú en el Bloque 8. Desde la salida de Frontera Energy del Bloque 192, el lote se ha quedado sin operador.

La empresa estatal, Perupetro, es legalmente la propietaria del lote y la responsable de lidiar con los daños ambientales en el mismo. Pero Perupetro también es responsable por atraer inversiones para extraer hidrocarburos, y ha indicado a las comunidades que no es responsable de remediar el medio ambiente y que solo realizará la limpieza superficial de los suelos y la vegetación.

Eso no será suficiente para que se haga justicia en Loreto. No se trata solo de las tierras contaminadas por el petróleo derramado y los residuos tóxicos. Las comunidades indígenas siguen careciendo de agua potable y saneamiento adecuados. La infraestructura sanitaria es deficiente en personal médico y capacidad técnica especializada. Falta atención primaria de salud, atención materno-infantil y atención nutricional. Prevalecen enfermedades como la malaria, las infecciones respiratorias agudas y la diabetes. Hemos recibido información de que en el año 2020, tres madres jóvenes murieron con sus recién nacidos, y que en este año dos madres quechuas han muerto de preeclampsia y desnutrición. La pandemia de la covid-19 no ha hecho más que empeorar las cosas.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, “los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación”.

El Gobierno de Perú es responsable de asegurar los derechos de toda su gente, incluidas las comunidades indígenas de Loreto. Debe tomar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, a la salud, a la cultura, y a un medio ambiente sano, además de investigar, perseguir y castigar, si es necesario, a todos aquellos que han incumplido las leyes medioambientales y han dañado al país durante tanto tiempo.

Marcos A Orellana es relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos y Francisco Calí Tzay es relator especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

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