Descifrando a las migrantes

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Las mujeres migrantes son con frecuencia víctimas de una triple discriminación, por ser mujeres, migrantes y, en su mayoría, pobres. Por ello, debe ser una prioridad generar oportunidades económicas para ellas y combatir la violencia basada en género a la que se encuentran expuestas, en especial en América Latina y el Caribe.

Hasta finales de los años setenta, muchas mujeres migraban como acompañantes de sus parejas para hacerse cargo del cuidado del hogar. Sin embargo, en los ochenta se produjo una reducción en la demanda de personal masculino para trabajar en la industria. El envejecimiento de la población en el norte, a su vez, aumentó la necesidad de mano de obra barata femenina, principalmente para trabajar en labores domésticas, de servicios y cuidados. Así, a comienzos de este siglo, la migración de mujeres peruanas, ecuatorianas, bolivianas y colombianas a España se elevó un 60%.

Las mujeres que migran afrontan discriminaciones particulares y problemas específicos. Tienen menos posibilidades de hacerlo legalmente (escapar a la violencia sexual no siempre es una razón para obtener protección) y, en el proceso, se enfrentan a violencias añadidas (como la explotación, de género o la trata), así como a la falta de atención a su salud sexual y reproductiva. También enfrentan mayores dificultades para reunificar a sus familias, insertarse en los mercados laborales de los países de destino y otros tipos de marginación adicionales solo por su condición de mujeres migrantes.

Ante la migración repentina y masiva que está ocurriendo en los países de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió estudiar cómo el género influye en las motivaciones, los trayectos elegidos y la posibilidad de integrarse en el lugar de destino. A partir de ese análisis, se proponen una serie de recomendaciones para atender las necesidades y desafíos particulares de las mujeres que se van al extranjero, que en la región ya son más que los hombres.

Algunas de estas recomendaciones se basan en ejemplos de lo que ya están haciendo –con éxito– muchos países. Por ejemplo, para prevenir y dar respuesta a la violencia sexual y de género contra mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en Bolivia, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), desarrollaron procedimientos. ACNUR supervisa de manera periódica el trato hacia ellas y promueve la implementación de procesos adecuados (entrevistas separadas, disponibilidad de intérpretes del sexo femenino, etcétera). Y en Colombia, el programa Salutón Femenina despliega unidades móviles para el registro y atención sanitaria, psicológica y jurídica de mujeres y niñas venezolanas.

En los temas de trabajo femenino queda mucho por hacer, pero ya se ven también los primeros esfuerzos efectivos. En varios países de la Unión Europea, el proyecto Sirius busca la integración efectiva de mujeres y jóvenes a través de la obtención de empleos. Mientras, en América Latina y el Caribe también existen esfuerzos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, el programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración de Costa Rica, para dar acceso a oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a mujeres y migrantes.

Las mujeres migrantes, integrantes clave de nuestras sociedades, son una pieza esencial de la recuperación económica pospandemia

Por otro lado, es necesario establecer medidas para reconocer y fortalecer las habilidades de las migrantes, y así permitirles insertarse al mercado laboral más fácilmente. Agilizar la convalidación de los títulos académicos del país de origen es una medida simple, pero con gran impacto. Además de trabajar en programas de capacitación en habilidades digitales, que han generado aún más demanda en el marco de la pandemia por la covid-19.

En los casos de las mujeres que migran para reunirse con sus parejas, la dificultad para obtener un permiso de trabajo las limita a los cuidados familiares o la economía informal. Para evitarlo, países como Alemania permiten obtener un empleo a todos los extranjeros con permiso de residencia como familiar.

En las circunstancias excepcionales que hemos vivido en el último año, hemos constatado un incremento en la carga de trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y de los cuidados familiares: las mujeres asumen tres cuartas partes de las horas que requieren estas tareas en la región. Las migrantes, integrantes clave de nuestras sociedades, son una pieza esencial de la recuperación económica pospandemia. Por eso, desde el BID seguiremos aportando evidencia, financiación y asistencia técnica para que las sociedades de la región desarrollen soluciones innovadoras que permitan no solo mitigar los riegos de ser mujer y migrar, sino, sobre todo, potenciar sus oportunidades.

María Caridad Araujo es jefa de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Felipe Muñoz es jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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