Abortos clandestinos y fetos abandonados en basureros, efectos colaterales de la pandemia en Kenia

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Una mañana de septiembre, mientras Ashura Mciteka se encontraba en casa, su hija Ella, de 10 años, entró corriendo por la puerta. “Ven a ver”, exclamó tirando a su madre de la mano. Juntas deshicieron el camino de la niña a lo largo de un sendero pedregoso y desigual de su modesto barrio de Nairobi, la capital de Kenia, hasta el sitio en el que la pequeña había estado jugando. No tardaron en distinguirlo: una maraña de miembros sin vida en un charco de barro.

Mciteka, de 38 años, se ha formado como sanitaria voluntaria y, como tal, suelen llamarla para que haga visitas a domicilio, trate enfermedades comunes y organice el traslado de sus vecinos al hospital. La mujer supo de inmediato que lo que estaba viendo era un feto de un aborto reciente. “Yo también soy madre, así que lo sé”, explica un mes después por teléfono con voz grave.

En solo seis meses desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, Mciteka ha intervenido directamente o ha oído hablar de al menos 30 casos de fetos o recién nacidos abandonados en Dandora, un conjunto de bloques de apartamentos y asentamientos chabolistas cercano a uno de los mayores vertederos ilegales de África. Pero sin un sistema nacional de datos centralizado que lleve la cuenta del total, muchos quedan sin notificar. Cinco de ellos los descubrió algún miembro de su comunidad ‒una persona que buscaba entre la basura, un vecino y hasta su propia hija‒ en el mismo vertedero. En 2019 se enteró de 10 casos. “Aunque no esté por allí cerca, me llaman”, explica. “Yo respondo que de acuerdo, que estoy lejos pero que iré a ver qué puedo hacer”.

El coste de interrumpir un embarazo de forma segura está fuera del alcance de muchas mujeres. El 90% de los kenianos vive con menos de 4,6 euros al día

En Kenia, el problema de los recién nacidos abandonados no es nuevo. El año pasado, The Telegraph informó de que, en nueve meses, el equipo de limpieza voluntario Komb Green Solutions había hallado fetos y bebés mientras retiraba plásticos y otros residuos de un tramo del río Nairobi.

El río es tan solo uno de los sitios en los que se encuentra a los bebés. Las noticias sobre niños descubiertos en contenedores de basura o abandonados junto a la carretera llegan a los titulares con una preocupante frecuencia y el trabajo de mujeres como Mciteka solo da una pequeña idea de la escala del problema. En Kenia, el aborto es ilegal salvo si la vida o la salud de la mujer corren peligro, y según el Instituto Guttmacher, cada año casi dos terceras partes de los embarazos de chicas entre 15 y 19 años son indeseados.

Los más de 70 miembros de Komb Green Solutions también han advertido un aumento del número de abandonos desde que estalló la covid-19. Christopher Wairimu, secretario del grupo, informa de que, hasta el momento, se han encontrado con 34, 13 de ellos desde mayo. “Algunos respiraban”, añade Debra Ogollah, una voluntaria de 26 años, “pero, por desgracia, solo vivieron unos segundos”.

El equipo sigue enterrando a los recién nacidos que encuentra ‒incluidas ocho parejas de gemelos descubiertos en un año‒ en una tumba improvisada cada vez más grande situada junto al río. La policía local les dio permiso para hacerlo, aclaran.

A varias horas al norte de la capital, en el condado de Nyeri, en Kenia central, las noticias informan del mismo problema. En septiembre, John Waruru, ayudante del jefe local, rescató a una recién nacida de un arbusto junto a la orilla del río Gura. En ese caso, la pequeña, que todavía tenía colgando el cordón umbilical, sobrevivió. “Me entero de casos cada semana”, denuncia Nelly Munyasia, jefa de la Red de Salud Reproductiva Kenia (RHNK, por sus siglas en inglés), una página web con más de 500 profesionales médicos preparados para prestar servicios sanitarios. “Al principio solo pasaba en Nairobi, pero parece que se está extendiendo rápidamente”.

Al igual que muchos países del mundo, Kenia cerró las escuelas en marzo para ayudar a contener la expansión del virus. La medida dejó a unos 18 millones de estudiantes con poco que hacer durante más de seis meses, y debido a las restricciones a la movilidad, acceder a los anticonceptivos y a la información sobre salud reproductiva se hizo más difícil.

El colapso de las cadenas mundiales de abastecimiento de productos farmacéuticos sigue provocando retrasos y escasez en algunos hospitales de Kenia. Varios proveedores de servicios de la red de Munyasia informan de las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos de larga duración, como los implantes hormonales y los dispositivos intrauterinos (DIU).

En Kenia, las altas tasas de embarazo adolescente son un problema que viene de lejos, pero los profesionales de la atención sanitaria llevan desde mediados de marzo de 2020 expresando repetidamente su temor a que aumentasen durante la pandemia.

Aunque todavía no se dispone de datos nacionales exhaustivos sobre los efectos de la covid-19 ‒y las estadísticas, en el mejor de los casos, son parciales‒, las organizaciones sanitarias comunitarias de los suburbios afirman extraoficialmente que los embarazos adolescentes están aumentando. Además, en los siete primeros meses de 2020, el Ministerio de Sanidad registró un incremento del 35% de casos de violencia sexual y de género en comparación con el mismo periodo del año anterior, sobre todo entre niñas de entre 10 y 17 años.

El Ministerio no respondió a las peticiones de comentarios. En septiembre de 2020, durante una visita al suburbio de Kibera, una de sus funcionarias, Mercy Mwangangi, reconoció que “las mismas barreras que restringen la asistencia a la salud sexual y reproductiva en las circunstancias más normales, siguen existiendo durante la crisis [del coronavirus], y a menudo se ven incrementadas”.

Pueden establecerse similitudes con el brote de ébola de África occidental entre 2014 y 2016, cuando, según un estudio del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, las medidas de salud pública, parecidas a las actuales ‒cuarentena, toques de queda y cierre de las escuelas‒ aumentaron el riesgo de que las niñas y las mujeres sufriesen violencia y violaciones. En algunas zonas de Sierra Leona, la tasa de embarazo adolescente aumentó un 65% durante la crisis del ébola.

Sin embargo, el repunte de los embarazos no planificados solo cuenta la mitad de la historia, puntualiza Elizabeth Okumu, gestora de programas de la Fundación para la Salud y la Cultura Indígenas (TICAH, por sus siglas en inglés). “No podemos obviar el resultado final”, comenta por teléfono desde Nairobi, “que es un elevado número de abortos de riesgo”.

Casi el 90% de los kenianos vive con menos de 4,6 euros al día, por lo que el coste de un aborto seguro, que ronda los 175 euros, es inasequible para muchas mujeres. Los abortos sin condiciones de seguridad son más baratos, pero por lo general hay que acudir a curanderos clandestinos que recetan un brebaje de sustancias químicas peligrosas y a veces letales. Las chicas apenas reciben ayuda ni cuidados posteriores a la intervención y con frecuencia se las abandona a su suerte.

“Estamos hablando de personas que, realmente, no pueden permitírselo”, continúa Okumu. “Y ahora que llevamos siete meses [de pandemia], tiene sentido. Los tiempos concuerdan. Los médicos quieren abortos seguros, que se suelen practicar entre el primer y el tercer mes. En esa fase no hay feto. Cuando en la comunidad nos encontramos con fetos, sabemos que es obra de un curandero”.

Según el Instituto Guttmacher, cada año casi dos tercios de los embarazos de mujeres entre 15 y 19 años son indeseados

En Dandora, Mciteka cubre en silencio al bebé abortado con una tela vieja. Ha informado al jefe local, quien a su vez ha llamado a la policía para que se haga cargo de la situación. Cuando se encuentra un feto de un recién nacido, no hay procedimiento oficial. A veces el jefe local o la policía ayudan, pero a menudo corresponde a miembros de la comunidad de Mciteka preparar la tumba. La situación es totalmente diferente si el niño todavía está vivo.

Esta dura tarea le está pasando factura, reconoce Mciteka, que a principios de año fundó una organización comunitaria formada por 15 miembros para intentar ayudar a resolver el problema. Ella se siente agobiada y extenuada. “Es como si llevaras una carga”, confiesa. “Soy madre de tres hijos y tengo dos niñas. Me preocupa que podamos perder muchas niñas”.

Sus temores no son infundados. En Dandora, al menos dos adolescentes han muerto durante la pandemia debido a las complicaciones en el aborto, cuenta Mciteka. Y cuando, en octubre de 2020, el Gobierno keniano anunció que se iba a permitir que los colegios volvieran a abrir parcialmente, se preocupó.

En su país, cuando una adolescente se queda embarazada antes del matrimonio, sigue afrontando una enorme deshonra y en algunos centros se obliga a las niñas a presentar pruebas de embarazo. Mciteka pensaba que habría un aumento de abortos inseguros el fin de semana antes de la vuelta a las aulas. Sin embargo, relata que lo que ocurrió fue que la noche de un sábado de octubre, una niña de 13 años se ahorcó.

“Dejó una nota”, recuerda, “diciéndole a su madre que lo sentía mucho. El novio y el padre dijeron que no podían ayudar. ¿No tenía a nadie con quien hablar? ¿Pensó que estar embarazada era el final de su vida?”

Después de encontrar el feto, Ella, la hija de Mciteka, estuvo varias semanas sin salir de casa. Solo quería jugar dentro. Desde entonces, las cosas han mejorado. Se atreve a salir, pero no se aleja.

Mciteka es madre y le resulta doloroso ver que algo tan siniestro ocurre al lado de su casa, pero, en parte, esa es también la razón de que no pueda dejar de hacer lo que hace. “Ya lo ve, soy musulmana, y mi religión no tolera ni siquiera el aborto seguro. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Y de las niñas de la comunidad? Tenemos que hablar de ello. Yo no voy a dejar de hacerlo”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el marco de la asociación entre The Telegraph, Kenia’s Daily Nation y The Fuller Project.

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