Tribuna
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¡Oh Mandela!, dinos: ¿De quién son estas vacunas?

El martes 23 de febrero, el Consejo de la Organización Mundial del Comercio para los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) tendrá que pronunciarse sobre la pregunta que siempre está en el aire

Una farmacéutica prepara la vacuna Johnson & Johnson Covid-19 para administrar a los sanitarios en el hospital gubernamental en Klerksdorp, Sudáfrica, el pasado jueves 18 de febrero de 2021.
Una farmacéutica prepara la vacuna Johnson & Johnson Covid-19 para administrar a los sanitarios en el hospital gubernamental en Klerksdorp, Sudáfrica, el pasado jueves 18 de febrero de 2021.Shiraaz Mohamed / AP

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Hoy, martes 23 de febrero, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reúne para discutir una iniciativa clave, liderada por India y Sudáfrica: liberar temporalmente la protección de patentes a las vacunas contra la covid-19. Una decisión que fue aplazada en diciembre. Ello podría facilitar que muchos otros laboratorios pudieran producir y poner su capacidad logística al servicio coordinado de la ampliación y aceleración de la vacuna a todas las poblaciones que la necesitan.

Sorprende la docilidad con la que la población mundial ha aceptado que su salud y su vida, frente a la covid-19, está en manos, por una parte, de la capacidad logística de producción y distribución de los laboratorios dueños de la vacuna; y por otra, de la capacidad negociadora de sus gobiernos. Si estas vacunas suponen la solución más eficaz contra una pandemia que amenaza el planeta, ¿por qué no se está fabricando en más instalaciones que en las limitadas estructuras de las farmacéuticas dueñas y de aquellas otras a las que les han dado permiso?

Este asunto proviene de una pregunta que aún está sin responder desde principios de este siglo. ¿Qué es un medicamento esencial (léase también la vacuna contra la covid-19) un bien público o un bien privado y de consumo? Esa misma preguntó le tocó dirimir a un tribunal de Pretoria, Sudáfrica, en 2001, después de que 41 farmacéuticas llevaran a juicio al gobierno de aquel país. Se quejaban de una ley de 1997, bajo el gobierno de Mandela, que permitía al país importar medicamentos vitales más baratos, al evitar las restricciones impuestas por las patentes. Como en tantas otras cosas, Madiva abrió ventanas en muchas conciencias que dejaron entrar los vientos de cambio con el paso del tiempo. Él lo tenía claro: el derecho a la salud pública (en aquel momento bajo los estragos de la epidemia del sida, no podía estar sujeta a los intereses comerciales). Y gracias a la presión de la sociedad civil a nivel global, aquellas farmacéuticas retiraron la demanda. Esa fue la parte buena. La mala fue que la pregunta sobre el medicamento quedó sin responder. Por tanto, ¿a quién pertenecen estas vacunas? ¿A las compañías que la producen, o a las personas que las necesitan?

Si bien el desarrollo de las vacunas ha revelado la capacidad y rapidez de la inteligencia colectiva de la humanidad (lo que ha sido una forma de belleza), en cambio, su fabricación y distribución ha destapado los enormes egoísmos y desigualdades que padecemos. Mandela ya no está para aportar su sensatez y humanidad en esta emergencia actual de la covid-19, pero dejó su impronta de liderazgo en Sudáfrica, país que, junto a India, ha vuelto a impulsar la iniciativa, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para la exención de las legislaciones de patentes de las vacunas. A ella se han sumado numerosos países, mayoritariamente del mundo en desarrollo, y organizaciones como Médicos Sin Fronteras que recogen firmas para pedir a los gobiernos que apoyen la propuesta en la OMC. Este martes, 23 de febrero, el Consejo de la OMC para los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) tendrá que pronunciarse sobre la pregunta que siempre está en el aire.

Pasé varios años de la primera década de este siglo, trabajando en la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME). Y pude comprobar, desde América Latina, el interés de algunos países ricos en imponer legislaciones de patentes farmacéuticas, particularmente a todos aquellos con los que querían firmar acuerdos de libre comercio. Dichas legislaciones imponían riesgos innecesarios a la salud de millones de personas. Fue muy difícil para muchos países en desarrollo resistirse a las presiones de los más ricos y de las multinacionales farmacéuticas. En una mesa de negociación, donde unos hablan de la salud como un derecho, y otros la tratan como un negocio, es difícil entenderse.

Pero nuevamente, el espíritu Mandela volvió a sobrevolar algunos eventos internacionales, como la reunión de la OMC en Doha, en 2001, donde sus países miembros, incluido Estados Unidos, adoptaron una declaración que parecía responder a aquella pregunta abierta en el tribunal de Pretoria. “La Salud está por encima de los intereses comerciales”, decía en resumen la Declaración. De nuevo, aquel viento de cambio parecía traer la esperanza a millones de personas cuyos países no podían garantizar el derecho a la salud y la vida, por carecer de recursos.

Desde entonces, algunos países se atrevieron a usar las licencias obligatorias, un mecanismo contemplado en los acuerdos ADPIC mediante el que un país, tras un acuerdo económico justo con la empresa propietaria de la patente de un fármaco vital, puede obtenerlo en versiones más baratas por estar libres de patentes. Gracias al mercado de los genéricos, hemos aprendido que en muchos casos los precios de los medicamentos están injustificadamente inflados. Y también hemos aprendido el argumento esgrimido por la industria sobre las patentes y repetido como un mantra indiscutible: que los beneficios de patentes son indispensables para fomentar la investigación y desarrollo médicas, y que las farmacéuticas se gastan miles de millones de dólares hasta dar con un fármaco válido. Y sí, el coste de la investigación es muy alto, pero lo que no siempre dice la industria es que buena parte de ese coste se paga desde instancias públicas en sus primeras fases.

Es el turno de la política, de los países y el de la OMC que, tras unos años de crisis de liderazgo, puede volver a hacerle un favor a la humanidad

Las farmacéuticas y su actitud de defensa de las patentes a hierro y fuego, sin excepciones como las de la covid-19, son parte del problema. Pero ellas también son parte de la solución, siguiendo la manida, aunque certera, frase. Ante el riesgo de un verdadero “apartheid vacunal”, como explicaron recientemente y con gran detalle de datos, Madlen Davis y Rosa Furneaux, de la Oficina de Periodismo Investigativo, la posición de las farmacéuticas y los países que no quieren hacer una excepción en las patentes de las vacunas covid-19, no deja de sorprender. Según el artículo publicado en este diario, todas las farmacéuticas propietarias de vacunas han lanzado iniciativas o promesas de hacer llegar sus productos a los países menos desarrollados. Pero la verdad es que no pueden satisfacer, en tiempo y forma, la demanda de los países más ricos. Hay otras iniciativas, como COVAX, en las que participa la OMS para tratar de paliar ese potencial apartheid y acelerar la vacunación en los países en desarrollo. Pero, actualmente, el grueso de la aceleración de la producción y distribución depende de la voluntad y capacidad de las farmacéuticas propietarias.

No conozco ninguna multinacional farmacéutica que haya quebrado o haya sufrido significativamente por la libre competencia de medicamentos a más bajo coste o por la exención de sus patentes

¿Por qué el mundo no tiene el derecho de poner su salud por encima de los intereses comerciales de las farmacéuticas, si ese esfuerzo se les exige ya a millones de personas que han tenido que suspender sus negocios o ser despedidos de sus empleos para salvaguardar su salud y las de sus congéneres?

No conozco ninguna multinacional farmacéutica que haya quebrado o haya sufrido significativamente por la libre competencia de medicamentos a más bajo coste o por la exención de sus patentes.

Es interesante la respuesta que Pfizer dio a la Oficina de Investigación Periodística frente a quienes desean hacer una excepción en las leyes de propiedad intelectual con las vacunas contra la covid-19. Según la compañía: “Mucho después de que haya pasado la pandemia, la propiedad intelectual seguirá desempeñando un papel fundamental para garantizar que el mundo está preparado para dar soluciones innovadoras a futuras crisis sanitarias a escala planetaria, además de a otras necesidades médicas urgentes”.

Y, en parte, seguramente es cierto. No todo depende de que se liberen las patentes y se comparta la tecnología para producir los fármacos. Hay muchos más factores a considerar. Pero eso será después de esta pandemia. Ahora es el momento de una emergencia sanitaria global que no da tiempo a disquisiciones legales.

Por tanto, ahora es el turno de la política, de los países, y el de la OMC que, tras unos años de crisis de liderazgo, puede volver a hacerle un favor a la humanidad apoyando la iniciativa impulsada por India y Sudáfrica. Muchos otros países, como los de la Unión Europea se retratarán allí. Ojalá que antes de tomar la decisión aireen el espacio y abran sus ventanas para que entre el viento de Mandela. Y por fin, nos regalen una sonrisa como la suya. Sería un hermoso gesto político, y esos gestos, en tiempos tan oscuros como estos, son también una forma de belleza.

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