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El hambre como arma de guerra

La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur denuncia que tanto el Gobierno como fuerzas de la oposición han utilizado deliberadamente la inanición de civiles como método de presión en pleno conflicto

Unos niños se bañan en una zona inundada cercana al lugar de aterrizaje de un avión del Programa Mundial de Alimentos cargado de ayuda humanitaria en Pibor, Sudán del Sur, el 6 de octubre de 2020.
Unos niños se bañan en una zona inundada cercana al lugar de aterrizaje de un avión del Programa Mundial de Alimentos cargado de ayuda humanitaria en Pibor, Sudán del Sur, el 6 de octubre de 2020.ANDREEA CAMPEANU (Reuters)
Lucía Franco

Akoon trabaja en la ciudad de Aweil, en Sudán del Sur, con niños que sufren de desnutrición aguda. En la ciudad todos lo conocen como el “médico de la desnutrición”. Akoon estudió en la Escuela de Aviación de Nairobi (Kenia) y su objetivo es obtener un título universitario: está ahorrando para una licenciatura en Nutrición Humana y Dietética con una universidad en Kenia porque quiere ayudar a la gente de su país.

Todas las mañanas llega al centro de alimentación terapéutica de Gabat, en el estado de Aweil, donde se desempeña como trabajador comunitario de nutrición para Acción Contra el Hambre (ACH), uno de los socios implementadores de Unicef. “Algunos cuidadores intentan registrar a sus hijos varias veces con nombres diferentes para obtener más alimentos terapéuticos desesperados por la situación que viven”, explica Akoon a Unicef.

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El hambre está siendo utilizada como arma de guerra en Sudán del Sur, así lo ha revelado el informe de la Comisión sobre los Derechos Humanos el país el pasado octubre. La investigación denuncia que tanto el Gobierno como las fuerzas de la oposición han utilizado deliberadamente la inanición de civiles como método de guerra.

El texto cuenta cómo, entre enero de 2017 y noviembre de 2018, las fuerzas gubernamentales privaron intencionadamente de recursos críticos a las comunidades fertit y luo, que vivían bajo el control de la oposición en el estado de Bahr el Ghazal Occidental. Estos actos constituyeron un castigo colectivo para la población y la inanición como método de guerra.

El comisionado Andrew Clapham especificó que los continuos ataques contra ciudades y aldeas de ese estado provocaron muertes, violaciones, destrucción, incendios intencionales y saqueos de propiedades. “La inseguridad alimentaria resultante agravó la inseguridad física, dejando a los civiles sin otra alternativa más que huir”, afirma en su investigación.

Estas violaciones formaron parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil en el oeste de Bahr el Ghazal y “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, denuncia Clapham, que recuerda de su trabajo de campo especialmente una pequeña aldea, Tagoti Vimoi muy rica en agricultura, con cultivos de tomates, patatas, cereales, sorgo y maní que utilizan para vender y comer el grupo étnico Fertit. “Los soldados del SPLA vestidos con uniformes verdes con la bandera de Sudán del Sur entraron en Tagoti Vimoi y se acercaron a una mujer para preguntarle dónde estaba su marido. Después de decirle que sabían que todas estaban casadas con rebeldes, comenzaron a golpearla con sus rifles hasta que empezó a sangrar. Le quitaron la ropa a su bebé y, cuando vieron que era una niña se la devolvieron y le gritaron que la habrían matado si hubiera sido un niño”, describe Clapham durante una videollamada por Zoom.

Más de siete años de guerra en Sudán del Sur han convertido la vida de 4,4 millones de niños en una auténtica tragedia

Más de siete años de guerra en Sudán del Sur han convertido la vida de 4,4 millones de niños en una auténtica tragedia. Miles de niños han muerto o han resultado heridos desde que estalló el conflicto a finales de 2013. Se estima que unos 1,3 millones de menores de edad tendrán desnutrición aguda en 2021, según relata el informe.

El impacto de estos años de inseguridad y revueltas no termina ahí. “Unos 4,1 millones de personas han tenido que huir de sus hogares a causa de la violencia. De ellas, 1,8 millones lo han hecho al interior del país, mientras que 2,3 millones se encuentran refugiadas en los países vecinos”, denuncia la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur.

“Miles de niños han sido reclutados en las filas de fuerzas y grupos armados, y las violaciones y agresiones sexuales contra menores se multiplican por cientos”, afirma Lorena Cobas, responsable de emergencias en Unicef. Ocho de cada 10 habitantes de Sudán del Sur (el décimo por la cola en el Índice de Desarrollo Humano) viven en áreas rurales, y la mayoría subsisten gracias a lo que cultivan, o a sus animales. La red de alerta contra la hambruna FEWS estima que los hogares que hayan conseguido cosechar algo este año en medio del conflicto, las inundaciones y la covid-19 habrán agotado sus existencias antes de lo normal.

En el Estado más joven del mundo los problemas se acumulan y las inundaciones de agosto y la pandemia del coronavirus solo han empeorado las cosas. “Si el conflicto se intensifica y se limita aún más el acceso humanitario, puede darse otra catástrofe si los acuerdos de paz no se aterrizan”, avisa Helena Sainz, responsable de emergencias en Médicos del Mundo.

Sudán del Sur logró su independencia en 2011 mediante un referéndum aprobado tras un largo conflicto con el Ejército sudanés. Sin embargo, solo dos años más tarde se sumergió en una guerra civil después de que el presidente Kiir acusó a su vicepresidente Riek Machar de organizar un golpe de Estado. Además de los fallecidos, cientos de miles de personas han sufrido las consecuencias de una gravísima crisis humanitaria. “Las personas refugiadas y desplazadas quieren formar parte de los procesos de reconstrucción y de paz. Se aferran a este nuevo proceso con la esperanza de un Sudán del Sur pacífico”, afirma una portavoz de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en España.

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Sobre la firma

Lucía Franco
Es periodista de la edición de El PAÍS en Colombia. Anteriormente colaboró en EL PAÍS Madrid y El Confidencial en España. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Bogotá y máster de periodismo UAM-EL PAÍS. Ha recibido el Premio APM al Periodista Joven del Año 2021.

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