La Fiscalía chilena abre una investigación contra el presidente Sebastián Piñera por los ‘Papeles de Pandora’

Sebastián Piñera deberá enfrentar a los tribunales de su país. La Fiscalía de Chile ha anunciado este viernes la apertura de una investigación luego de que los Papeles de Pandora aportasen pruebas de posibles irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero, a través de una empresa pantalla. La legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente, que puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbot, ya había instruido a la Unidad Anticorrupción estudiar los documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), que en su capítulo chileno estuvo a cargo de los medios LaBot y Ciper. La filtración confirmó que en 2010 Piñera vendió al empresario y amigo Carlos Délano su participación en el proyecto minero Dominga por 152 millones de dólares. El pago de la tercera cuota de la transacción quedó supeditado a que el Gobierno, en manos de Piñera, no declarase reserva natural la zona de Dominga. Como la declaración de protección ambiental no llegó, la cuota se pagó a finales de 2011, tal cual estaba establecido entre las partes.

El contrato de compraventa de Dominga y el detalle de la tercera cuota llegó a los tribunales en 2017, tras una denuncia presentada por el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez. Piñera se encontraba entonces a semanas del inicio de su segundo mandato y fue más tarde absuelto, en un fallo que ratificó la Corte Suprema. La decisión de este viernes de la Fiscalía se basa en que, si bien ya se investigó la denuncia, no se tuvo acceso al documento original escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, sino a una copia traducida al castellano del preacuerdo comercial. “Podríamos decir que efectivamente ese es un antecedente nuevo”, dijo la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

Conocida la decisión de la Fiscalía, la Presidencia emitió un comunicado en el que consideró “difícil de comprender” la apertura de una investigación contra Piñera”. Solo dos horas después del comunicado, el presidente Piñera convocó a una rueda de prensa en La Moneda, tal como hiciese el lunes pasado para responder a la publicación de los Papeles de Pandora. “No compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”, dijo Piñera. Los antecedentes de la venta de Dominga, dijo, “incluyendo su precio, forma de pago y condiciones fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones”. Y recordó que todos ellos determinaron la inocencia del presidente “en forma consistente y unánime”.

Piñera cerrará su segundo mandato de cuatro años con la Fiscalía investigándolo por presunto delitos tributarios, además de cohecho y soborno. Enfrenta además la amenaza de un sector del Parlamento que prometió iniciarle la semana que viene un proceso de juicio político que podría terminar en una destitución, algo que no tiene antecedentes en Chile desde el regreso a la democracia en 1990. Los legisladores de la oposición pretenden avanzar con el juicio antes de las elecciones generales del 21 de noviembre, pero tienen tiempo para inhabilitar a Piñera para cualquier función pública hasta seis meses después de que este deje su mandato en marzo.

El escenario político chileno está agitado por una confluencia de factores. A la línea difusa que divide los negocios del presidente de la política, el país sumará, en siete semanas, elecciones presidenciales y parlamentarias con candidatos que no arrastran grandes mayorías. De acuerdo a distintos sondeos de opinión, el favorito sigue siendo Gabriel Boric, el diputado del izquierdista Frente Amplio. Lo sigue José Antonio Kast, un ultraderechista que ha superado al candidato del Gobierno, Sebastián Sichel. La elección corre paralela al proceso de la Asamblea Constituyente, la solución que La Moneda encontró para neutralizar las demandas de cambio que se manifestaron con violencia durante las revueltas de octubre de 2019, de las que ahora se cumplen dos años.

El presidente Piñera ha negado cualquier delito vinculado al proyecto Dominga. Ya el lunes, apeló al argumento de la “cosa juzgada, negó cualquier conflicto de intereses entre sus negocios privados y su vida pública y lamentó que por su cargo haya tenido, según dijo, “más perjuicios en lo personal, y no beneficios”. “Me parece absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales”, dijo, en referencia a la causa judicial de 2017. La Fiscalía no estuvo de acuerdo con este argumento y este viernes ha abierto una nueva investigación contra el presidente.

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